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Durante su comparecencia, la titular de la Secretaría de Turismo, Katyna de la Vega Grajales, justificó el trabajo de las autoridades federales, estatales y locales ante la violencia generada por el crimen organizado y los resultados de la pandemia por Covid-19 con un crecimiento de tan sólo del 9 por ciento, lo que representó una derrama económica de 118 mil 490 millones de pesos para el sector turístico, en comparación con el sexenio anterior de Manuel Velasco.
Al ser cuestionada por el impacto negativo de la delincuencia organizada en el estado, la secretaria mencionó que se ofrecieron alternativas turísticas que permitieron continuar recibiendo a muchos visitantes; sin embargo, evadió profundizar en el tema argumentando que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) es quien tiene la responsabilidad de esos datos.
De igual manera, al abordar las comunidades asoladas por la delincuencia, reiteró: “Nosotros sólo nos enfocamos en atraer turistas al estado y en promover una buena imagen para que nos recomienden. Mi función se centra en vender y atraer turismo a nuestra región”.
Finalmente, destacó que se promovieron todos los productos chiapanecos a nivel internacional. Tras la pandemia, los turistas mostraron un interés particular en las bellezas naturales, lo que benefició a las comunidades indígenas de Chiapas, generando ingresos superiores a los que tenían anteriormente y ayudando a más de un millón 600 mil indígenas.
Los homicidios se registraron en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Morelos Jalisco, Puebla, Sonora y Quintana Roo.
Hay muertos y casas quemadas tras varios días de enfrentamiento entre dos grupos armados, lo que ha provocado el éxodo de la población.
En las últimas seis o siete décadas ha habido una enorme afluencia de la población rural hacia los entornos urbanos.
La alcaldesa se comprometió a modernizar el C4 y adquirir mayor número de patrullas y motopatrullas.
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Al menos 120 familias de la sierra de la Concordia abandonaron sus hogares.
Hasta 2020, más de 313 mil niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años se encontraban en matrimonio o unión temprana en México.
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El organismo “negocia” la instalación de hasta 150 casillas a causa de conflictos comunitarios.
Se estima que las cuatro principales empresas mineras, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, pierden aproximadamente mil 121 millones de pesos anuales por robos y violencia.
Habitantes de Pantelhó, en Chiapas, expresaron su firme deseo de que se cancelen las elecciones extraordinarias.
En su informe, Causa en Común analiza los registros de incidencia delictiva en México, a través de los cuales reveló un panorama de violencia e impunidad que refleja la “erosión institucional” y el fracaso en las estrategias de seguridad.
Serán recibidos por la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y el nuevo fiscal de Guerrero el próximo 16 de abril.
Entre las casas siniestradas se encuentran las del director de la policía municipal y la del comisariado ejidal.
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Escrito por Ricardo López
Colaborador