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De 2016 a 2022 las lesiones por agresiones sexuales cometidas dentro de instituciones educativas aumentaron 142%, al pasar de 88 a 213 por año, según la Secretaría de Salud Federal, basada en los registros de casos atendidos en hospitales públicos.
Especialistas afirman que estos hechos han sido solapados por las autoridades escolares, sobre todo por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que, pese a los datos, no aplica castigos administrativos ni legales.
De estas 884 lesiones reportadas, el 95.6% corresponde a mujeres, y 65% son menores de edad, 10 de ellas tuvieron como consecuencia el embarazo y 3 adolescentes tuvieron que recurrir al aborto, pero estos problemas se extienden al ámbito social y psicológico de las víctimas, quienes, tras vivir un episodio de esta índole, reportan ansiedad, depresión y dificultades para el aprendizaje.
El Estado de México encabeza la lista de entidades con más casos de lesiones por violencia sexual contra menores de edad cometidos dentro de escuelas, con 172 registros, mismos que tuvieron un aumento del 151% en el periodo de 2016 a 2022. En segundo lugar, está Guanajuato, con 80 casos, seguido de Chihuahua (68), Ciudad de México (58) y Jalisco (51).
Cabe señalar que, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), los datos de la Secretaría de Salud Federal están muy por debajo de los datos reales, lo que representa un problema muy impactante, que revela la inseguridad y violencia generalizadas en el país.
En este sentido, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia, las lesiones dolosas en las escuelas, que asciende a casi 6 mil casos en siete años, se encuentran enmarcadas en un contexto de violencia generalizada en todo el país, lo que lleva a que “las escuelas ya no sean lugares seguros, pues ya hace bastante tiempo que hemos visto que también son escenarios de riesgo donde las niñas y niños están haciendo una reproducción de la violencia que viven en sus contextos comunitarios".
Entre sus demandas está la construcción de un laboratorio de física y química y un camión para viaje de estudios, entre otras. Sin embargo, a dos años de las peticiones, no se han resuelto.
Entre las recomendaciones destacó la capacitación para defensores públicos y privados para garantizar una defensa técnica adecuada y mayor calidad en el desempeño de los fiscales.
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Escrito por Fernando Landeros
Periodista