En una acción concertada, Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE) impusieron nuevas sanciones sobre Rusia con el pretexto de violación a los derechos humanos y el uso de armas químicas, con lo que se retorna a las tensiones que dominaron en la Guerra Fría y aumenta el riesgo de confrontación. Decidido a frenar el desarrollo de Rusia, Occidente construyó y financió a su caballo de Troya: el disidente Alexei Navalni.

En una estrategia que semeja más una tragicomedia, la propaganda estadounidense y europea elevó al abogado y bloguero Alexei Anatólievich Navalni por encima del estatus de un jefe de Estado. La justicia rusa acusa a ese disidente de los delitos de estafa contra Yves Rocher y apropiación de fondos de Kirovles; Washington y Bruselas niegan que su protegido sea culpable.

La táctica contra el Kremlin semeja una tragicomedia porque acusan, sin evidencia, que hubo un complot para asesinar a ese personaje, ordenado por el presidente ruso Vladimir Putin. Ante ello, el ministro del Exterior, Serguéi Lavrov, exclamó: es el “triunfo de lo absurdo sobre la razón”.

La provocación contra Rusia se armó sobre tres ejes: Primero, cuando los actuales centros del poder occidental concedieron a un agitador como Navalni credibilidad a sus fantásticas versiones y brindaron todo el apoyo –que no es poco– en detrimento de la imagen internacional del gobierno ruso.

El ambiguo estilo político del personaje, que apela al racismo y expresiones xenófobas, atrae a las fuerzas más radicales que apenas sumarían el dos por ciento de los 145 millones de rusos. Sin embargo, para las agencias de inteligencia de EE. UU. y la UE, Navalni, es un “activo” y por eso financian sus acciones. De ello posee evidencia el Kremlin.

 Con el guion de “promover la democracia” europea en el mundo, los gobiernos de Occidente instaron a Navalni para conformar la Fundación Anticorrupción para, supuestamente, investigar por corrupción a funcionarios y empresas rusas. Por sus “hallazgos”, EE. UU. y Europa lo ascendieron al rango de principal líder opositor ruso.

En 2018, Navalni contendió para la alcaldía de Moscú y obtuvo menos del 27 por ciento, frente al 70 por ciento del alcalde moscovita Serguei Sobyanin, quien se reeligió. Aunque el opositor reconoció su derrota, después declaró que se falsificaron los resultados y afirmó que ganó más del 36 por ciento de votos. Y por ello, Occidente lo convirtió en héroe.

“Alexei Navalni lidera a los rusos en una batalla histórica contra el gobierno arbitrario, con palabras que hacen eco a Catalina la Grande”, escribió, en The Conversation, la maestra de ruso de la Universidad de Arizona, Hilde Hoogenboom. Es risible que el Observatorio Español de Medios Cibernéticos califique a ese medio como “perfecta fusión del periodismo y la academia” por editorializar sin informar.

El segundo eje de provocación contra Moscú es la campaña occidental que niega los delitos de Navalni y, al no obtener su “inmediata” liberación, impuso un nuevo grupo de sanciones al gobierno y a empresas rusas. Para el derecho es un defraudador convicto que violó flagrantemente su libertad bajo palabra tras permanecer cinco meses en Alemania el año pasado.

En ese periodo, Occidente propagó la falacia sobre su supuesto envenenamiento para asesinarlo; y tras su retorno a Rusia, Navalni violó de nuevo los términos de su liberación. Por esas provocaciones contra el marco jurídico ruso, las autoridades revocaron la suspensión de su condena original de 2014, y en febrero lo apresaron.

El tercer eje de acción que EE. UU. desplegó contra Rusia es una estrategia de emergencia, pues ve que su caballo de Troya no logra el efecto esperado. Entonces acusó al gobierno de Vladimir Putin de violar el tratado de la Convención sobre Armas Químicas “por usar un agente nervioso”.

Nada sustenta tal versión. En 2017, de forma verificable, Rusia destruyó todas sus existencias residuales de armas químicas; en cambio, EE. UU. no cumplió con desmantelar sus reservas de tales defensas. Así quedó en evidencia por su propia falacia.

Más presión

Pese a que no prueba sus acusaciones, Occidente aplicó el “régimen global” de sanciones por violaciones a los derechos humanos. El 22 de febrero, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y la UE incluyeron a funcionarios rusos en su lista negra. A todos les prohibió viajar a Estados occidentales y les congeló activos.

Los afectados fueron seleccionados por ser clave en la política nacional: el jefe de Dirección de Política Presidencial, Andréi Yarin y el Viceministro de Defensa, Alexéi Krivoruchko. A otros se los eligió por su vínculo con la justicia, como el fiscal general Igor Krasnov; el director del Comité de Investigación, Alexandr Bastrikin; el jefe de la Guardia Nacional, Víctor Zólotov y el director del Servicio Federal Penitenciario, Alexandr Kaláshnikov.

EE. UU. pidió a sus agencias de inteligencia “evaluar” al menos cuatro áreas, a las que pueda imponer más restricciones en las próximas semanas y sancionó a 14 instituciones relacionadas con el sector científico-tecnológico por “fabricar armas químicas y biológicas”.

El Reino Unido ofreció solicitar a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas que mantenga presión sobre Rusia y pidió a Alemania y Francia que respalden esas medidas.

Ante las nuevas restricciones, la vocera de la cancillería rusa María Zajárova respondió contundente: “Se trata de otra abierta injerencia en nuestros asuntos internos y no lo vamos a tolerar. Responderemos de forma recíproca y no necesariamente de forma simétrica”.

Es notorio que se incluyeron medidas financieras que minan los sectores estratégicos de defensa y ciencia para frenar el desarrollo de Rusia. De ahí que la supuesta protección de derechos humanos de Navalni carezca de sentido, estima el abogado ruso Leonid Slutsky.

Ejemplo de que la “preocupación” por los derechos humanos en Rusia significa un subterfugio de Occidente: es su reacción ante el caso del opositor y columnista saudita Jamal Khashoggi, quien desapareció al ingresar al consulado de su país en Turquía. Autoridades de ese país y de EE. UU. afirman que fue asesinado por órdenes del príncipe heredero Mohamed bin Salman.

Casi tres semanas después de asumir la presidencia de EE. UU., Joseph Robinette Biden conversó con el rey Salman de Arabia Saudita. Y aunque se habló “de pasada” sobre violaciones a los derechos humanos, no se abordó la desaparición de Khashoggi.

La UE imitó a Biden al guardar silencio ante lo que la prensa estadounidense calificó como “acto barbárico”; y hasta hoy, los países miembros siguen sus lucrativos negocios con el reino sin reclamos ni sanciones.

En contraste, días después de asumir la presidencia, Biden conversó por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin, a quien le manifestó las “serias preocupaciones” de su gobierno sobre la violación a los derechos humanos de Navalni.

La diferencia entre esa vehemente “preocupación” de la UE y EE. UU. sobre el minúsculo asunto de Navalni, comparado con su inacción sobre el notorio caso de Jamal Khashoggi, revela el doble rasero de esos países. Sancionar a Rusia sin evidencias hace que los actos de los países occidentales confirmen el triunfo de lo absurdo sobre la razón y una temeraria provocación.

La contención

Algo es claro: a Occidente no le interesan los derechos humanos ni Navalni. Su único interés es contener a Rusia mediante sus aliados y su poderoso brazo armado: la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Las sanciones al Kremlin evidencian que esa estrategia de contención alcanza el paroxismo.

En términos geopolíticos, contener al país más extenso del planeta pasa por allegarse de su periferia: Ucrania, Georgia y Asia Central. Y el objetivo final consiste en el cambio de gobierno, afirma el periodista brasileño Pepe Escobar. El presidente Vladimir Putin lo sabe, y así habló ante la cúpula del Servicio Federal de Seguridad el tres de marzo:

“Nos enfrentamos a la fase política de esa contención de Rusia. No es por la competencia natural en las relaciones internacionales, sino de una política consistente y agresiva para interrumpir nuestro desarrollo, creando problemas en la periferia”.

Crear inestabilidad interna, socavar valores de la sociedad rusa para debilitar a Rusia y ponerla bajo control externo es el sueño de los neoconservadores occidentales. Sin embargo, no es una buena idea para la “civilizada” OTAN iniciar una pelea con los herederos –laterales– del Gran Khan, advierte Escobar.

Las relaciones entre Rusia y la UE tras la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) mantuvieron las pasiones y prejuicios de la Guerra Fría. El objetivo de Occidente fue avanzar hacia el este y se apoyó en la que absorbió con promesas a los antiguos miembros del Pacto de Varsovia, advierte el general y politólogo español Alberto Piris.

Ese avance violó el pacto tácito entre Rusia y Occidente, que reconocía al Kremlin no haberse opuesto –y facilitado– la reunificación de Alemania, denuncian analistas rusos. La nueva Rusia, que intentaba reconstruirse, protestó por ese expansionismo, pero su posición política y diplomática era muy débil.

Para los gobernantes rusos, ese imparable avance de la OTAN revivió su histórico temor de ser asfixiados territorialmente, el mismo que los ha llevado a buscar salidas hacia mares templados, refiere Piris. La desconfianza mutua persistió hasta 2011, cuando apareció el Estado Islámico (EI) como enemigo común de Bruselas y Moscú, con lo que amainó el recelo.

Ese año, Putin propuso proyectos comunes a sus vecinos europeos, como la Unión Euroasiática y evocó al general Charles de Gaulle cuando planteó una Europa unida “desde Lisboa hasta Vladivostok”. Occidente no lo escuchó y alentó la tensión por la crisis de 2014 en Ucrania, que derivó en la escisión de Crimea.

La agresiva escalada en la era de la pandemia de Covid-19 obliga a reevaluar intereses comunes. Piris concluye: ni Rusia será pronto la democracia que Occidente le exige, ni Europa abandonará el doble rasero con que trata a otros Estados, no por su pureza democrática, sino por sus intereses económicos.