El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logró el voto de más de 30 millones de electores con la promesa de superar las grandes desigualdades sociales que afectan al país; pero de ese año a 2022, el número de mexicanos en pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones.

Este diagnóstico es claramente discernido por el economista Gonzalo Hernández Licona en su análisis La pobreza bajó; para los más pobres se incrementó, estudio que forma parte de la antología Reimaginemos el panorama: ingresos, gastos y desigualdades, que reproducen las plataformas de la organización México ¿Cómo vamos? y del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el también director de la Red de Pobreza Multidimensional (RPM) detectó que entre los años 2018 y 2022, bajó la pobreza en general; pero no la de los más pobres; es decir, la de quienes sufren pobreza extrema, la cual aumentó.

En ese periodo, la pobreza bajó de 51.9 a 46.8 millones de personas (del 41.9 al 36.3 por ciento); es decir, 5.1 millones de personas y 5.6 puntos porcentuales; pero en el mismo lapso, la pobreza extrema aumentó al pasar de 8.7 a 9.1 millones de personas, cuyos ingresos son menores al valor de la canasta alimentaria.

El incremento fue de casi 400 mil personas, cifra equivalente al siete por ciento con respecto al número de los mexicanos en pobreza extrema que había a finales de 2018.

Con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el especialista explicó que el número de personas con ingresos menores a la canasta alimentaria bajó en 1.8 millones, porque disminuyó de 17.3 a 15.5 millones; pero, subió 7.1 millones el número de personas con tres o más carencias.

Agregó que el rezago educativo y la falta de acceso a los servicios de salud contribuyeron al incremento en el número de mexicanos con carencias y, por tal motivo, al de la pobreza extrema.

Además, la carencia de servicios de salud afectó a 7.8 millones de personas más, creció en 25.1 millones entre la población más pobre; y a partir de 2022, “la carencia de acceso a la seguridad social aumentó en 723 mil personas para la mitad de la población en mayor pobreza”.

En materia educativa, la coordinadora del área de Educación y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Alejandra Llanos Guerrero, reveló que las políticas educativas del Gobierno Federal no lograron aumentar la tasa neta de escolarización; por lo que persisten las desigualdades en todos los niveles; y la inversión en los programas de becas no cumplieron con la consigna “por el bien de todos, primero los pobres”.

En su análisis Ni esfuerzos, ni recursos para la educación, la directora Guerrero recordó que el gobierno del Presidente aseguró que no escatimarían esfuerzos y mucho menos presupuestos para garantizar la igualdad de oportunidades educativas, “sin embargo, en 2022, el gasto educativo alcanzó el nivel más bajo de la última década”.

Con base en los resultados de la ENIGH-2022, el rezago educativo reportó un incremento de 1.6 millones de personas y fue la tercera carencia social de mayor dimensión comparada con la de 2018. Además, la población estudiantil fue de 35.5 millones, cifra menor en 700 mil 164 alumnos a la de 2018.

La antología es resultado de un trabajo colectivo de 16 autores, quienes principalmente documentaron la evolución de la pobreza, la seguridad alimentaria, la desigualdad, la movilidad y la política social.

Programas sociales, paliativos

En entrevista con buzos, Eduardo Peralta Villegas, maestro en economía política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con mención honorífica, advirtió que las políticas públicas del Gobierno Federal han contribuido a reducir la pobreza, pero son insuficientes para que ésta sea constante; y que se ha incrementado en las personas que tienen de una a tres carencias sociales.

Explicó que la pobreza ha disminuido con el incremento en los ingresos familiares entre finales de 2018 a 2023, debido a que el salario mínimo se ha recuperado 60 por ciento; además, se han rescatado empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y los recursos públicos se han redistribuido a través de pensiones y becas, dinero que se obtiene con el cobro de impuestos y la reducción de salarios de altos funcionarios.

“El nuevo gobierno, el de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el de la “Cuarta Transformación”, el de AMLO, llegó y ganó la silla presidencial, pero no tomó el poder como tal; ha logrado avanzar de manera superficial de una u otra manera. Sin embargo, los sectores productivos siguen en manos de los empresarios y se debe enfrentar a esos grupos para tener un cambio que impacte realmente a mediano y largo plazo”, comentó.

Afirmó que las grandes empresas productivas del país están en manos de extranjeros, y citó un par de ejemplos: los canadienses, que lideran en el campo de la minería, y el petrolero, comandado por estadounidenses, franceses e ingleses.

En 2022, el Gobierno Federal ubicó 166 empresas mineras de cuyos capitales 73.5 por ciento correspondían a consorcios canadienses; y el 10.2 por ciento a estadounidenses; otras inversiones en este rubro eran de Corea del Sur, Suiza, Bélgica y China.

Con respecto al sector turístico, hasta el tercer trimestre de este año, el mayor flujo de inversiones procedía de Estados Unidos (EE. UU.), con casi 360 millones de dólares (mdd); Canadá con 85.4 mdd y Francia con 10.8 mdd.

El sector energético de México también está en manos de compañías extranjeras como la italiana Enel; el grupo de capital francés Engie y las españolas Naturgy (la principal distribuidora de gas natural en territorio mexicano con 1.6 millones de clientes en 2022), e Iberdrola, que vendió en seis mil mdd 13 plantas de generación eléctrica al gobierno y que equivalían al 56 por ciento de sus negocios.

Peralta Villegas, quien cursa un doctorado en economía internacional, explicó que el Gobierno Federal ha intentado superar la política neoliberal de bajos salarios, el desempleo, la inseguridad social y la exclusión educativa, pero que debe intensificar sus políticas públicas para fortalecer la economía nacional.

“Para que funcione realmente la tendencia de la disminución de la pobreza a partir del incremento de ingresos y servicios básicos se tiene que aplicar una política social de atacar a la producción; es decir, que logre una política industrial en la que aumente la producción y esto a su vez genere empleos de manera constante, construir y consolidar empresas nacionales del Estado, con contratos colectivos que favorezcan a los trabajadores; esto retribuirá en el acceso a los servicios de salud y educación, etc.”.

El también investigador y profesor de la UNAM insistió en que no basta con difundir que ya se “acabó el neoliberalismo”, sino que “tienes que revisar el sistema económico en el que estás produciendo. Pero si éste genera desigualdad, no importa cuánto te esfuerces en redistribuir los recursos con programas paliativos o puedes intervenir en ciertos sectores económicos; pero si no cuestionas al sistema de producción de ganar-ganar, no se resolverá de manera tajante el aspecto de la pobreza”, concluyó.

Los más pobres, sin apoyos

Ignacia Vázquez Guerrero y Juana Rojas Sánchez son vecinas de la comunidad Agrícola Coatepec, del estado de Puebla. Ambas viven de lo poco que producen en el campo y ninguna cuenta con al menos uno de los programas sociales del “bienestar” que tanto pregona el Gobierno Federal. 

Las dos son de la tercera edad, no tienen acceso a los servicios de salud pública; cuando se enferman, recurren a remedios caseros o a pedir préstamos para curarse; y en el pasado reciente su situación se ha deteriorado.

“Todo está cada vez más caro. Uno puede gastar más de mil pesos para atender la salud; y ni hablar de los alimentos. Ya no alcanza para tortillas, ni para huevo o para productos que son necesarios. Agarramos lo poquito que tenemos y lo racionamos de manera que nos alcance para medio sobrevivir”, lamentó doña Ignacia.

Ambas recordaron que el actual Gobierno Federal publicó que “todo iba a cambiar, pero estamos cada vez peor”. 

En Valladolid, Yucatán, a mil 341 kilómetros de Puebla, el dirigente del Movimiento Antorchista Nacional (MAN) Gustavo Tinoco Sánchez reveló que más del 50 por ciento de la población de esa entidad se encuentra en condiciones de pobreza, en municipios como Temozón, Tixcacalcupul o Chiquinzono.

“Los pobladores, en su mayoría, son campesinos mayas y productores de miel. Sin embargo, ya no viven del campo o de sus productos; estos sectores se han ido abandonando debido a que no cuentan con el apoyo de las autoridades federales, que les niega semillas, fertilizantes u otros insumos básicos para su labor.

“Por el contrario, los hijos son quienes se trasladan a la ciudad de Mérida, a la zona hotelera de Cancún o a Playa del Carmen, para asegurar los ingresos familiares; pues a pesar de que se dice que el modelo neoliberal fue derrotado, la realidad es que el pueblo de Yucatán vive en constante desventaja. Por un lado, viven de su trabajo como asalariados, que es uno de los más bajos del país y, por el otro, deben consumir una canasta básica que se encuentra, por su costo, entre las más elevadas del territorio mexicano”, comentó Tinoco, quien desde 2019 lucha junto a los yucatecos contra la desigualdad social.

En la primera quincena de noviembre de 2023, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar informó que la Central de Abastos de Mérida vende la canasta básica en mil 12 pesos, monto que la ubica como la más cara en todo el sureste de México.

Además, otros estudios socioeconómicos reportan que, en Yucatán, las personas con ingresos equivalentes al del salario mínimo de 207.44 pesos, destinan sus ingresos de seis días a adquirir la canasta básica.

A este problema se suma la falta de acceso a los servicios de salud: “Es lacerante saber que una familia derechohabiente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tenga que enfrentar dificultades económicas debido a que dicho sector no cuenta con medicamentos ni equipo para brindar atención”, señaló Tinoco Sánchez.

“Hace un par de semanas, esta familia derechohabiente debió destinar tres mil pesos para medicamentos y sacar estudios de laboratorio para su hija, quien presentó un cuadro de colitis; pero ellos fueron los que tuvieron que hacerse cargo del ultrasonido y de los medicamentos. Esta situación se repite de manera más generalizada entre la población”, denunció visiblemente molesto.

Para hacer frente a esta situación, el MAN de Yucatán ha organizado a más de 20 mil personas, que colectivamente luchan para exigir su acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje, electricidad y pavimentación, así como el cumplimiento de sus derechos constitucionales al empleo, vivienda y seguridad social:

“Hemos avanzado mucho en la conformación de nuevas colonias, en el apoyo a estudiantes y demás rubros. Pero aún es largo el camino por recorrer ante un gobierno que no atiende de raíz las problemáticas sociales”, concluyó.