El Producto Interno Bruto (PIB) no revela los costos ambientales ni daños a la salud causados en el proceso productivo. “Las actividades productivas (…) generaron costos por degradación y agotamiento de recursos naturales por 1.06 billones de pesos (…) equivalente a 4.57% del PIB (…) 10 veces (superiores al) gasto en protección ambiental que se ejerció desde el sector público (…) 0.46% del PIB en 2020, siendo éste el menor coeficiente de gasto desde que el Inegi inició su medición, es decir, 2003” (Inegi, Cuentas Económicas y Ecológicas, Dineroenimagen, tres de diciembre de 2021). Los mayores costos por degradación corresponden a: emisiones al aire, degradación del suelo, residuos sólidos urbanos y aguas residuales; en agotamiento de recursos naturales: hidrocarburos, agua subterránea y recursos forestales (Inegi).

Suele atribuirse el problema ambiental a la ignorancia, causa subjetiva, y que es parte de la explicación, aunque no determinante: la causa profunda es económica, y si no se atiende serán ineficaces las simples prédicas o acciones puramente legales. Otros lo atribuyen al crecimiento poblacional, insuficiente explicación malthusiana; influye, pero no es la raíz. El principal depredador es el modelo económico, dominado y gobernado por los monopolios, los mismos que contaminan y agotan los recursos naturales.

La anarquía en la producción es causa del deterioro. Los corporativos gozan de impunidad para destruir el medio ambiente; las mineras y petroleras arrojan contaminantes; otras talan bosques y no reforestan; son externalidades negativas donde las empresas no asumen la responsabilidad ni los costos por sus ganancias y los trasladan a la sociedad, afectando el medio ambiente y provocando enfermedades. La contaminación causa nueve mil muertes al año en México (France24, cinco de junio de 2020). La ganancia desmedida, el poder del capital sin control, es la principal amenaza al ambiente. Por ejemplo, confabulados con el gobierno, poderosos empresarios del carbón nos hacen producir electricidad de fuente sucia: debe avanzarse hacia la descarbonificación.

Causa económica es también el comercio ilegal, al amparo de la corrupción, y la violación sistemática del Estado de Derecho. Ni los corporativos ni el gobierno respetan las leyes. Un ejemplo: deberían realizarse estudios de impacto ambiental para la construcción de obras, máxime si son grandes, pero en el Tren Maya, que arrasa selvas, cuevas, cenotes y ríos subterráneos, la correspondiente Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ¡aún no se elabora! Solamente los tramos 2 y 3 la tienen. Asimismo, según estándares internacionales, la construcción de obras como ésta debe consultarse con la población. La península de Yucatán sufre una alarmante contaminación de los cenotes: urge un programa integral de recuperación de estas fuentes de agua; y en todo el país, de lagunas y lagos que se azolvan, como el de Pátzcuaro; que incluya reforestación, recuperación de suelos y combate de plantas invasoras, como el lirio acuático. Debe regularse de forma efectiva el uso industrial del agua, factor de soberanía nacional, y frenar la sobreexplotación de acuíferos, así como respetar rigurosamente las vedas de pesca, combatir la cacería furtiva y la tala clandestina: 30 por ciento de la madera comercializada es ilegal (Senado de la República, 23 de octubre de 2018), realizada por la delincuencia o por empresas toleradas. Urge asimismo nivelar a México con la legislación de naciones desarrolladas en el control de químicos nocivos, como pesticidas.

También en lo económico, el neoliberalismo genera millones de pobres, en extrema necesidad, con el inevitable impacto ambiental que ello conlleva. A esto se asocia la gran demanda y altos precios pagados por países ricos en plantas o animales de especies exóticas, lo que induce la caza furtiva y el contrabando. La solución, además de combatir la delincuencia, es empleo permanente y bien remunerado para todos, y apoyo efectivo a pequeños productores, para que puedan vivir, en armoniosa relación con la naturaleza, de sus ingresos dignamente obtenidos.

Presupuestalmente, el gobierno agrava el problema. El presupuesto de la Semarnat cayó de 0.38 por ciento del PIB en 2014 a 0.11 por ciento en 2020; Sembrando Vida, que no es propiamente un programa de reforestación, recibió en 2021 diez veces más recursos que la Conafor, que apoya la silvicultura y combate incendios forestales, y que recibió 8.6 por ciento menos; a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Conanp (que cuida el patrimonio natural y la biodiversidad en 182 áreas naturales), se le dejó igual presupuesto, mermado por la inflación; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se le recortó 6.4 por ciento, y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 5.7 por ciento. Un verdadero atentado. Julia Carabias, exsecretaria de Medio Ambiente señala: “… la medida de mayor éxito como instrumento de política pública en diversos países es la de áreas naturales protegidas. Aportan beneficios como la purificación del agua y el aire, almacenan carbono y mitigan el calentamiento global. Un tercio de las ciudades más grandes dependen del vital líquido de esas áreas, que también mejoran la seguridad alimentaria” (Gaceta UNAM).

Sembrando Vida no es la solución. Los “apoyos” son “incentivos perversos” (así se les llama técnicamente), que inducen la tala. Un verdadero programa de reforestación debiera ser dirigido por expertos y sectorizarse en las dependencias técnicamente idóneas, con reglas de operación e instrumentos de evaluación precisos –hoy inexistentes, como advierte el Coneval–, capacitación y asistencia técnica, estudios de factibilidad y análisis ecológicos para elección de especies y áreas a reforestar, combate de plagas, etc.

En la producción deben respetarse los límites técnicamente establecidos de aprovechamiento de los recursos naturales para evitar su agotamiento. Garantizarlo es responsabilidad del Estado. Debe haber racionalidad en la producción y el consumo, en armonía con la naturaleza y acorde con las necesidades sociales. Toda actividad económica (agrícola, industrial, minera, transportes, turismo) debe sujetarse a rigurosos requerimientos ecológicos, bajo vigilancia y orientación de auténticos ecologistas, científicos capaces de formular soluciones efectivas.

En manejo de aguas residuales, en México se procesa solo 67 por ciento de las aguas negras. Por falta de recursos “… hay 997 plantas de potabilización en funcionamiento de un total de 1,256 (…) 20.6% que no están en marcha (…) plantas de tratamiento de aguas residuales, se tienen registradas 2,786 en marcha de un total de 3,661 (…) 875 no están en funciones” (El Economista, 15 de agosto de 2021, Conagua). Deben instalarse las plantas tratadoras necesarias. Apremia tratar las aguas residuales de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana que se vierten al Valle del Mezquital, Hidalgo, y dañan la salud de la población; también las aguas del Lerma.

Instalar confinamientos para que las empresas no viertan residuos tóxicos en basureros al aire libre, so pena de sanción; construir rellenos sanitarios, para que los residuos sólidos no se arrojen a simples basureros y por lixiviación se contaminen acuíferos y suelos. Obligar, donde se requiera, a la instalación de sistemas de reciclamiento de agua (como en hoteles de playa), o filtros anticontaminantes industriales. Legislar para impedir que sigamos siendo basurero de carros viejos y otros desechos de Estados Unidos.

Necesitamos, en suma, un modelo económico sustentable, cuyo objetivo sea la felicidad de todos, en un mundo limpio y amable; dirigido por estadistas con visión de futuro y operado por profesionales honrados y técnicamente competentes. Es necesario superar el pernicioso inmediatismo productivo. Se requiere una mayor y más enérgica participación estatal, no con acciones aisladas, sino mediante una estrategia integral de protección al ambiente y los recursos naturales, regulando a las corporaciones empresariales y aplicando los recursos necesarios del gasto público (y de las propias empresas). En fin, debe elevarse el nivel de conciencia ecológica, mediante los medios de comunicación y programas escolares. Todo esto solo puede ser obra de un gobierno popular, con firme apoyo social, que le dé la fuerza necesaria para proteger a la naturaleza.