El Gobierno Federal se ha afanado en concentrar recursos fiscales y destinarlos a obras inútiles y, por supuesto, a sus programas electoreros. Los primeros fondos públicos a los que recurrió fueron los de estabilización, cuyo monto era de más de 300 mil millones de pesos (mdp); luego dispuso de los fideicomisos destinados a la ciencia y los del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), con el que se brindaba apoyo a las víctimas de sismos, huracanes, inundaciones, etcétera. Decenas de miles de damnificados de por los fenómenos naturales resienten cada año la ausencia de este fondo. Después, la administración morenista recortó el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y ahora pretende usar los fideicomisos del Poder Judicial con un doble propósito: debilitarlo políticamente y usar ese dinero en el financiamiento de los programas electoreros.

El hecho de que el Gobierno Federal proponga un aumento en el monto de su deuda para 2024 –es decir, para pedir más préstamos– se debe a que con dichos recursos quiere cubrir su déficit público y, sobre todo, financiar sus proyectos de gasto excesivo en los programas sociales, en particular el de las pensiones para adultos mayores, que se elevará de cuatro mil 800 a seis mil pesos bimensuales, con el propósito de movilizar a la gente y que los candidatos de Morena ganen las elecciones federales y locales del año próximo. Esta misma intención se nota en la abusiva propuesta del Presidente por absorber los fideicomisos del Poder Judicial.

En el diario Milenio se difundió este hecho publicado el pasado seis de septiembre: “El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma para extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial por un monto de 20 mil 516 millones de pesos y reintegrar dichos recursos a la Tesorería de la Federación. El proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación suscrito por el coordinador de la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro, Ignacio Mier, prohíbe la creación de nuevos fideicomisos, salvo los que expresamente prevea la ley^[1]”.

Cinco semanas más tarde, en el mismo periódico, otra nota reporta: “Los jueces y magistrados federales que forman parte de diversas asociaciones manifestaron su rechazo a la iniciativa mediante la cual se pretende extinguir diversos fideicomisos institucionales que, en su mayoría, financian recursos necesarios para la infraestructura y la administración de la Justicia Federal, así como diversas prestaciones que reciben miles de empleados que conforman la fuerza de trabajo de dicha institución^[2]… Estos mismos servidores públicos advierten que “de ser aprobada dicha reforma, se consumaría un grave ataque a la independencia judicial, que redundará en un perjuicio directo a la ciudadanía”.

También “explicaron que el derecho a una administración de justicia pronta y especializada se verá inevitablemente afectado, incumpliendo así con la responsabilidad asumida por el Estado mexicano ante la comunidad internacional. Asimismo, se atentaría contra los derechos laborales de los trabajadores de la Judicatura Federal, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de familias, al afectar prestaciones que constituyen derechos adquiridos con base en las condiciones generales de trabajo”.

El documento fue firmado por la magistrada Rosa Elena González Tirado, presidenta del Capítulo México de la IAWJ; la magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C; la magistrada Gloria Avecia Solano, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.; la maestra Rosa Elena Alonzo Méndez, directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, y por Froylán Muñoz Alvarado, director de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales (Jufed)”.

Este gobierno opera como el Moloch que el escritor británico John Milton describe en El paraíso perdido: un demonio que, conforme es alimentado con niños, más hambre tiene; y cada vez requiere el sacrificio de más infantes; aunque en su caso, la voracidad está dirigida a la consecución de recursos económicos necesarios para financiar las inútiles megaobras y los planes electorales de Morena. Si los gobiernos del pasado hubieran intentado hacer esto mismo, los morenistas se hubieran lanzado con furia contra ellos y hoy no estarían usando argumentos infantiloides para “justificar” el caos en que han hundido los sistemas nacionales de salud, seguridad, educación y vialidad, por su manifiesta incapacidad intelectual, política y administrativa.

Estamos totalmente de acuerdo con los jueces federales cuando advierten que el Poder Judicial puede ser perfectible; pero estamos en desacuerdo con Morena que, para solucionar sus problemas, pretende recortarle recursos para ahorcarlo financieramente; ya que, con ello, trabajadores de todos los niveles quedarían en la indefensión. Este atropello, dictado arbitrariamente desde Palacio Nacional y apoyado ciegamente por los diputados morenistas, podría perpetrarse en los próximos días debido a que, para su aprobación, únicamente se requiere mayoría simple.

Adelantamos a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que estamos en contra de esta arbitrariedad impuesta por Morena porque nos parece que, efectivamente, es un golpe bajo y sucio que no contribuirá al fortalecimiento de la democracia, sino que favorecería, como hemos denunciado con reiteración, el proyecto de dictadura que pretende instalar en nuestro país. Al Presidente de la República no le ha gustado que el Poder Judicial, en uso legítimo de sus facultades constitucionales, haya frenado varias de sus iniciativas de cambio que hubieran violado la Constitución; por ello, desde sus conferencias de prensa “mañaneras”, se dedica a criticar, insultar y dictar lo que deben hacer los jueces y magistrados.

La independencia del Poder Judicial es fundamental para el equilibrio de Poderes; y para ello es necesario que tenga autosuficiencia presupuestal y que se garanticen los bienes patrimoniales de los integrantes de su personal especializado para evitar que sus decisiones sean compradas. Los aspirantes a jueces y magistrados federales deben pasar por una serie de rigurosos “filtros” con los que se evalúan su preparación académica, sus méritos profesionales y su probidad personal. No llegan a ser jueces por ser amigos del Presidente o compadres de tal o cual Ministro. Para ser juez hay que realizar una carrera difícil, con la que se garantiza que sus decisiones se basen en el respeto a la Constitución y no en la compra de voluntades.

Defendamos al Poder Judicial, porque al hacerlo nos defenderemos de una dictadura, de un gobierno autoritario. Mi voto será en contra de la pretensión del insaciable Moloch morenista de quitarle recursos a la Suprema Corte de Justicia de La nación (SCJN).