Las recientes y brutales represiones de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos (EE. UU.), con saldo de asesinatos y violencia estatal en enero de 2026, bajo la administración de Donald Trump, no pueden explicarse únicamente como la política xenófoba o las ocurrencias de un individuo despreciable, que sin duda lo es. La pregunta urgente es otra: ¿por qué, a la luz del día y con evidencia abrumadora, estos actos no son universalmente condenados como crímenes de Estado? ¿Por qué la llamada democracia más avanzada del mundo permite una persecución y una represión que recuerdan, en su lógica y escala, a las emprendidas por los regímenes fascistas del Siglo XX? La respuesta radica en que las instituciones que ejecutan estas operaciones, y que en conjunto conforman el Estado, fueron diseñadas precisamente para ello: para reprimir, para usar la fuerza legítima cuando el orden establecido lo requiera.

La ciencia política clásica sostiene que el Estado detenta el monopolio legítimo de la violencia para garantizar el bienestar común. Este relato idílico oculta una verdad histórica incómoda: el Estado no es una entidad neutral, sino que surgió con la estratificación social para proteger los intereses de una clase dominante, como evidencian los estudios sobre la formación de las primeras civilizaciones. Pensadores como Gramsci complejizaron este análisis al mostrar que el dominio se ejerce también a través del consenso cultural (hegemonía). Sin embargo, en momentos de crisis, cuando ese consenso se resquebraja, el Estado deja caer la máscara y muestra su naturaleza esencial de garante armado de un orden desigual. Las redadas del ICE bajo Trump no son una anomalía democrática, sino la manifestación descarnada de una capacidad represiva cultivada por décadas, lista para usarse cuando los intereses que protege se sienten amenazados.

Por ello, el desgarro de vestiduras de los demócratas –el otro partido, que representa a un sector del capital frecuentemente opuesto, en estilo y táctica, al que arropa a Trump– adquiere un tinte de hipocresía histórica. Sus llamados a la concordia y al Estado de Derecho chocan frontalmente con la memoria reciente y con estructuras que ellos mismos nutrieron. El presidente Barack Obama, al que hoy se cita como contrapunto civilizado, fue bautizado por los movimientos migratorios como el deportador en jefe, al supervisar la expulsión de más de tres millones de personas y perfeccionar la maquinaria del ICE que Trump luego aceleraría. Tampoco puede olvidarse que los altísimos índices de violencia policial contra las comunidades afrodescendientes y latinas –cuyo símbolo permanente es el asesinato de George Floyd– no son un invento de la era Trump, sino el síntoma de un sistema policial cuyos fundamentos racistas y clasistas se han mantenido intactos a través de administraciones de ambos colores.

Esta continuidad represiva se explica porque las instituciones emblemáticas del Estado profundo estadounidense, presentadas ante los ciudadanos como garantes neutros de la libertad y la seguridad, tienen una biografía secreta de instrumentos al servicio del orden burgués establecido. El FBI, lejos de ser sólo un cazador de criminales, libró una guerra sucia contra la disidencia interna a través del infame programa COINTELPRO (1956-1971), diseñado explícitamente para “desbaratar, desacreditar y neutralizar” a organizaciones consideradas subversivas. Sus objetivos no fueron espías extranjeros, sino el Partido Pantera Negra, el movimiento chicano, líderes sociales como Martin Luther King Jr., y sindicatos combativos. Su misión real era anular cualquier amenaza política al statu quo económico y social.

A este complejo represivo se suma un sistema penitenciario y judicial que constituye la expresión más pura del sesgo clasista y racista. EE. UU., con apenas el cinco por ciento de la población mundial, concentra el 25 por ciento de las personas encarceladas en el planeta. En este mecanismo, los afroamericanos tienen seis veces más probabilidades de ser encarcelados que los blancos por los mismos delitos. Esta maquinaria funciona como un circuito de control social y de mano de obra legalmente esclavizada –aprovechando la ambigüedad de la 13ª Enmienda, que prohíbe la esclavitud “salvo como castigo por un delito”–, y se aplica con eficacia burocrática e implacable contra los pobres. Esta fachada de imparcialidad se quiebra cuando entran en juego los intereses de la clase en el poder. Entonces, el ‘imperio de la ley’ se doblega: se atropellan procesos y se conceden indultos a aliados. La justicia se revela como un instrumento, no un árbitro. El caso del multimillonario Jeffrey Epstein es modelo: su red de abuso sexual contra menores, protegida por acuerdos judiciales secretos, privilegios carcelarios y una muerte oportuna bajo custodia, demostró que el sistema legal tiene una velocidad para los pobres y los migrantes, y otra, paralizada, para los ricos y bien conectados.

La represión abierta de Trump no es una ruptura, sino la caída del último velo. El “Estado benefactor” que mediaba retóricamente entre capital y trabajo ha dado paso, en la coyuntura de declive hegemónico y crisis de rentabilidad, a un Estado que ejerce la violencia sin ambages. Para el bloque de capitales extractivistas, financieros y militar-securitarios que Trump representa, este espectáculo de fuerza es un cálculo frío: vale más consolidar un núcleo duro de votos y canalizar la frustración de un sector de la clase trabajadora hacia el chivo expiatorio migrante, que preservar la vida y la dignidad de miles. Es la explotación política de un malestar real, dirigido a proteger un orden que sólo beneficia a los más ricos.

La elección de Minneapolis como epicentro de esta política antiinmigrante adquiere, en este marco, un simbolismo brutal. No es casualidad que una ciudad santuario, con una larga tradición de resistencia progresista y una vibrante comunidad somalí y africana, sea el blanco. El mensaje es claro: ni siquiera los bastiones de la oposición están a salvo. El espectáculo de la represión, querido lector, es para Trump un recurso necesario. Le importa poco el sufrimiento de los hogares destrozados por la zozobra y la deportación; lo que le interesa es demostrar que el Estado puede y debe actuar con impunidad para restaurar un “orden” que, en última instancia, es el orden de las ganancias de los más ricos.

Y aquí los datos de Oxfam aportan la prueba definitiva: la riqueza de los milmillonarios se disparó bajo Trump, mientras la mayoría veía estancarse su economía. Éste es el núcleo: la represión del ICE no es una política aislada; es la otra cara de la moneda que entrega rescates fiscales a los más ricos. Es la violencia necesaria para mantener un sistema que produce, simultáneamente milmillonarios y miseria masiva. La brutalidad en la frontera y la acumulación obscena en Wall Street son síntomas del mismo mal: un Estado que ha abandonado toda pretensión de bien común para convertirse en el guardaespaldas armado de una oligarquía.

La evidencia ya no admite duda: un Estado que permite que doce milmillonarios acumulen más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad, como documenta Oxfam, no es un instrumento neutral, sino el brazo ejecutor de un proyecto de desigualdad masiva.

Frente a un Estado que se revela como guardaespaldas armado de la oligarquía, la disyuntiva para la clase trabajadora –blanca, negra, migrante– es histórica. La organización ya no puede basarse en la ilusión de reformar al Leviatán, sino en construir un contrapoder que le imponga condiciones: impuestos reales a la riqueza extrema, desmantelamiento del monopolio político de los superricos y construcción del poder de la mayoría. Esto exige reconocer al enemigo común: la clase parasitaria que acumula fortunas obscenas como las de Musk o Bezos a costa de nuestra precariedad; y forjar una unidad de clase tan sólida que pueda desviar la fuerza del Estado. Dejar de ser su objeto de represión para convertirse en el sujeto que dicta las reglas no es una utopía; es la condición para un futuro habitable. La democracia no se mendiga; se arranca. Y sólo comenzará el día en que los oprimidos decidan dejar de pedir justicia a sus carceleros y se la tomen por sus propias manos.