La Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpetas de investigación en contra de 31 científicos e investigadores del Conacyt bajo los cargos de corrupción; sin embargo, debido a falta de pruebas en las denuncias, un juez rechazó la solicitud de aprehensión, pues uno de sus argumentos es que “no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro Consultivo está señalado en el estatuto del Conacyt; lo autoriza”.

Por segunda ocasión, la Fiscalía pidió encarcelar a 31 científicos e investigadores acusados por aportar recursos públicos a la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C., con el objetivo de realizar las funciones del Conacyt durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

De acuerdo con la fiscalía, el daño se contabiliza por 200 millones de pesos, siendo los delitos que conlleva los de operar recursos de manera ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Ahora el organismo busca una tercera ocasión para “hacer justicia” y “castigar” a aquellos que violaron la ley, en este caso, los científicos y los investigadores, pero ahora “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.

El rector de la UNAM, Enrique Graue, durante la ceremonia conmemorativa celebrada este miércoles, criticó como un despropósito e inconcebible la acusación de delincuencia organizada contra los académicos.

No es extraño que la 4T ataque a la comunidad científica. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha tachado a los médicos e investigadores como neoliberales y parte del sistema de corrupción que impera en el país.

Hay que recordar que en 2020 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó la reducción del 75 por ciento del presupuesto asignado a centros de investigación como el CIDE, el Cinvestav o el Conacyt. López Obrador respaldó esta acción al acusar a los investigadores de ladrones y corruptos.

“¡Ah! porque son investigadores están exentos de cometer actos de corrupción, bueno, en el Conacyt está demostradísimo, se robaban las medicinas”, dijo en su momento.

Arrecia la represión política
 

La represión en el gobierno de la Cuarta Transformación se ha visto desde su inicio, comenzando por los periodistas que no son afines al presidente y que han criticado su forma de gobernar. López Obrador ha llamado a aquellos que lo exhiben, como “vendidos, chayoteros, fifís, neoliberales”.

“Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos”, “hasta se insulta al presidente, pero no hay represión”, afirmaba en un video promocionando su Tercer Informe de Gobierno, sin embargo, de acuerdo con Artículo 19, durante el primer semestre de 2021, se han registrado 362 agresiones contra la prensa, además de señalar que la violencia continúa en el país, así como la inacción del Estado. Incluso, se afirma que los propios servidores públicos son los principales agresores.

Desde recortes al deporte, a la cultura, a la educación, a los sectores vulnerables, hasta la investigación, como se ve ahora, es lo que ha marcado en negativo al gobierno de la 4T.