El INE validó la elección judicial federal y entregó constancias a las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, criticó la propuesta de aumentar las remuneraciones para los ministros durante la aprobación del presupuesto para 2025, la cual fue respaldada por Yasmín Esquivel.
Batres también expresó su desaprobación por la permanencia de prestaciones como el seguro de separación individualizado, apoyo para comidas y medicamentos, servicio de telefonía y vehículos “innecesarios”, a pesar de que, según información proporcionada por la propia SCJN, la ministra también ha contado con los dos últimos beneficios.
Datos de transparencia publicados por medios nacionales indican que Batres dispone de vehículos oficiales y equipos electrónicos, incluido un teléfono celular contratado por el máximo tribunal.
Además, enlistó que los privilegios para ministros consisten en mantener un área especializada para la atención a ministros en activo y en retiro, el seguro de separación individualizado, el servicio de telefonía celular para altos funcionarios, la asignación de vehículos innecesarios (dos camionetas con blindaje para la movilización cotidiana de cada ministro), alimentos fuera del comedor interno y los medicamentos no provistos por el seguro privado de gastos médicos mayores, entre otros.
El INE validó la elección judicial federal y entregó constancias a las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera