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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó su Plan Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), sobre el cual refirió lo siguiente: “no se trata de control de precios, es un acuerdo para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo; y quiero agradecer la colaboración de los productores, empresarios y comerciantes porque han aceptado participar de manera voluntaria”. Sin embargo, cuando el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, precisó el proyecto, se demostró que sí hay de por medio un control de precios; pues tendrán precio de garantía 24 productos de la canasta básica, entre ellos huevo, frijol, leche, limón, aceite, arroz, atún, azúcar, bistec, cebolla y chile jalapeño.
Además, Ramírez de la O explicó que el PACIC incluye también un aumento en la producción de los principales granos: maíz, frijol y arroz; la integración de una reserva estratégica de estos productos y un estímulo al programa Sembrando Vida. Puntualizó que se ampliará de cuatro a nueve estados el programa de entrega gratuita de fertilizantes, con el que el gobierno pretende incrementar en dos millones de toneladas la producción en granos básicos; además de 800 mil toneladas más con el programa Sembrando Vida”[1].
Es cierto que la pandemia de Covid-19 generó desequilibrios en buena parte de los procesos productivos y que redujo la capacidad de producción mundial de bienes e insumos. Además, la reapertura de los mercados, derivada de la disminución de contagios, generó un embudo en el abastecimiento de mercancías, debido a que los puertos no se prepararon para ello; y que su capacidad instalada fuera rebasada, lo que provocó que se formaran enormes filas de buques que tardaron hasta más de un mes para poder descargar los envíos.
Al mismo tiempo, Estados Unidos (EE. UU.), en obra de su conocido afán guerrerista, empujó a Rusia a defenderse de las amenazas contra su seguridad y la del mundo representadas por la pretensión de los halcones gringos de instalar armamento en el territorio de Ucrania. Este conflicto ha derivado en sanciones comerciales contra Rusia y la reducción significativa de combustibles (petróleo y gas natural); fertilizantes, que son fundamentales para la producción agrícola, y alimentos, particularmente trigo; pues Rusia es uno de los principales productores de este grano en el mundo.
Estos factores son externos, pero tienen un efecto económico nocivo en el mercado interno, ya que al incrementarse el costo de los combustibles, crece inmediatamente el precio de la mayoría de los productos. Imagine, amable y paciente lector, que en el transporte de sus mercancías gastaba mil pesos; pero con el alza de la gasolina, ahora gasta mil 500 pesos y que este hecho lo obliga a incrementar el precio de sus productos para recuperar los 500 pesos gastados en combustibles. Pues éste es uno de los factores externos de la inflación.
Una forma eficiente de combatir la inflación es precisamente aumentando la producción de los productos que conforman la canasta básica; y este gobierno ha llamado a resolver el problema mediante la producción de los bienes de autoconsumo; además anunció que la entrega de fertilizante gratuito aumentará de cuatro a nueve estados de la República; donde sin embargo existen 32 entidades. Por ello, y por otras razones, es previsible que el proyecto de AMLO para combatir la inflación fracase rotundamente.
Veamos por qué. Está dejando la carga de la producción a los campesinos que no tienen recursos para invertir en la producción de maíz, trigo, frijol, etc. Se trata de una buena intención pero, al no estar acompañada del capital necesario para garantizar la inversión y con ella la producción, su resultado será negativo. A esto hay que agregar el problema de la reconversión a la que los campesinos se han visto obligados para recibir el apoyo económico del programa Sembrando Vida, y que ha propiciado el abandono de mercancías agrícolas para usar sus tierras en el cultivo de árboles.
Por otro lado, el Banco de México (Banxico), como refiere el manual, incrementa la tasa de interés para combatir la inflación; pero esta medida inevitablemente incrementa el precio del dinero en las solicitudes de créditos, que se desincentiven las inversiones y que, por ende, la producción de mercancías disminuya, haya escasez, se incrementen los precios y consecuentemente haya menos empleos.
Finalmente, hay algo que resulta fundamental para prevenir la inflación: la inversión pública. Pero sabemos que este gobierno no tiene ningún interés en aplicar una política como ésta porque concentra la inmensa mayoría de sus inversiones en obras inútiles como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya (sobre el que hay una orden de suspensión de obra dictada por un juez debido a que no tiene estudio de impacto ambiental) y la refinería de Dos Bocas, cuyo precio aumenta cada vez más, según versiones de la prensa.
Además, tanto el subsidio a los combustibles como la liberación de aranceles de determinados productos provocará una reducción en los ingresos del Gobierno Federal y, por lo mismo, los de los gobiernos locales. Esta disminución impedirá a la administración morenista seguir entregando los apoyos monetarios a la población beneficiada con puntualidad; tendrá una fuerte carga sobre otros gastos y habrá más restricciones; aunque los morenistas las endosarán a lo que llaman “austeridad”, un concepto económico por cierto muy propio de los gobiernos neoliberales que tanto critican.
“Con sus decisiones (las de AMLO) ahuyentó a la inversión extranjera y por supuesto, a la nacional. Las consecuencias de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, y de toda una serie de medidas para dejar sin efecto los contratos que se le han otorgado a la IP en sectores estratégicos, como el energético, tan solo por citar un caso, han impedido la generación de nuevos empleos formales para atender la demanda que, por lo menos, debe ser la creación de un millón de plazas al año”, escribió Alejo Sánchez Cano en diario El Financiero[2].
La conclusión es la misma: el pueblo necesita organizarse, educarse, conquistar el poder político, gobernar y poner en práctica un programa que efectivamente garantice decisiones pensadas en y para el pueblo de México.
La clase trabajadora mexicana sobrevive también. México no tiene empleos para sus nuevas generaciones y la 4T mantiene la gobernabilidad exportando masivamente mano de obra barata.
La inflación afecta, sobre todo, a los más pobres. Mientras los trabajadores perciben un salario fijo, a los empresarios la inflación no les afecta porque se compensan elevando los precios y trasladando el aumento a los consumidores.
La primera quincena de septiembre, la inflación general anual en México se situó en 4.44 por ciento.
El costo del jitomate supera los 80 pesos el kilo y la cebolla oscila entre los 40 y 50 pesos.
Los campesinos describen su situación como “sumamente grave”. Pese a que las autoridades ofrecieron contrarrestar la inflación en ese rubro, este fenómeno económico aumenta; y hasta el momento no les han ofrecido ningún apoyo.
Aunque la inflación se moderó, el costo de carne de res, vivienda propia y transporte aéreo siguió al alza.
Productos agropecuarios como el jitomate y servicios turísticos como el transporte aéreo lideraron las disminuciones de precios.
El alza de precios en el país no cede y la inflación aumentó 0.43% en la primera quincena de julio, ubicándose en una tasa anual de 8.16%.
Las investigaciones e informes de organismos especializados recogidos en el Reporte Especial permiten concluir que el plan antinflacionario de la 4T se convirtió en discurso, propaganda y promesas.
El jitomate, el chile serrano y la naranja son algunos de los productos que han experimentado un mayor incremento en sus precios.
Productos como el pollo, la carne de res y la vivienda impulsaron el índice inflacionario, que superó el estimado de analistas.
En enero México se alejó aún más de la meta de Banxico relacionada con la inflación, cuyo objetivo es que se registre en 3 por ciento +/- un punto porcentual.
Las tasas altas, aunque necesarias para controlar la inflación, podrían poner en peligro la estabilidad financiera de las instituciones bancarias.
El incremento de los productos, sobre todo los de la canasta básica, se debe, en parte, al aumento del precio de los combustibles, como es el caso del gas LP, que viene incrementándose desde el primer trimestre de este año.
El pavo sufrió un incremento del 30 por ciento en comparación con 2020, ya que el kilo llega a costar entre 80 y 86 pesos.
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Escrito por Brasil Acosta Peña
Doctor en Economía por El Colegio de México, con estancia en investigación en la Universidad de Princeton. Fue catedrático en el CIDE.