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Este jueves 19 de septiembre, la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual propone ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional (GN) y modifica las tareas en tiempos de paz de los uniformados, a quienes el mandatario asignó crecientes responsabilidades.
La propuesta del Ejecutivo Federal, que culmina el 30 de septiembre, busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con más de 120 mil elementos creados por López Obrador en 2019 con la promesa de mantenerlo con carácter civil.
Con esto, la Sedena "ejecutará la estrategia de seguridad pública", indicó el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Además, la reforma del presidente faculta al Congreso para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública, expuso Gutiérrez Luna al comienzo de la discusión.
El bloque opositor en la Cámara de Diputados advirtió sobre una militarización de todos los ámbitos del país con esta reforma constitucional, ya que modifica el artículo 129 de la Constitución, limitando las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857.
Además, modifica el artículo 21 para eliminar la "garantía orgánica" que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.
La diputada Laura Ballesteros, del partido Movimiento Ciudadano (MC), consideró que "México quiere paz y justicia", pero "no quiere militarismo".
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las tareas de las Fuerzas Armadas aumentaron. El presidente asignó a las militares responsabilidades en seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos, así como la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional en 2023 una reforma del presidente para militarizar la Guardia Nacional, argumentando que "las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles".
Desde el 1 de septiembre, la alianza de partidos de López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum controla más de dos tercios del Congreso, la mayoría necesaria para modificar la carta magna.
Durante los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, el senador Zacatecano adelantó que la elección de nuevos jueces, ministros y magistrados podría tener un costo de entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos.
Advierten magistrados federales que no van a permitir que sean destruidos por la Reforma Judicial y buscarán a Sheinbaum.
La reforma asigna responsabilidades al Instituto Nacional Electoral (INE), al Congreso y al Poder Judicial Federal (PJF).
Ricardo Monreal, senador de la República detalló que, la reforma al Poder Judicial es prioridad.
Aseguró que en México sí existe un favoritismo a la oligarquía, sí se beneficia a la clase empresarial, a pesar de que se siga perjudicando a la clase trabajadora.
Denunció que los senadores del tricolor han sido objeto de presiones, amenazas y ofertas para respaldar la reforma al Poder Judicial.
La discusión y votación en lo general y particular de la reforma al Poder Judicial será en una sola sesión sin importar su extensión.
La aprobación de las 20 reformas propuestas por AMLO era un hecho consumado.
Parte del plan de iniciativas constitucionales propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El paro de labores que el pasado 19 de agosto iniciaron 55 mil trabajadores generales y mil 200 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La oposición aseguró que el procedimiento de la reforma tiene “vicios” que pueden ser sujetos de revisión por el máximo tribunal del país.
Dicha acción podría dificultar una eventual defensa en caso de que los empleados sean sancionados por las autoridades, aseguró el sindicato.
Los órganos autónomos en México son entidades públicas con funciones específicas independientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
GN dependerá de la Sedena y pasará a formar parte de la Fuerza Armada permanente.
La reforma al Poder Judicial debe recibir el aval de al menos 17 estados para convertirse en Ley.
Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera