Del gobierno de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) al actual, a cargo de Alejandro Murat Hinojosa, las autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) han desviado recursos fiscales aportados por los trabajadores (mediante el Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuotas de pago de vivienda y seguros médicos, entre otros, por un monto que supera los 10 mil millones de pesos (mdp).

Esta defraudación se evidenció a finales de 2020, cuando en los SSO faltaron los recursos financieros para pagar las prestaciones de sus trabajadores y éstos, principalmente los sindicalizados, amagaron con declararse en huelga general en plena pandemia del Covid-19. Ante esta amenaza, el gobierno estatal, para cumplir con los inconformes, decidió afectar al personal más vulnerable: los médicos y las enfermeras que trabajan sin contrato laboral, a muchos de los cuales, incluso, despidió pese a la crisis sanitaria.

En una circular, emitida el 31 de diciembre de 2020 por el entonces director de Administración de los SSO, David Concha Suárez, se explicó que, por esta ocasión, el personal eventual no podrá firmar su contratación en el periodo inmediato posterior al término de su contrato “derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19)”.

En el documento de Concha Suárez se precisa que, durante el ejercicio 2020, se habían tomado ciertas decisiones para optimizar los recursos autorizados en el presupuesto 2020, y que entre las medidas adoptadas, se había acordado la ejecución de un ajuste en el capítulo 1000 de la nómina, que regula los Servicios Personales. “Por lo que les comunico que, derivado de los ajustes presupuestales antes mencionados, para el ejercicio 2021 ningún personal en la modalidad de eventual tendrá percepciones mensuales superiores a los 15 mil pesos”, argumentaba el funcionario.

El ahora exdirector de Administración acepta que el gobierno de Oaxaca ha incurrido en diversos delitos penales, entre los que destaca el desvío de recursos para sufragar la nómina del sector salud. Por ejemplo, aceptó que para pagar el sueldo de dos mil 609 trabajadores eventuales se desviaron 36 mdp mensuales del dinero retenido por el gobierno estatal por concepto del ISR y de las cuotas laborales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Pero Concha Suárez responsabilizó de esta decisión al extitular de los SSO, Donato Casas Escamilla y al subsecretario Martín Matus, porque fueron quienes ordenaron estas acciones con el propósito de cumplir con el pago de la nómina, aunque no se deslindó de su propia responsabilidad en la ejecución de las mismas durante su función como Director de Administración.

“Todos los funcionarios involucrados en esas transacciones podrían ser procesados e ir a la cárcel por desvío de recursos”, declaró; y afirmó que esta misma situación prevalece en el caso de al menos cuatro mil trabajadores de los SSO que permanecen bajo el estatus de regularizados.

Durante su participación en el IX Informe Semanal Covid-Industrial de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), el gobernador Alejandro Murat reconoció que se han desviado más de ocho mil mdp de los descuentos efectuados a los trabajadores mediante la nómina. “Oaxaca enfrenta la pandemia del Covid-19 con un sistema de salud en déficit presupuestal y deudas por impuestos correspondientes a ocho mil millones de pesos”, sostuvo.

Según el mandatario, el gobierno de Oaxaca adeuda más de dos mil mdp al ISSSTE y seis mil mdp al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en aportaciones laborales del ISR no entregados.

El secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Mario Félix Pacheco, precisó que el desvío de este dinero corresponde a los descuentos por la atención médica, Fondo para Vivienda y sistema de pensiones del ISSSTE y los seguros institucionales.

Además del déficit presupuestario en las finanzas públicas del sector salud, explicó el líder sindical, se ha colocado a los trabajadores como si ellos fueran los defraudadores o deudores de ese dinero “cuando son las autoridades quienes han tomado ese dinero de manera indebida”. Esto ha provocado que todos estén en buró de crédito y que quienes quieren jubilarse o ya se han jubilado, tengan problemas para lograrlo.

“De este sexenio no tengo una cantidad, pero el tema es que este gobierno dijo que no iba a desviar, pero ya ha ocurrido. En el Fovissste se debían 230 millones de pesos solo de 2020, aunados a lo que se ha acumulado. Afectaciones a los trabajadores; el tema es que no estamos actualizados; y mientras no estemos actualizados porque no se ha pagado, pues nosotros vamos a tener problemas. Es más, los compañeros que están a punto de jubilarse, tienen problemas para lograr; y los que ya se jubilaron, tienen problemas en este aspecto”, puntualizó.

Cuando asumió por poco tiempo la titularidad de los SSO en la actual administración a cargo de Murat, Juan Díaz Pimentel informó que, entre 2013 y 2017, se desviaron alrededor de dos mil 450 mdp, otros mil 700 mdp en años recientes; y que ese dinero se usó para cubrir los salarios de aviadores, trabajadores contratados ilegalmente y personal comisionado por el sindicato.

Presentan denuncia ante FGR

Un grupo de trabajadores de los SSO presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el extitular Donato Casas y otros funcionarios de la dependencia, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos y en el nulo pago a terceros institucionales.

En la denuncia explicaron que estas irregularidades los dejan en estado de indefensión como trabajadores y afectan a los oaxaqueños en general, porque al colapsarse el sistema estatal de salud se violenta el derecho humano a la salud.

Según el documento, hay una “red de corrupción” de la que forman parte el Secretario y el Director de los Servicios de Salud de Oaxaca, el Subdirector de Administración y Finanzas de esa dependencia y el Director de Administración. Los titulares de estas oficinas están “aprovechándose de sus facultades y responsabilidades” para saquear “los recursos públicos destinados a la salud de los oaxaqueños”.

La denuncia ante la FGR señala que los hechos delictuosos se han cometido continuamente desde sexenios pasados; y están relacionados con el “desvío y manejo indebido de recursos públicos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), cometidos por los mismos SSO”.

Explica que se ha verificado que los SSO realizaron las retenciones globales del ISR a salarios que ascienden a 845 millones 618 mil cinco pesos, pero no define la proporción que corresponde a Fassa 2017; y no presenta evidencias de la entrega hecha al SAT por 474 millones 528 mil nueve pesos.

En el pago global de las cuotas y aportaciones de seguridad del ISSSTE, no identifica la proporción correspondiente a Fassa 2017; y no proporciona evidencia de las declaraciones y pagos de quincenas 21, 22, 23 y 24 por 25 millones 494 mil ocho pesos.

También registra contablemente las cuotas y aportaciones de seguridad social del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y del Fondo de la Vivienda por 160 millones 965 mil pesos; pero no evidencia las declaraciones y pagos de los bimestres 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Denuncia también irregularidades por “un millón 223 mil 758 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 para realizar pagos por concepto de recargos”.

La acusación en torno a los actos de corrupción por desvío de recursos, que violentan los derechos humanos, se sustenta con el argumento de que la disminución de los recursos públicos en el sistema de salud impide a éste cumplir con sus obligaciones de proteger, garantizar y promover la salud, que representa un derecho humano.

La denuncia por la probable comisión del delito de peculado fue hecha contra Donato Augusto Casas Escamilla, exsecretario de Salud de Oaxaca y Director General de Servicios de Salud de Oaxaca; Gabriela del Refugio Velásquez Rosas, Celestino Alonso Álvarez y Juan Díaz Pimentel, quienes fungieron como Secretarios de Salud del estado de Oaxaca y Directores de los Servicios de Salud de Oaxaca en el periodo de los hechos denunciados.

También están imputados Luis Martín de Jesús Mathus Alonso, actual Subdirector de Administración y Finanzas de los SSO; Francisco Javier Cornejo Roldán y José Luis Monroy Flores, quienes fungieron como Subdirector de Administración y Finanzas de los SSO en el periodo de los hechos denunciados; Gustavo Ruíz Garnica, actual Director de Administración de SSO y Eustorgio Martínez Martínez, quien se desempeñó como Director de Administración de los SSO.

Por la probable comisión del delito de ejercicio ilícito del servicio público, están denunciados Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal; Luis Antonio Ramírez Pineda, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y José Ángel Díaz Navarro, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca.

A decir del Fiscal Anticorrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, se configuran al menos tres delitos; dos de ellos del fuero federal, por presunta defraudación fiscal en perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT, y por peculado, por el desvío de recursos federales para otros fines.

Otro de los delitos invocados es de fuero local, y se refiere al abuso de autoridad; al no haber informado sobre el pago de los impuestos y porque, al ser un funcionario estatal, está obligado al ejercicio de un buen desempeño como servidor público.

Denuncia de la Contraloría de Oaxaca

La Secretaría de la Contraloría (SC) del gobierno de Oaxaca confirmó que hay una denuncia por el desvío de cuatro mil mdp en los SSO durante del sexenio de Gabino Cué Monteagudo, contra el extitular de la dependencia, Germán Tenorio Vasconcelos, quien actualmente se encuentra preso por el desvío de 100 mdp. La SC precisó, sin embargo, que no se ha iniciado ninguna denuncia contra el gobierno de Murat Hinojosa y los titulares de los SSO por el desvío de más de seis mil mdp por la misma práctica.

Según el subsecretario de Auditoría y Supervisión de Obra de la SC, Eduardo Cruz Sánchez, el resultado de las auditorías revela que, entre 2013 y 2016, los SSO suspendieron el envío del ISR al SAT; y que ese dinero debe ser integrado a la SHCP por esta última oficina.

Es decir, el desvió de dinero se configura como una defraudación fiscal “al no haber entregado en tiempo y forma los impuestos”, según el Código Penal Federal.

Se encontró además el desvío de alrededor de mil 700 mdp de los recursos que se retienen a los trabajadores también sobre la nómina para el pago de terceros institucionales y no institucionales, como el ISSSTE, el Fovissste, el Fondo de Pensiones, las Afores y las aseguradoras privadas.

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Contraloría demandan ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, contra el extitular de los Servicios de SSO, Germán Tenorio Vasconcelos. Ambas dependencias acusan al exfuncionario de un probable daño patrimonial a la hacienda pública federal por un monto de mil 600 mdp.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Contraloría, José Ángel Díaz Navarro, explicó que esta demanda resultó del desvío de recursos públicos del año 2014, que debieron utilizarse para el pago a terceros institucionales como el SAT; y a terceros no institucionales como cajas de ahorro e instituciones crediticias, entre otras.

Afirmó que ésta es, apenas, una primera parte de los nuevos procesos que se iniciarán contra quien fuera el responsable de la política de salud pública durante el gobierno de Cué Monteagudo; y aún faltan otras demandas por el mismo presunto delito en 2013, 2015 y 2016; pero no informó nada sobre los desvíos en este mismo concepto cometidos por el gobierno de Murat, que ya superan a los del sexenio anterior.

Para el secretario general de la Sección 35 del SNTSA, Félix Pacheco, el problema se arreglará porque así se lo prometió Murat Hinojosa. “Eso ya la fuimos a ver con el gobierno del estado, Alejandro Murat Hinojosa, dentro de las pláticas que hemos tenido, él buscó el acercamiento con el ISSSTE, porque son los descuentos que nos hacen por la atención médica del ISSSTE, el Fovissste, Pensionissste y los seguros institucionales.

“Entonces, esto ya está encaminado. Nos comentaba también el gobernador que ya está a punto de firmarse este convenio, antes de que concluya el año. Son seis mil millones en lo de su gobierno”, finalizó.