Aunque las mujeres realizan más llamadas al 911 por ideación e intentos de suicidio, el 75.5 por ciento de las muertes por suicidio en la Ciudad de México corresponden a hombres, según datos del C5.
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La diputada local, Laura Álvarez Soto, presentó una iniciativa para prohibir el uso de teléfonos celulares en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de México. El objetivo de la propuesta, explicó, consiste en fortalecer los procesos de aprendizaje en el entorno escolar y proteger la salud mental de los menores.
Al presentar la propuesta ante el pleno del Congreso capitalino, Álvarez Soto argumentó que un estudio de Kumon Sense Media, una organización que evalúa productos de medios y tecnología para niños y adolescentes, indicó que el 97 por ciento de los niños de 11 a 17 años utilizan sus teléfonos durante el horario escolar por un lapso aproximado de 43 minutos.
En ese sentido, la legisladora explicó que la propuesta de reforma a la Ley de Educación de la Ciudad de México plantea que el uso de celulares se acepte cuando sea con fines pedagógicos y regulado por la institución educativa.
En su oportunidad, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso capitalino, Andrés Atayde, enfatizó que el uso de dispositivos móviles en escuelas primarias y secundarias impacta negativamente el aprovechamiento escolar y expone a los menores a riesgos en internet sin supervisión; por lo que respaldó la iniciativa de prohibición.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destacó que el uso de teléfonos celulares en las aulas reduce significativamente la concentración y afecta el rendimiento académico de los estudiantes.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el uso desmedido de pantallas en menores de edad perjudica su desarrollo emocional y su capacidad de socialización.
Aunque las mujeres realizan más llamadas al 911 por ideación e intentos de suicidio, el 75.5 por ciento de las muertes por suicidio en la Ciudad de México corresponden a hombres, según datos del C5.
Los automovilistas que hayan sido multados o a quienes se les haya colocado el inmovilizador, el retiro de la “araña” tendrá un costo de 340 pesos.
La meta era construir una unidad por demarcación cada 12 meses; sin embargo, las obras presentan retrasos y no cuentan con fechas de apertura.
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Artesanos y comerciantes exigen mesa de diálogo con el gobierno capitalino para obtener espacios de venta.
Los aspirantes deberán contar con el Bachillerato concluido; promedio mínimo de 7.0; registro y pago en la página de la DGAE.
El periodo principal de registro se llevará a cabo del 13 de enero al 27 de febrero.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera