Organizaciones civiles sostienen que ningún beneficio económico justifica esta práctica
Nacional
En los últimos 8 años han matado a 84 ambientalistas en México
A los asesinatos se suman amenazas, desplazamiento forzado, criminalización, vigilancia y hostigamiento judicial.
Foto Internet
Desde 2016 a la fecha, 84 activistas medioambientales han sido asesinados por su labor de proteger los territorios y ecosistemas de México. De estos, 77 eran hombres y siete eran mujeres; además, 44 personas pertenecían a pueblos indígenas.
Los defensores del medio ambiente denunciaron que también son víctimas de criminalización, hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas, desplazamiento forzado y desapariciones. Entre los denunciantes se entran los colectivos Espacio Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y las Brigadas Internacionales de Paz/Proyecto México.
En el marco del Día de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, los colectivos señalaron que el Estado mexicano tiene una "deuda" con quienes arriesgan su vida por proteger los territorios y bienes naturales y comunes del país.
El gobierno “ha aprobado marcos normativos que deben ser implementados con urgencia. Entre ellos, destacan la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que crea el Mecanismo Federal de Protección creado en 2012. A nivel internacional, México ya firmó el Acuerdo de Escazú y lo ratificó el 5 de noviembre de 2020”, denunciaron los colectivos.
Detallaron que México también se sumó al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, tratado que establece la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
Dicho acuerdo también compromete a los gobiernos de los países firmantes a garantizar el acceso efectivo a la información pública ambiental, la participación ciudadana en los procesos relacionados con el ambiente y el acceso a una justicia ambiental pronta y adecuada.
Aunado a ello, los colectivos advirtieron que la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) genera un vacío institucional que pone en riesgo el derecho de acceso a información pública ambiental. Se “exige justicia frente a la violencia, el despojo y la impunidad que enfrentan quienes resisten el avance de megaproyectos (…) La tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies, la apropiación de tierras y el despojo violento de comunidades se han intensificado, afectando gravemente tanto al medio ambiente como a las personas que lo defienden”.
Señalaron también al crimen organizado como un problema grave de medio ambiente. “El narcotráfico y las economías criminales están hoy estrechamente vinculadas a la degradación ambiental, generando escenarios de altísimo riesgo", remarcaron.
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