Está sucediendo justo lo que advirtió el FMI en 2020: las obras y los programas sociales de López Obrador están gravitando sobre el presupuesto nacional, obligando a recortar programas que afectan a las clases populares.

La causa principal del fracaso del gobierno de AMLO es la falta de un programa económico sólido y viable, ya que su “proyecto” regala dinero mediante programas sociales, que no se fiscalizan ni se miden.

A un año de haber implementado el programa “Gas bienestar”, el precio del Gas LP no ha disminuido y, al contrario, cuesta más; al mismo tiempo, la extracción de huachicol es cada vez mayor, de acuerdo con organismos federales.

Lo que parece ser un “superpeso” es, en realidad, el augurio de una crisis económica en nuestro país derivada de las malas políticas de este gobierno.

“Para ustedes lo único importante es escuchar a su patrón que despacha desde Palacio Nacional y que ahorita está jugando beisbol”, acusó la panista Alejandra Reynoso.

El campo en México, la producción de alimentos y nuestra soberanía alimentaria están a punto de colapsar, Urge que el Gobierno Federal admita el fracaso del esquema de comercialización de Segalmex.

La inflación actual es una manifestación clara del agotamiento irreversible de la globalización neoliberal. La única solución posible es la lucha mundial de los obreros por mayores salarios y mejores niveles de vida.

Usan al IEE de Puebla como un instrumento y a la entidad como el laboratorio para crear un sistema y aplicarlo después en todo el país.

Para algunos especialistas, la propuesta presidencial, hoy en manos de los legisladores, es una trampa en la que, de aprobarse, caerá el mismo gobierno de la “Cuarta Transformación”.

Él (AMLO) y su gobierno no son la causa única de las desgracias de los mexicanos, sino también sus efectos: el opio que, ante una cruda realidad, se hace necesario.

Hoy tenemos un país más enfermo, sumido en el abandono gubernamental, un escamoteo que se pretende ocultar con el reparto de tarjetas que ni de lejos resarcen la pérdida sufrida en la salud de los mexicanos ni en sus mayores gastos en ese rubro.

Alcaldes anunciaron que denunciarán ante el IECM a Martí Batres por intervenir en el actual proceso electoral.

Un “buen fin” sería que las empresas pagaran mejores salarios a los trabajadores y que las jornadas de trabajo fueran de 40 horas.

Han pasado 12 meses y nada se sabe de los responsables, no se ha reparado el tramo colapsado y las víctimas han sido abandonadas a su suerte, sin atención médica y psicológica ni indemnizaciones.

El diputado federal Rubén Moreira aseguró que la desaparición de los órganos autónomos de nada sirve si se utilizan los recursos en pago de pensiones y jubilaciones más justas porque es muy poco dinero.