La diputada Miriam Saldaña Cháirez se pronunció en favor de proteger los derechos de las personas de talla pequeña en la Ciudad de México, los cuales, por su condición, son objeto de marginación, exclusión, rechazo y burlas en espacios públicos, escolares y laborales.

Durante el Foro “Hacia una Ciudad incluyente. Personas de talla pequeña y su accesibilidad al espacio público”, la también vicecoordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de la Ciudad de México, resaltó que no siempre se garantiza el acceso equitativo para todos los habitantes en materia de movilidad y el acceso a los espacios urbanos, tales como parques, plazas, calles, banquetas, mercados, estaciones de transporte y otros sitios abiertos a toda la población, como es el caso de las personas de talla baja.

Dijo que el Foro busca conocer de primera mano las experiencias de personas de talla baja y de expertos en la materia “para identificar con mayor claridad las acciones que el Congreso local debe emprender para lograr una ciudad verdaderamente inclusiva, en la que todos los habitantes puedan desplazarse libremente y disfrutar del espacio público en condiciones de igualdad”.

Indicó que en la Ciudad de México hay cinco mil personas de talla pequeña done se exhortó a los titulares de las 16 alcaldías y a autoridades del gobierno citadino a que efectúen modificaciones pertinentes en los espacios públicos y el diseño inclusivo esté presente en todas las edificaciones públicas, para que se contemplen las medidas adecuadas para personas pequeñas.

La diputada Diana Sánchez Barrios (Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente) subrayó la necesidad de que las y los legisladores capitalinos tengan un panorama más amplio en materia de derechos humanos, “se requiere legislar en favor de la población de talla baja en la capital del país, por ello he hecho un punteo de todas esas necesidades que se padecen, ya que, además, es como si vivieran en una violencia sistemática”.

“Hablar de no tener trabajo por una condición es lamentable y no debe suceder; el no tener derecho a la salud plena, que todo ser humano debe de tener, también es lamentable. Resulta terrible que las personas de talla baja tengan que padecer en una ciudad de avanzada, todo lo que aquí nos han platicado”, expresó.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Gran Gente Pequeña de México, Guadalupe Gómez López, expresó que hay aproximadamente 450 tipos de personas con la condición de talla baja. Planteó que deben contemplarse en los centros escolares adecuaciones para las mesas, sanitarios y respaldos, para que no sean excluidas las personas con esta condición.

Alejandra Ramírez Martínez, integrante de la Fundación Gran Gente Pequeña de México, expuso que se tiene una deuda histórica en materia de inclusión y accesibilidad de las personas de talla baja, ya que a pesar de los avances en legislación y derechos humanos, en México se carece de una política pública que garanticen su inclusión, por lo que siguen enfrentando obstáculos que van desde la falta de accesibilidad en el transporte y espacios públicos, hasta la discriminación laboral y educativa.

La activista Mariana del Carmen Ramírez Duarte señaló la importancia de la accesibilidad, al ser relevante para tener una vida digna y plena. Recordó que en el estado de Michoacán ya se tiene, desde el 2022, la Ley del Escalón Universal, que plantea la accesibilidad para las personas de talla baja, y obliga a las instancias públicas y privadas a cumplir con esta norma, y son ya 10 instituciones las que han cumplido.

Ángel Alfredo Vázquez Ríos, integrante de la Fundación Gran Gente Pequeña de México, afirmó que aún hay un largo camino por recorrer. “Como persona de talla baja, he experimentado a lo largo de mi vida, las barreras que esta ciudad impone, desde la dificultad de la movilidad en el transporte público, hasta imposibilidad de alcanzar objetos en lugares cotidianos como ventanillas en sucursales bancarias”.

Jesús Emiliano López, integrante de la Fundación Gran Gente Pequeña de México, resaltó que “la inclusión no debe de ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todos. Las barreras de accesibilidad, no sólo afectan la movilidad sino también la autonomía, la accesibilidad a la educación, al empleo y a la salud mental. Pero la accesibilidad no sólo implica modificaciones físicas. La falta de adecuaciones en espacios públicos, envía un mensaje claro: no pertenecemos a este entorno”.