El estudio “Cuatro años perdidos en materia de seguridad”, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) revela la ausencia de resultados en la reducción de delitos y violencia, en el abatimiento de la corrupción e impunidad, en un mejoramiento de la seguridad de los mexicanos y que el trabajo en este rubro parece estar sostenido por alfileres.

El documento presenta un análisis sobre lo que se ha llevado a cabo en materia de seguridad durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que, aun cuando las autoridades insisten en que “vamos muy bien”, los datos de incidencia delictiva, la evaluación del desempeño institucional y de la política de seguridad, demuestran que el rumbo del país no es aquel al que se comprometió el presidente.

Francisco Rivas, director general del ONC, detalló que el gobierno federal llegó al último tercio de la administración con un saldo caracterizado por desgaste institucional centralización de las decisiones, más operación que planeación, mayor fragilidad presupuestal, menos contrapesos políticos, retórica abundante, decisiones al margen de la ley, rendición de cuentas incompleta y parcial y una relación bilateral con EE. UU. sin novedades.

2022, el peor año para las familias mexicanas

El 2022, se caracterizó por alcanzar indicadores históricos en las tasas anuales de extorsiones, narcomenudeo, trata de personas, violaciones, violencia familiar, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal y contra la libertad personal. Además, en este mismo año, se alcanzó el cuarto lugar en la tasa anual de feminicidios y el quinto lugar en homicidios dolosos. Revertir este saldo se percibe improbable para 2023 y 2024 ya que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) camina en piloto automático, concluye el informe. Rivas afirmó que “no es momento para la autocomplacencia”.

El estudio muestra cómo en 2022 las tasas anuales de incidencia de extorsión, violación, violencia familiar y narcomenudeo alcanzaron máximos históricos y las entidades donde hubo más víctimas de cada uno de estos fenómenos delictivos. Por ejemplo, Zacatecas, Estado de México y Baja California Sur fueron las tres entidades con mayor número de víctimas de extorsión, mientras que Guanajuato, Coahuila y Baja California alcanzaron el récord en narcomenudeo.

Triunfo de Morena tuvo impacto negativo en seguridad

La información analizada por el ONC de los cuatro años de la actual administración recalca que diversos acontecimientos sociales y geopolíticos de los últimos años marcaron el periodo de 2018 a 2022 con efectos profundos en la seguridad. Por ejemplo; la pandemia por COVID-19, la relación bilateral México-Estados Unidos, el triunfo electoral de Morena en 20 gubernaturas, la permanencia de organizaciones delictivas y cambios en el marco jurídico.

El director del ONC explicó que la “estrategia de seguridad” de AMLO ha avanzado sin tener contrapesos políticos reales, esto porque la marea guinda ha impulsado la legitimidad legislativa y federativa necesaria para su implementación, sin importar lo pobre de sus resultados. Los escasos intentos de contrapeso tales como la Alianza Federalista se han desdibujado sin dar muestras sólidas de incidencia en materia de seguridad.

Sin efectos “cambio de estrategia” de AMLO

La evidencia recopilada por el ONC enfatiza que a pesar del “cambio de estrategia” del gobierno federal, las organizaciones delictivas no solo han permanecido, sino que su operación ha evolucionado en detrimento del bienestar de la población. Actividades como el tráfico de fentanilo, la trata de personas, las extorsiones, entre otras minan la seguridad y limitan el ejercicio de los derechos fundamentales.

Si bien, en el tema de seguridad se han realizado reformas del marco jurídico, los efectos han sido mínimos o nulos en algunos rubros. Por ejemplo, el incremento de penas para diversos delitos, cambiar la estructura del Poder Judicial, creación de la Ley de la Fiscalía General de la República.

Continúa impunidad

A pesar de que el gobierno federal prometió acabar con la impunidad, no ha generado herramientas jurídicas adecuadas para cumplirlo, indica el reporte. La “receta mexicana para la pacificación del país” ha sido superada por la realidad, prueba de ello es que la reducción de la violencia en 180 días que auguraba el ex secretario de seguridad, Alfonso Durazo, simplemente no sucedió.

Respecto a la atención que se brinda a las víctimas de diversos delitos, el Ejecutivo federal se ha caracterizado por desdeñar sus expectativas. Aunque los Foros Escucha y el Pacto de Reconciliación Nacional fueron iniciativas de coparticipación entre sociedad civil y gobierno para el rediseño de la estrategia de seguridad, el gobierno no ha sido capaz de encabezar un proceso de pacificación ni de honrar los compromisos respecto a la implementación de un modelo de justicia transicional centrado en las víctimas.

No hay estrategia de seguridad

Francisco Rivas explicó que los instrumentos de planeación revelan una carencia de estrategia de seguridad. La austeridad y el cambio de paradigma de seguridad pregonado por el gobierno federal, no se ven materializados en el gasto público en seguridad. El presupuesto ejercido sigue concentrándose en “Combate al crimen” y en menor medida a prevenir el delito y a procurar e impartir justicia.

Por otro lado, se identifica que la Guardia Nacional se ha desgastado debido a las funciones asumidas y el uso político al que está siendo sometida. Su uso y presencia por cualquier asunto no disuade ni previene la comisión de delitos o faltas administrativas. Con criterios que no corresponden con las cifras de incidencia delictiva ni la presencia del crimen organizado se ha llevado a cabo un amplio despliegue en el país. 77 mil 516 elementos de la Guardia se encuentran adscritos a Coordinaciones Estatales y son empleados para tareas tan diversas como combatir el robo de combustible, frenar flujos migratorios y vigilar el metro de la Ciudad de México.

Crimen organizado intervendría en comicios de Edomex y Coahuila

Además de este corte de caja, el informe del ONC alerta sobre riesgos de seguridad derivados tanto de la incidencia delictiva como de las acciones de gobierno. El ONC advierte sobre la posible injerencia de grupos delictivos en las elecciones de Coahuila y el Estado de México durante el primer semestre de 2023. Rivas declaró que “es necesario blindar las elecciones para evitar que se repita lo sucedido en elecciones anteriores”.

El informe también enfatiza que el principal riesgo de las acciones de gobierno es seguir asignando nuevas funciones a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. En toda democracia, “el incremento del poder militar sobre el civil debería encender las alarmas”, afirmó el Director General. El ONC reiteró que estamos ante un ejercicio de la gobernabilidad con tintes antidemocráticos.