La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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Este martes 10 de septiembre se cumplieron cinco días consecutivos del cierre de las principales sedes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) como parte de las protestas contra la Reforma al Poder Judicial.
En cada uno de los edificios cerrados se exhiben mantas en rechazo a las modificaciones constitucionales de la Reforma Judicial; asimismo, los manifestantes realizan semáforos informativos, especialmente sobre la avenida Niños Héroes, en la colonia Doctores.
También permanecen cerrados los principales edificios de juzgados y salas civiles, penales y de materia familiar, como los de Ciudad Judicial, Plaza Juárez, Patriotismo, así como los Reclusorios Sur, Norte, Oriente y Santa Martha Acatitla.
El acceso a los trabajadores sigue disponible en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO), donde las actividades no fueron suspendidas; al igual que en otros órganos de términos constitucionales, como órdenes de aprehensión, cateos, medidas de restricción y supervisión de medidas cautelares.
SCJN también se mantiene cerrada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país, también mantiene sus puertas cerradas desde el pasado miércoles. Los trabajadores se han unido en apoyo al Poder Judicial.
La avenida Pino Suárez, donde se ubican las instalaciones de la Corte, está cerrada y custodiada por uniformados. En los alrededores, se encuentran diversas casas de campaña de colectivos que apoyan la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
Empleados del Poder Judicial capitalino mantienen paro y cierres en varios juzgados; exigen libertad sindical y repetir la elección para la dirigencia del sindicato.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
El líder del STC Metro, Fernando Espino Arévalo, advirtió que, si no hay respuesta del gobierno, se podrían implementar paros escalonados; trabajadores marcharon al Zócalo para exigir recursos y seguridad laboral.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera