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En la segunda semana del mes de junio, agricultores de 22 estados de la República se manifestaron frente a Palacio Nacional. A decir de los medios de comunicación, su principal petición es que aumenten los precios de garantía que, actualmente, son de seis mil 805 por cada tonelada de maíz; seis mil 938 por tonelada de trigo y cinco mil 900 por tonelada de sorgo, que son los principales productos de la demanda de los agricultores; éstos piden que se aumenten los precios a siete mil, ocho mil y seis mil 500 pesos, respectivamente. Así también, demandan que todas las toneladas producidas se integren al programa.
Por ejemplo, en el caso del maíz en Sinaloa, se prevé que la producción sea de seis millones, pero únicamente un millón se comprará a precio de garantía; en Sonora, producirán alrededor de un millón y medio de toneladas de trigo cristalino, pero solo 300 mil se comprarán a precio de garantía. De acuerdo con los manifestantes, alrededor de 27 mil productores se encuentran en la misma situación y, de no resolverse sus demandas, corren el riesgo de caer en quiebra por la caída de los precios internacionales de los granos básicos por debajo de los costos de producción. Luis Cruz Carrillo, presidente del Consejo de Administración del Distrito de Riego del Rio Yaqui, en Sonora, señaló que, de no resolverse, se verán afectados alrededor de 50 millones de mexicanos que se encuentran laborando en esa parte de la producción.
Este hecho es una muestra del abandono histórico que sufre el campo mexicano. Salta a la vista, en primer lugar, que en Estados Unidos el precio de mercado por cada tonelada de los mismos productos es inferior: cuatro mil 275, el maíz; cuatro mil 112, el trigo; y cinco mil 107, el sorgo. Es sabido que la producción eficiente en gran escala, dejando a un lado particularidades, permite disminuir el precio del producto. En este caso, los productores estadounidenses poseen mejores técnicas, infraestructura y medios de producción que les permiten extraer mayor producto por hectárea a menor costo. Según Index Mundi, en 2022 el rendimiento promedio de maíz en México fue de 3.8 toneladas por hectárea, mientras que en el mundo fue de 5.9 y en Estados Unidos, de 11. Esto se debe, como adelantábamos, a que en México las técnicas y herramientas empleadas son atrasadas con respecto a los demás países. La Sagarpa (ahora Sader) estima que del total de la superficie cultivada de maíz en México, el 75 por ciento no está mecanizada y solo el 30 por ciento se cultiva con asistencia profesional. En cuanto a la infraestructura, el 3.5 por ciento de la superficie cultivada se riega por gravedad y solo 0.2 por ciento se riega por bombeo.
La protesta de los agricultores es justa porque en el corto plazo soluciona el problema de 50 millones de mexicanos. Sin embargo, deja entrever un más profundo problema del campo mexicano, que requiere de políticas gubernamentales igual de grandes y profundas que implican ir más allá de los precios de garantía. Es necesario que el gobierno resuelva las demandas de los agricultores que se están manifestando en Palacio Nacional, pero aún más, urge una política de verdadero apoyo al campo mexicano que lo saque del atraso en el que se halla sumergido en las últimas décadas.
El gobierno de la 4T entró al 2023 con el pie "izquierdo" debido a dos sucesos: el "culiacanazo" del 5 de enero y el choque de dos trenes el 7 de enero.
La Cámara de Diputados rechazó iniciar el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, acusado de delitos cometidos en 2023.
El hacedor de la historia es, pues, el hombre, pero no el hombre estático, tampoco el genio; es el trabajador, siempre el trabajador, aquél que con sus energías crea y transforma el mundo.
Violencia, pobreza familiar, sin acceso a la salud de calidad y un Plan de Estudios que los sometería al lecho de Procusto de sus prejuicios anticapitalistas sin romper con el capital, son plagas que se abaten sobre nuestros niños y jóvenes.
Es necesario exigir a los gobiernos medidas que eviten que los costos de la crisis caigan sobre la población más vulnerable y que fijen impuestos extraordinarios a los más ricos.
Tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa violan los derechos humanos (libertad personal y presunción de inocencia). Y aunque la realidad indique lo contrario, este gobierno insiste en mantenerla so pretexto de acabar con la delincuencia.
El aprovechamiento de esos eventos como un escaparate para presentar a Ucrania como la víctima de una brutal agresión.
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"Antes deberían salir a explicar qué es lo que quieren lograr, este asunto está ya muy manoseado... no es justo que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política”, dijo el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo.
El empresario Carlos Ahumada acudió a comparecer ante un tribunal de enjuiciamiento en el reclusorio Norte.
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Escrito por Ollin Vázquez
Maestra en Economía por la UNAM.