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La artimaña de los políticos de cambiar de nombre a las cosas para mantenerlas igual ya es vieja; pero a veces solo sirve para empeorarlas; esto parece demostrar el caso que aborda el Reporte Especial esta semana.
Algunas dependencias de gobierno ya existían antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera el mando y Morena llegara a ser el partido en el poder; sin embargo, tal vez por un afán innovador o el deseo de dejar sentado que éste es un gobierno creador, se efectuaron cambios nominales, aparecieron nuevas secretarías, institutos etc.; se trataba solamente de rebautizar dependencias, la única diferencia es que, ahora, los nombres coinciden con la propaganda y el discurso del gobierno de la “Cuarta Transformación”: bienestar del pueblo, austeridad, honestidad, lucha contra la corrupción, etc.
A estos cambios cosméticos obedece la aparición del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), creado en agosto de 2019. Mediante un simple cambio de nombre, se sustituyó al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), tal como lo había anunciado AMLO en mayo de ese mismo año, cuando también prometió que los bienes confiscados a delincuentes serían subastados y el dinero así obtenido se destinaría a obras que beneficiaran a las comunidades marginadas; y no faltó una buena ocurrencia presidencial: se colocaría en cada obra una plaquita con el nombre del delincuente o cártel delictivo que fuera objeto de la confiscación.
Más de año y medio después de publicado el decreto para la creación del Indep, nos damos cuenta, a través de nuestro Reporte Especial, de que a los objetivos “con sentido social” del Instituto creado en 2019, concretamente a beneficiar a comunidades marginadas de todo el país, pueden añadirse, cuando lo ordene el Poder Ejecutivo, otros distintos, como aportar una cuantiosa suma para financiar el sorteo del avión presidencial; también nos damos cuenta de que hasta la fecha las comunidades más pobres continúan esperando ser beneficiadas con obras y servicios mientras se desvían recursos hacia otros fines menos urgentes pero más aprovechables mediáticamente; además, que existen denuncias de graves irregularidades administrativas y financieras en el Indep.
Además, se dan a conocer denuncias de corrupción en el Indep cuyas investigaciones no prosperan porque las bancadas morenistas lo impiden, aprovechando su mayoría en los órganos del Poder Legislativo.
Todos los anteriores son síntomas de corrupción en el seno de un gobierno que llegó al poder abanderando la lucha contra esta lacra, que aseguraba es la causa de todos los males del país.
AMLO se irá de Palacio Nacional, sin comprender que su “popularidad” se debió a las entregas monetarias en efectivo con las que brindó estabilidad política a la oligarquía comercial, industrial y financiera de México.
López Obrador “no entendió” que debía erradicar la corrupción de las instituciones, no dedicarse a destruirlas; que tenía que fortalecer al Poder Judicial, no infiltrarlo.
Es muy insuficiente (y disminuye cada vez) el presupuesto asignado a infraestructura hidráulica para 2024; según expertos, México necesita 85 mil mdp durante 10 años continuos para garantizar el acceso al agua.
México está sumergido en una crisis política y económica profunda prácticamente desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión.
Víctor Manuel Toledo arremete contra los intereses que encabezan algunos integrantes del gabinete presidencial.
La implementación del Insabi a nivel nacional ya ha dejado en Oaxaca a 576 personas en el desempleo.
"Queremos que, a más tardar a mediados de abril, ya estén vacunados con primera dosis, los adultos mayores de 70 años”, anunció el presidente.
El rector de la Universidad, afirmó que la educación impartida en la institución que dirige responde al llamado de la sociedad que demanda la superación colectiva.
Las incongruencias son muchas, ¿vale la pena conformarse con los programas electoreros a cambio del hundimiento del país; o el derramamiento de sangre a cambio de “becas”?
El monto total de la deuda es de 62 mil 442 millones de pesos correspondientes a 21 entidades federativas.
Y en esta sociedad “democrática”, asediada por la irracionalidad y el autoritarismo, los delitos oficiales son “la corrupción” y el “enriquecimiento ilícito”.
“De nueva cuenta queda en evidencia que la adquisición y uso de herramientas de vigilancia en México continúa fuera de control": R3D.
Los recursos como municipio no fueron suficientes. Esto los llevó a pedir el apoyo de estas Organizaciones de la Sociedad Civil.
En Chapingo se ha convertido en delito una garantía individual constitucional: el derecho de cada quien a participar en el partido de su preferencia.
2021 brindará la oportunidad de iniciar el fin del viejo régimen, pero para ello hay únicamente una salida: organización y educación.
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Escrito por Redacción