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De acuerdo con información del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), en México existen más de cinco mil empresas de seguridad privada registradas formalmente ante la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). No obstante, se estima que más de 10 mil operan de manera irregular, situación que vulnera los derechos laborales de miles de trabajadores del sector.

En el Estado de México (Edomex), la Secretaría de Seguridad estatal tiene registradas 467 empresas formales; Sin embargo, se calcula que por cada empresa que cumple con la normatividad operan una o dos irregulares, conocidas como “empresas patito”, lo que representaría entre 700 y 800 compañías sin permiso local.

Estas empresas captan hasta el 60 por ciento del mercado, principalmente en los sectores residencial y comercial, gracias a precios más bajos que generan competencia desleal frente a las compañías que sí cumplen con la ley.

Mientras las empresas formales ofrecen salarios superiores a los 12 mil pesos, los trabajadores que brindan su servicio a las agencias irregulares carecen de prestaciones de ley como un salario competitivo, seguridad social, vacaciones y aguinaldo, aseguran especialistas del sector.

Asimismo, advierten que la proliferación de estas empresas irregulares precariza el empleo, reduce la calidad del servicio y eleva los riesgos de seguridad, incluida la posible infiltración de organizaciones del crimen organizado.

Temen infiltración del crimen organizado en la seguridad privada

En noviembre de 2025, Daniel Espinosa Ávila, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), advirtió en entrevista con El Sol de Toluca sobre los riesgos de infiltración de la delincuencia organizada en el sector de seguridad privada en el Estado de México, y subrayó la urgencia de promulgar una ley federal que unifique la regulación en todo el país.

Espinosa señaló que en el Edomex el sector ha enfrentado problemas específicos relacionados con el traslado de personal y unidades de seguridad, algunas de las cuales han sido remitidas al corralón o sancionadas por autoridades estatales.

Respecto a la infiltración del crimen organizado, indicó que la AMESP tiene conocimiento de casos documentados en servicios prestados por los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (CUSAEM), donde algunos contratos habrían sido aprovechados por grupos criminales.

Para prevenir esta situación, la asociación revisa que las empresas cumplan con controles de confianza, estudios policiales, revisiones de antecedentes y su integración a plataformas de seguridad pública que permiten el monitoreo de cada elemento.

Por último, el presidente de la AMESP explicó que el sector enfrenta una regulación fragmentada, que obliga a las empresas a tramitar múltiples permisos, tanto federales, estatales, municipales y específicos según el tipo de servicio, lo que incrementa los costos operativos y genera un entorno propicio para la proliferación de “empresas patito” que operan sin registro ni supervisión.