* Gobierno de Morena deja a los trabajadores en manos del apetito de acumulación de riqueza de inversionistas.

Ciudad de México. Luego del lamentable accidente en donde perdieron la vida 7 trabajadores de la mina Micaran, ubicada en la comunidad de Rancherías del municipio de Múzquiz, Coahuila, el líder nacional del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, señaló que el caso no es aislado de ese sector productivo; ni independiente “de la tupida red de intereses y complicidades ocultos detrás de estas tragedias”, pero sobre todo es el saldo de la falta de fuerza y decisión política para poner orden en la industria minera del país por parte del gobierno federal; ante ello, deben ser los obreros mineros mismos quienes tienen que defender sus derechos y su vida misma.

“Ni el gobierno federal, ni el estatal, ni el sindicato de Gómez Urrutia han podido o querido derribar los obstáculos que se oponen a que se haga justicia a los mineros mexicanos, vivos o muertos”, dijo Córdova Morán en su video semanal, tras analizar el caso Muzquiz donde, concluyó, se impuso la lógica capitalista de los inversionistas, los cuales no “arriesgan” su capital en un negocio porque quieran crear empleos para los desocupados o les preocupe la gran desigualdad y pobreza resultado de su insaciable apetito de acumulación de riqueza, sino porque encuentran en la política y los políticos “auxiliares muy valiosos, razón por la cual promueven y financian sus campañas electorales”.   

Citó el testimonio de los deudos, quienes aseguran haber denunciado previamente las malas condiciones de la mina ante el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz. Con apoyo de la asociación civil Pasta de Conchos y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, sostuvo, le hicieron llegar una carta acompañada de fotografías tomadas con fecha 12 de octubre del año pasado, solicitándole su intervención, es decir, “el problema, pues, sí era conocido y el accidente fatal sí pudo evitarse”.

En dicho documento, se afirma de las deplorables condiciones para trabajar de las víctimas; sin agua potable para los trabajadores que laboran bajo tierra, sin equipo de protección personal y de seguridad; sin consola para medir el nivel del gas tóxico, botiquín, extinguidores, ventiladores ni auto rescatadores. “Los trabajadores no sabían si estaban afiliados al Seguro Social y si contaban con servicio de salud o no. Esto se debe, dice el testimonio, a que durante décadas se ha permitido a los empresarios operar sin cumplir con la ley; muchos incluso no cuentan con el permiso correspondiente y coyotean el carbón en minas clandestinas”, aseveró.

El líder social cuestionó la postura de exponentes del gobierno de Morena, entre ellos, Napoleón Gómez Urrutia, líder minero de muchos años, actual senador y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del propio Senado del sector minero del país, quien no reconoce que es un fenómeno generalizado el que los empresarios no inviertan su dinero en asegurar la vida de los trabajadores porque afectaría sus sagradas utilidades. Alertó que México no ha firmado el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para salvaguardar los derechos de los trabajadores del sector minero, a pesar de los discursos oficiales tanto del presidente López Obrador, de exponentes como Napoleón Gómez Urrutia y de la propia titular del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Cuestionó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus exponentes de la 4T no enfrenten este problema con políticas de Estado, en vez de lamentaciones y buenos deseos. “Dejar la mejoría del nivel de vida, de las condiciones de trabajo y el cuidado de la seguridad y la vida de los mineros en manos de los empresarios mineros, en manos del propio capital minero personificado, es un disparate (o una irresponsabilidad) equivalente a poner la Iglesia en manos de Lutero”, dijo el luchador social.

El garantizar la seguridad y la vida de estos trabajadores es “responsabilidad del Estado, del gobierno y los funcionarios encargados de la operación legal y eficiente de la empresas, incluidas las empresas mineras”, dijo, por lo que son responsables del saldo mortal que cobró la vida de estos 7 trabajadores.  Atribuyó esta falta de responsabilidad del Estado a la complicidad existente entre el gobierno y los empresarios de ese sector, lo que mantiene en un batidero a la industria minera. Acusó que “el director de CFE, atado por sus compromisos con empresarios de su confianza, ni siquiera se dignó acusar recibo de la carta de las madres de los mineros de Múzquiz”.

Llamó a los trabajadores a constituirse en esa fuerza organizada que haga frente a la complicidad oficial que hoy ha cobrado la vida de otros de sus compañeros y encabezar la lucha del pueblo mexicano hacia un auténtico bienestar, siguiendo el ejemplo de sus heroicos antecesores de Cananea. “Ya es hora de que la clase obrera mexicana despierte, se concientice y se organice en forma independiente, libre de cualquier dependencia respecto a los poderes establecidos, para  ponerse a la cabeza del pueblo de México en la lucha por su liberación definitiva. No es una tarea sencilla pero es la única solución posible, como lo prueban los fallecidos en Múzquiz” finalizó.