La medida eleva a 42 años el límite para enlistarse en el Ejército en un contexto de ofensiva militar en Oriente Medio y necesidad de ampliar capacidades operativas.
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Este jueves 19 de septiembre, la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual propone ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional (GN) y modifica las tareas en tiempos de paz de los uniformados, a quienes el mandatario asignó crecientes responsabilidades.
La propuesta del Ejecutivo Federal, que culmina el 30 de septiembre, busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con más de 120 mil elementos creados por López Obrador en 2019 con la promesa de mantenerlo con carácter civil.
Con esto, la Sedena "ejecutará la estrategia de seguridad pública", indicó el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Además, la reforma del presidente faculta al Congreso para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública, expuso Gutiérrez Luna al comienzo de la discusión.
El bloque opositor en la Cámara de Diputados advirtió sobre una militarización de todos los ámbitos del país con esta reforma constitucional, ya que modifica el artículo 129 de la Constitución, limitando las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857.
Además, modifica el artículo 21 para eliminar la "garantía orgánica" que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.
La diputada Laura Ballesteros, del partido Movimiento Ciudadano (MC), consideró que "México quiere paz y justicia", pero "no quiere militarismo".
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las tareas de las Fuerzas Armadas aumentaron. El presidente asignó a las militares responsabilidades en seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos, así como la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional en 2023 una reforma del presidente para militarizar la Guardia Nacional, argumentando que "las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles".
Desde el 1 de septiembre, la alianza de partidos de López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum controla más de dos tercios del Congreso, la mayoría necesaria para modificar la carta magna.
La medida eleva a 42 años el límite para enlistarse en el Ejército en un contexto de ofensiva militar en Oriente Medio y necesidad de ampliar capacidades operativas.
La movilización de elementos de las Fuerzas Armadas coincide con el arranque de las conversaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Recientemente fue aprobada una iniciativa que modifica el Artículo 123 constitucional, relacionado con los derechos laborales, impulsada por el gobierno en turno con el respaldo de representantes sindicales, patronales y de grupos de la sociedad, según reportes periodísticos.
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La Secretaría de la Defensa Nacional envió mil 600 elementos del Ejército Mexicano a Sinaloa para fortalecer las tareas de seguridad, luego del ataque a balazos contra dos diputados en Culiacán.
Se busca que en 2027 la jornada se reduzca a 46 horas semanales, en 2028 a 44 horas, en 2029 a 42 y finalmente, en 2030, alcanzará las 40 horas.
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El nuevo marco jurídico elimina el carácter productivo de las empresas y las somete a la dirección de la Secretaría de Energía.
El Juicio de Amparo es una institución central dentro del sistema jurídico mexicano, es también la más importante de las aportaciones de México a los sistemas jurídicos del mundo.
Tres presidentes de las comisiones encargadas se rebelaron contra la imposición de la retroactividad en la reforma de propuesta por Sheinbaum.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera