No hay comprobación fiscal que lo inculpe, argumentó la consejera electoral Carla Humphrey
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La artimaña de los políticos de cambiar de nombre a las cosas para mantenerlas igual ya es vieja; pero a veces solo sirve para empeorarlas; esto parece demostrar el caso que aborda el Reporte Especial esta semana.
Algunas dependencias de gobierno ya existían antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera el mando y Morena llegara a ser el partido en el poder; sin embargo, tal vez por un afán innovador o el deseo de dejar sentado que éste es un gobierno creador, se efectuaron cambios nominales, aparecieron nuevas secretarías, institutos etc.; se trataba solamente de rebautizar dependencias, la única diferencia es que, ahora, los nombres coinciden con la propaganda y el discurso del gobierno de la “Cuarta Transformación”: bienestar del pueblo, austeridad, honestidad, lucha contra la corrupción, etc.
A estos cambios cosméticos obedece la aparición del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), creado en agosto de 2019. Mediante un simple cambio de nombre, se sustituyó al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), tal como lo había anunciado AMLO en mayo de ese mismo año, cuando también prometió que los bienes confiscados a delincuentes serían subastados y el dinero así obtenido se destinaría a obras que beneficiaran a las comunidades marginadas; y no faltó una buena ocurrencia presidencial: se colocaría en cada obra una plaquita con el nombre del delincuente o cártel delictivo que fuera objeto de la confiscación.
Más de año y medio después de publicado el decreto para la creación del Indep, nos damos cuenta, a través de nuestro Reporte Especial, de que a los objetivos “con sentido social” del Instituto creado en 2019, concretamente a beneficiar a comunidades marginadas de todo el país, pueden añadirse, cuando lo ordene el Poder Ejecutivo, otros distintos, como aportar una cuantiosa suma para financiar el sorteo del avión presidencial; también nos damos cuenta de que hasta la fecha las comunidades más pobres continúan esperando ser beneficiadas con obras y servicios mientras se desvían recursos hacia otros fines menos urgentes pero más aprovechables mediáticamente; además, que existen denuncias de graves irregularidades administrativas y financieras en el Indep.
Además, se dan a conocer denuncias de corrupción en el Indep cuyas investigaciones no prosperan porque las bancadas morenistas lo impiden, aprovechando su mayoría en los órganos del Poder Legislativo.
Todos los anteriores son síntomas de corrupción en el seno de un gobierno que llegó al poder abanderando la lucha contra esta lacra, que aseguraba es la causa de todos los males del país.
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El salario de Andrés López Beltrán, como el de todos los dirigentes de partidos políticos, proviene del erario.
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Escrito por Redacción