En camino similar va la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con su filial Telecomunicaciones e Internet para Todos (TIT), creada para dar acceso gratuito a conexiones digitales y que el pasado nueve de marzo obtuvo una concesión para alquilar su red de cables de fibra óptica (que, además de electricidad, pueden transmitir imagen, voz y datos) a terceras empresas, un modelo de negocios parecido al que llevó a la quiebra a Altán en 2021.
La CFE entró a este giro, según especialistas en finanzas, tras las enormes pérdidas que ha tenido en años recientes debido al empeño del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en generar el 50 por ciento de la electricidad que se produce con carbón mineral, en vez de hacerlo con energías limpias (hidráulica, solar, eólica) que son mucho más baratas.
Desde la reforma constitucional de 2014 en materia energética, Pemex se define legalmente como una empresa productiva del Estado, que ahora debe 110 mil millones de dólares (mdd), es la compañía petrolera más endeudada del mundo y sus ingresos son tan reducidos que le impiden invertir en nuevos proyectos y mejorar su seguridad industrial, razón por la que, con frecuencia, sufre accidentes.
Se ha mantenido a flote con transferencias de dinero público; en 2024 recibirá 145 mil millones de pesos (mdp). Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) sobre el estado financiero de Pemex, publicado el 31 de julio, revela que entre 2019 y el segundo trimestre de 2023, el gobierno la había nutrido con 1.32 billones de pesos.
En la misma situación se halla la empresa Altán Redes, que tampoco ha logrado generar recursos suficientes para sostener sus operaciones, liquidar los más de mil 700 mdd que debe y menos para invertir.
Su proyecto original consistía en ampliar la red nacional de telecomunicaciones propiedad del Estado, lo que había iniciado en marzo de 2018; pero en julio de 2021 se fue a la quiebra; y en 2022 fue rescatada con cargo al erario.
A diferencia de Pemex, que recibe aportaciones directas del erario, Altán se mantuvo a flote con “créditos” de la banca de desarrollo, principalmente de Nacional Financiera (Nafin), del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y del Banco de Obras y Servicios (Banobras).
Antes de su quiebra de 2021 y de su rescate en 2022, Altán Redes ya debía a la banca estatal 13 mil 500 mdp (cuatro mil 200 mdp a Nafin; tres mil 200 mdp a Bancomext y seis mil 100 mdp a Banobras). Al igual que la petrolera, los problemas de Altán se deben a que su plan de negocios es fallido, porque sus servicios no tienen posibilidad de generar ingresos propios y suficientes para cubrir sus operaciones, invertir en el desarrollo del ramo de telecomunicaciones y cubrir su deuda.
Una deuda multimillonaria
En 2022, la banca de desarrollo aportó 161 mdd para rescatar de la quiebra a Altán; y apenas el pasado 19 de septiembre anunció un nuevo crédito de 100 mdd; con éstos habrá recibido “préstamos” de dinero público por cerca de mil mdd, según analistas especializados.
El 20 de septiembre, en una entrevista para Imagen-radio, Fernando Borjón, consultor en Acces Partnership, explicó que la banca de desarrollo ha otorgado créditos a Altán por 951 mdd: el primero fue por 690 mdd para comenzar el proyecto de Red Compartida, equivalente al 30 por ciento de la inversión calculada para ese desarrollo.
“Quizá el tema aquí preocupante es cómo se está incrementando la deuda del lado de la banca de desarrollo de México”, cuestionó el analista, quien explicó que, además de los 690 mdd, los bancos estatales aportaron a Altán 161 mdd en 2022 para que renegociara su deuda, calculada en mil 500 mdd en ese año, y que ahora proyectan otro “crédito” por 100 mdd. “Es decir, serían 951 mdd, 38 por ciento más de lo originalmente planteado”, apuntó Borjón.
El analista coincide con otros expertos en que la viabilidad económica y rentabilidad financiera de Altán, como empresa, están en duda y que, si avanzó en la apertura de puntos de conectividad pública y gratuita en sitios donde no había, “lo cual es loable”, en la comercialización de sus servicios no ha logrado obtener los ingresos necesarios para subsistir.
Coincidió con otros especialistas del sector en que el gobierno de AMLO ha dejado a un lado el impulso a las inversiones que las empresas privadas de comunicación digital (telefónicas, cableras e Internet) puedan hacer para ampliar la cobertura de telecomunicaciones del país en zonas donde no las hay.
Incluso, desde 2019, estas empresas se han quejado de que el gobierno ha incrementado sustancialmente sus tarifas por el uso del “espacio radioeléctrico” en la transmisión de señales de telecomunicaciones, lo que encarece su operación y bloquea sus posibles inversiones en nuevas redes y tecnología, entre ellas la 5G (última generación), hoy estancada en México.
En respuesta a esta actitud, algunas corporaciones que habían obtenido permisos en este sexenio los han devuelto. El caso más destacado es el de la compañía Movistar que regresó todas sus autorizaciones y ahora funciona con la red de AT&T.