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La violencia que se vivió el viernes 8 de diciembre en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, se pudo haber evitado con la oportuna intervención y resguardo de las fuerzas policiales de la entidad; sin embargo, su ausencia derivó en un enfrentamiento entre campesinos y supuestos miembros del grupo criminal “La Familia Michoacana”.
El saldo de aquellos hechos fue de 14 muertos, de los cuales 10 eran presuntamente integrantes de la banda delictiva y el resto vecinos de la comunidad, quienes estaban ahí en un intento de defender su legítimo derecho a una vida libre de violencia y extorsión.
Reporteros como Miriam Moreno y Humberto Padgett, quienes han seguido muy de cerca la actividad criminal de La Familia Michoacana en entidades como Guerrero, Michoacán y Estado de México desde 2018, consideran que los hechos se registraron debido a que los campesinos están hartos, desesperados por la violencia y la extorsión; asimismo, es un reflejo de la ausencia y colusión por parte de las autoridades mexiquenses.
En la mesa de análisis con el periodista Ciro Gómez Leyva, este lunes, ambos profesionales de la información explicaron que además de la extorsión, el negocio de La Familia Michoacana también es la toma de gobiernos municipales, lo cual es posible sólo con la colusión y el cobijo de las autoridades.
“Cómo es posible que, hasta el momento, el alcalde de Texcaltitlán, Javier Lujano Huerta, no se ha pronunciado con respecto a los hechos del pasado viernes. Sólo se envió un aviso de que se suspendían las fiestas patronales del 12 de diciembre.
“De la misma manera, la gobernadora de la entidad (Delfina Gómez Álvarez) no pude decir que no sabía, es increíble que se haya tardado tanto en atender la situación, cuando un día antes ya había denuncias por extorsión”, comentaron.
Finalmente, Humberto Padgett aseguró que “las autoridades no están protegiendo a los pueblos, son cientos de lugares en los estados de Michoacán, Edomex y Guerrero, en los que la gente dice ya estuvo, nos vamos a morir en la raya, se van contra los sicarios que les imponen el miedo, que les arrebatan el trabajo, porque el alegato de la gente tiene que ver con libertad, lo que vemos (las extorsiones) tienen que ver con exclavitud”.
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La sentencia ordenó al Estado mexicano continuar con las investigaciones y las acciones de búsqueda de González.
Varios árboles en la institución han caído cerca de los edificios, y algunas áreas administrativas han sufrido daños en los plafones y bardas de Tablaroca.
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Este jueves llegará una caravana nacional y una brigada humanitaria de parte del Sistema Nacional para el DIF, de las comunidades que sufrieron daños en el puerto guerrerense.
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Luego de 30 días de huelga, el Sindicato del Nacional Monte de Piedad, la mayor casa de empeños del país, logró un incremento salarial del 18 por ciento, entre otras mejoras laborales.
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Escrito por Brenda Perú Hernández
Colaboradora