Ciudad de México. - El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ratificó su postura de que para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) sea de acuerdo a una decisión eminentemente técnica, y no política como lo pretende realizar el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; por lo que  no debe ser sometida a consulta ciudadana.

La participación ciudadana es fundamental para un desarrollo democrático robusto, sin embargo, las decisiones que conciernen al desarrollo económico y de infraestructura, con un alto grado de complejidad, deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas, quienes tienen la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas, para concluir con la mejor opción. México es una democracia representativa (artículos 39 al 41 de la Constitución), por ende la responsabilidad jurídica y política de las decisiones gubernamentales es del gobierno.

El ejercicio propuesto por el equipo de transición para consultar a los ciudadanos acerca de la ubicación y construcción del Aeropuerto Internacional de México, además de ser inadecuado como mecanismo para la toma de decisiones, no es jurídicamente válido ni tiene sustento legal. No se circunscribe a las condiciones establecidas en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Federal de consulta Popular. En los términos en que está planteada, la consulta no tiene ninguna validez ni consecuencia jurídica y por ende no puede ser considerada legalmente vinculante. 

Tal y como está planteada la consulta, además, no ofrece garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad. Adicionalmente, tiene un marcado sesgo en su formulación y planteamiento de desarrollo hacia una de las opciones puestas a consideración, lo que la deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía, informó en un comunicado.

A muy pocos días de la consulta, los criterios técnicos de su diseño no se han detallado ni sometido a revisión de especialistas. No se ha explicado a profundidad, por ejemplo, el criterio para la selección de los municipios, ni la ubicación de las mesas en cada uno de ellos, y cómo esto generaría una muestra balanceada.

Tampoco se han explicado, en caso de existir, qué medidas de seguridad se tomarán para evitar el acarreo, compra de votos, duplicidad en los votantes, así como asegurar la transparencia e imparcialidad en el cómputo de los votos. Adicionalmente, no se ha establecido un umbral mínimo de votos para que la consulta resulte válida.

Se desconoce si existirá o no, simultáneamente, una encuesta, cómo y quién la llevaría a cabo, y qué ponderación se daría a sus resultados, en comparación con los resultados de la consulta física.

Finalmente, los actores a cargo de la consulta, y los mismos materiales informativos desarrollados por ellos, han demostrado un sesgo favorable hacia una de las opciones. La información presentada sobre el proyecto de Texcoco es -cuando menos- parcial e incompleta, no toma en cuenta los pronunciamientos y argumentos de organismos importantes como los Colegios de Ingenieros, la Asociación de Pilotos, MITRE y otras instituciones igualmente prestigiadas.

 Adicionalmente, se ha señalado que varios de los miembros del Comité Técnico a cargo de la consulta han expresado públicamente su opinión a favor de la opción de Santa Lucía, dañando gravemente las posibilidades de equidad en el ejercicio.

Todo lo anterior se contradice con la promesa de neutralidad hecha por el equipo de transición que ha llevado adelante el tema y con los principios básicos de cualquier ejercicio democrático de consulta, tal y como se llevan a cabo en el resto del mundo.