Las familias acusan a la alcaldesa Berenice Hernández de bloquear el acceso a la vivienda.
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En su comparecencia ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), enfrentó cuestionamientos de la oposición sobre la falta de información sobre derechos humanos en el Sexto Informe de Gobierno.
La diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano, subrayó la necesidad de abordar el desempeño y la confianza de la ciudadanía en los cuerpos de seguridad, que alcanzó un 50 por ciento en 2024.
Ledesma destacó que, aunque se mencionaron avances en la coordinación con grupos vulnerables, no se detallaron resultados concretos. Solicitó al secretario información sobre casos de detenciones arbitrarias y torturas, resaltando que el informe sólo reportó la atención de 20 recomendaciones sin profundizar en los hallazgos.
A pesar de reconocer logros en la disminución de varios delitos, como homicidio y robo, la percepción de inseguridad persiste entre la población. La legisladora mencionó que el 42 por ciento de los ciudadanos considera la delincuencia como el principal problema de la ciudad, aunque esto ha disminuido desde el 75 por ciento en 2019.
En respuesta, Vázquez destacó logros en la reducción de violencia y la desarticulación de grupos delictivos. Su comparecencia estuvo acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad, limitando el acceso a opositores en el recinto.
Las familias acusan a la alcaldesa Berenice Hernández de bloquear el acceso a la vivienda.
Pidieron 10 mil pesos al dueño de un establecimiento.
Será el miércoles 8 de octubre cuando el juez defina si la imputada queda vinculada a proceso por asociación delictuosa.
Las autoridades de la máxima casa de estudios informaron que los implicados se encuentran bajo investigación.
Las autoridades del STC explicaron que la separación existe desde 2021, sin modificaciones; además, aclaró que resulta común en zonas con curvas.
Comerciantes rechazan el aumento del IEPS aplicado a bebidas azucaradas, saborizadas y cigarros.
Los vecinos han solicitado atención mediante escritos a las autoridades locales sin obtener respuesta.
Las autoridades indicaron que el homicidio calificado conlleva penas de 20 a 50 años de prisión en la capital del país.
Más de tres mil 500 personas han sido desalojadas de reuniones ilegales, donde circulaba presuntamente alcohol adulterado y drogas.
"No somos carne de cañón", señalan luego de que la marcha dejara 94 policías hospitalizados
El alcalde morenista, Janecarlo Lozano no recibe a los vecinos y argumenta que no es su problema.
Tras la revisión de ambos planteles, las autoridades concluyeron que se trató de falsas alarmas.
Un comensal se acercó a la mesa de Yunes y lo llamó “traidor”.
Los estados con precios más altos son: Baja California Sur, Sinaloa y Durango.
Exigen medidas rigurosas para evitar la venta de drogas e impedir el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera