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La coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), Diana Sánchez Barrios, señaló que la comunidad trans carece de acceso a una salud digna, ya que se mantiene invisibilizada, con la existencia de solo una clínica especializada en atención en la Ciudad de México, se trata de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT)
En tribuna, la legisladora presentó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de los servicios de salud pública de la CDMX y de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans de la capital a garantizar que los centros de salud de las 16 alcaldías cuenten con personal capacitado para la atención de esta comunidad.
“Al centralizar nuestra atención médica en un sólo espacio, nos segregan. El mensaje que envían las autoridades es que no podemos recibir atención médica en cualquier hospital o centro de salud como el resto de la población”, acusó.
En este sentido, denunció que la USIPT se encuentra sobresaturada, con largas listas de espera, atención limitada y ubicada lejos de los domicilios de los pacientes. “La falta de capacitación del personal médico en la red de hospitales y centros de salud de la capital nos coloca en una situación de vulnerabilidad constante”, aseguró.
Añadió que la comunidad trans también necesita atención ginecológica, urológica, salud mental, control de enfermedades crónicas y prevención de infecciones de transmisión sexual, entre otras.
Al presentar el punto de acuerdo, solicitó la colaboración interinstitucional para que en los centros de salud de primer nivel de los Servicios de Salud de la Ciudad de México se implemente un programa de capacitación permanente para todo el personal médico en las 16 alcaldías.
Los asesinos dispararon más de 60 veces.
Los resultados finales aparecerán el martes 19 de agosto.
Tampoco se conoce el total de la población que recibe atención psicológica, psiquiátrica o cuántos están internados en los llamados “anexos”, que eluden las regulaciones pertinentes.
Castigarán con tres o seis meses de prisión a quien incite públicamente a cometer un delito, promueva el consumo de sustancias ilícitas o justifique estos actos.
El conflicto principal radica en las afectaciones a sus viviendas por obras y proyectos del gobierno de la Ciudad de México.
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Este miércoles decenas de familias instalarán un plantón en las afueras del INDEP, ante la falta de solución a sus demandas más sentidas desde hace más de cuatro años.
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Los detenidos permanecen bajo prisión preventiva, su audiencia de vinculación a proceso fue programada por un juez para el 4 de julio próximo.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera