En octubre de 2022, las presas están llenas, el ciclo agrícola 2023 asegurado, pero cuatro agricultores todavía enfrentan juicios plagados de irregularidades, uno de ellos con un brazalete electrónico en el tobillo. El triunfo de este movimiento se asienta en sus mártires, sus héroes y heroínas.

“I´s a war!” ¡Es una guerra!: la lucha por el agua estalla en la frontera de México, cabeceó en aquellas jornadas el diario estadounidense The New York Times. “Agricultores en Chihuahua emboscaron a integrantes de la Guardia Nacional y tomaron el control de una presa para evitar el pago de agua a Estados Unidos (EE. UU.), en un conflicto por un recurso cada vez más escaso”.

Ésa fue (sigue siéndolo, hoy de menor intensidad, pero vigente) una guerra. En aquellas batallas de septiembre de 2020, por su lado, el Gobierno Federal, con todo el poder en la mano, hizo uso masivo de la fuerza militar, bloqueó cuentas bancarias de algunos participantes, incluyendo la nómina del gobierno municipal de Delicias; lanzó acusaciones terribles, calumniosas. Difundió mentiras: la palabra presidencial vinculó a este movimiento social con el crimen organizado; realizó persecuciones a las familias; integrantes de las fuerzas armadas cometieron un asesinato que por poco fueron dos, y el Gobierno Federal mantuvo en la cárcel a cuatro activistas por varios meses.

Estela Márquez Campos

De menor intensidad, porque en los días que corren el agua abunda y el ciclo agrícola del año próximo no está amenazad, aun así, la guerra sigue. Las presas de almacenamiento en la región Centro-Sur, que surten al Distrito de Riego 005, rebosan de líquido, y con el flujo que los aguaceros recientes derramaron hacia el río Conchos, quedó saldada –y con creces– la cuota de agua del país dentro del Tratado Binacional de Aguas, en el que México paga a EE. UU. a través del río Bravo, lo que ellos le entregan por el río Colorado.

Sin embargo, la menor intensidad en el conflicto no impide que los cuatro presos que tomó como rehenes la “Cuarta Transformación” (4T) en venganza por la toma de la presa La Boquilla a manos de los agricultores hace ya dos años, tengan a cada minuto la Espada de Damocles pendiendo mortalmente sobre sus cabezas, debido, en primer lugar, a los juicios, que por su propia naturaleza y por la integración irregular del expediente, así como por la forma ilegal en que se realizaron las aprehensiones, lejos de haberse anulado, siguen vigentes y corriendo. Son juicios plagados de inconsistencias procesales, visibles hasta para un estudiante atrasado de Derecho Penal. Es que, por si fuera poco, Juan Rivera Márquez, Rosendo Lerma Lechuga y Juan Lechuga Montes (los agricultores del Municipio de La Cruz), aunque libres ya, deben acudir a firmar al juzgado. Y don Andrés Valles Valles, el líder lechero y agrícola de Delicias, “libre” también, está condenado a llevar en su tobillo, un infame brazalete electrónico con el que monitorean su ubicación de día y de noche.

Pero ¿cómo se siente esta guerra del lado de los productores agropecuarios?

“Nunca me imaginé que me fueran a encarcelar a mi hijo y a sus otros dos compañeros, nomás para tomar venganza precisamente con ellos”, señaló Estela Márquez Campos, madre de Juan Carlos Rivera Márquez quien, con los primos Rosendo Lerma Lechuga y Juan Lechuga Montes, compartió el encierro por un año y dos meses. Doña Estela, quien en su pueblo y en el seno del movimiento estatal es conocida como “Estelita”, fue desde el inicio una fuente de fortaleza e inspiración de la resistencia. Desde que se enteraron de que los muchachos estaban en prisión, cada noche ella practicó una costumbre a la hora de dormir, cuando las preocupaciones la arrastraban a una duermevela inquieta: “Yo adrede me quedaba destapada en la cama, para sentir lo mismo que sufría mi hijo en su celda fría”.

“Guerrilla” sin armas, pero con causa

Por su parte, Verónica Santana Campos, amiga de la familia Rivera Márquez, compañera de lucha de Estelita y quien se convirtió en una de las más activas integrantes del grupo principal de la resistencia, relata: “Fuimos a Juárez a perseguir a AMLO, porque iba a llegar para una gira” en la frontera; “hasta sin dinero nos fuimos (ella, la madre y otras personas de La Cruz)… no lo pudimos contactar, nos lo escondieron los guardias nacionales, a lo mejor creían que íbamos a hacerle daño, pero el daño era de él, venía de sus órdenes, y por eso pensábamos reclamarle para que nos soltara a los muchachos”.

Esa actividad influyó para que, al final y después de mucho, liberaran a estos agricultores, acusados injustamente de terrorismo, posesión de explosivos “Sin la madre, sin las madres, las esposas, sin los hermanos, sin la gente cercana, no se hubiera logrado nada”. Verónica Santana es enfática al indicar que, en verdad, esta red solidaria funcionaba en la práctica; claro que no como un grupo guerrillero (y Vero sonríe, porque entre ellas, en broma, así se manejaban), pero sí como un grupo organizado alrededor de doña Estela Márquez Campos y de la fuerza que emanaba de ella.

“Hacíamos volanteos en el crucero de la carretera con el ferrocarril, convocábamos a ruedas de prensa cada semana en Delicias. Como familia, como comunidad, si alguien no podía ir a una manifestación, nos apoyaba para que fuéramos. Usted ve a los muchachos (los dos Juanes y Rosendo), son humildes, es gente de trabajo, son agricultores, no son terroristas”.

Y durante la entrevista en el patio de su casa, con Juan Rivera acompañado de sus hijas y su madre, junto a su hijo, su hermano Armando y doña Verónica, es la personificación de la amabilidad y del amor: abraza cariñosamente a sus niñas, estrecha a su hijo mayor, un varoncito en una adolescencia madura forjada a punta de adversidades y de trabajo incesante.

Sin embargo, la guerra era la guerra. “¿Qué vamos a hacer mañana, a dónde nos toca ir, qué puertas hay que tocar? ¿Quedan volantes, cuántos, hay que reimprimirlos?” Las tareas se planeaban cada noche en reunión del comité de lucha de La Cruz, Chihuahua. “El grupo estaba fuerte”, considera Estelita. Estaba aquí la familia ampliada, los partidarios, bajo la luz mortecina de un solo foco, la puerta cerrada; no fueran a entrar “los contrarios”, los militares. “Nos echábamos porras, envalentonándonos unos a otros”.

Llegaron al extremo de esconderse en otras casas cuando los alertaba el “pitazo” de que iban a venir los federales a catear las propiedades de los muchachos presos. Era constante, ese estira y afloja, ese pasar de la casi clandestinidad a la abierta presencia en una gestión, en una audiencia o una manifestación. Temían la hora en que la suerte ingrata los cruzara con una patrulla de la Guardia Nacional en las soledades de la carretera libre y, con la mano en la cintura, los desaparecieran, como existe el rumor de que desaparecieron a un señor de por Camargo. Guerra es guerra.

Estrategias de defensa social

“Cuando vino AMLO a Juárez, a él lo tuvieron que cambiar de puerta para que no saliera por donde salía toda la gente del vuelo…”, narró doña Verónica. ¿Fracasaron? “Muchas veces. Sí y no”, campechaneó la astuta mujer su respuesta, porque cuando volvían de la frontera, en la capital les estaban cancelando una audiencia judicial programada para ese mismo día; pero así era, ganaban una, perdían otra. El pan de cada día.

Pero no se crea que esta gente estaba sola. Por ejemplo, en la ida a Juárez para perseguir y entrevistarse con el Presidente de la República, acudieron muchos otros (y otras). Allá se aprontaron también Justina Zamarripa (“La Chata”, “Chatita”, la madre de la finada Jéssica Silva), y Martha Holguín, la esposa del líder también en prisión por los mismos motivos, Andrés Valles Valles, entre otros participantes en el movimiento de carácter estatal por la defensa de estos presos políticos y por justicia para Jéssica.

La valiente “Chatita” es un pilar de la lucha y Estelita fue siempre una verdadera fuerza moral, Martha Holguín, la esposa del líder Andrés Valles, se reveló en medio de esas adversidades como una verdadera estratega jurídica. Ella estaba exigiendo, al Juzgado Décimo Primero de Distrito con sede en Chihuahua, que revisara los cargos con los que fue vinculado a proceso su marido; porque según ella, el juez estaba actuando en obediencia servil de una consigna venida desde la Presidencia de la República.

Según Martha y los abogados, todo el proceso se encontraba viciado de origen, con imperdonables irregularidades. Martha Holguín reveló un detalle hasta entonces ignorado por el público; y es que el día de la aprehensión del líder de los productores lecheros, sus captores –miembros de la Guardia Nacional y el Ejército– allanaron el que resultó ser el domicilio de su suegra; entraron sin permiso, violentaron cerraduras sin escuchar los reclamos de los moradores y, por supuesto, sin portar la orden de allanamiento correspondiente para llevarse al “terrorista”.

El jueves 22 de julio de 2021 fue detenido el líder Andrés Valles Valles (izq.), “en venganza” por el activismo de este productor lechero en defensa de la Presa La Boquilla.

En estricto apego a la ley, esa aprehensión no solamente fue ilegal e injustificada, sino que las irregularidades eran causal y materia para la automática invalidación de todo el proceso. Fue entonces cuando doña Martha y la defensa tuvieron la osadía de pretender, en última instancia, que este caso escalara hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, un organismo ajeno a la influencia de la 4T. Hasta antes de la liberación del líder lechero, ésa era “nuestra única esperanza”, reiteraba la genial estratega del grupo de madres y esposas.

Los mártires

El ocho de septiembre de 2020, luego de la llegada de mil 500 productores a la presa La Boquilla, en el Municipio de San Francisco de Conchos, al cabo de alguna resistencia de los militares, quienes arrojaron bombas lacrimógenas a la multitud y respondieron con golpes y toletazos (véanse las fotos de campesinos sangrantes), los guardias nacionales y militares de línea se vieron obligados a entregar la plaza. Sin embargo, no todos ellos se regresaron contentos al cuartel.

Cuando regresaban de La Boquilla, después de haber participado en las acciones de la toma de la presa, y en su camino a Estación Consuelo, donde vivían, Jéssica Silva y su esposo Jaime Torres atravesaban Ciudad Delicias en su camioneta cuando, de repente, recibieron descargas de arma de fuego de una patrulla de la Guardia Nacional, que al instante cobraron la vida de ella, y a él lo dejaron gravemente herido. El 19 de septiembre, AMLO soltó la calumnia, al citar las palabras del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Burcio: “la muerte de Jéssica pudo haber sido un accidente suscitado en medio del traslado de manifestantes violentos que habían robado armas y granadas a la Guardia Nacional”. Sin embargo, el 27 de octubre de ese año, la Fiscalía General de la República (FGR), lo desmintió, pues ejerció acción penal contra seis elementos de la Guardia Nacional, que fueron detenidos al considerarlos responsables del ataque que sufrió la pareja de agricultores.

Otros hechos de injusticia

Un destacamento de la Guardia Nacional secuestró a Rosendo Lerma Lechuga, a Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez en las cercanías del pueblo de Boquilla. “¿Qué les hubiera costado matar a mi hermano y a sus compañeros, como ya lo habían hecho con Jéssica Silva y su esposo?”, se pregunta Armando Rivera, quien supo después por su hermano Juan que, aquella noche, los habían torturado sicológicamente, amenazándolos con matarlos, “para ver si así se les quitaba lo machito”. Los tres secuestrados fueron mantenidos durante 15 meses en prisión, acusados de “terrorismo”.

Con acusaciones similares fue detenido, el jueves 22 de julio de 2021, el líder Andrés Valles Valles, “en venganza” por el activismo de este productor lechero en la defensa de la Presa La Boquilla. El también agricultor cayó en manos de la Guardia Nacional y los militares, vinculado ilegalmente a proceso por un juez federal por los cargos de “motín, robo de vehículo y obstrucción a las vías de comunicación”.

Motivos profundos del movimiento

“Que por qué nos movilizamos a La Boquilla aquel día, nos preguntan, a veces con malicia, que si habíamos sido manipulados, que si alguien con mucho poder nos obligó, que si nos pagaron”.

Justina Zamarripa es madre de Jessica Silva Zamarripa y suegra de Jaime Torres, muerta la hija acribillada por las armas de la Guardia Nacional, herido él de mortal gravedad; Justina, a quien llaman “Chata” o “Chatita”, lo explica claramente: “¿Sabe por qué decidimos ir a La Boquilla? Aquí en Estación Consuelo nos estaban recortando el riego en 2020, se secaron chilares por la falta de agua, a los nogaleros solo les soltaban un riego por mes, etcétera; pero veíamos que agua sí había, porque por aquí a 200 metros de donde estamos, corre el Canal Principal, ¡y lo veíamos que iba desbordado! El agua de los agricultores nos pasaba por las narices sin detenerse, nos la robaba AMLO para entregársela a los gringos”. Esas extracciones ilegales (en este caso de la presa Francisco I. Madero, “Las Vírgenes”), las hacían en horas de la noche. “Pensaban que no nos íbamos a dar cuenta de que estaban vaciando la presa”.

“Y claro, cuando supimos que se iba a hacer la toma de La Boquilla el martes ocho de septiembre, todos nos apuntamos para ir; de aquí iban a ir mi esposo (José Luis Silva Anchondo, hoy finado) con mis nietos, pero a última hora llamó mi yerno Jaime para avisarnos que iba a pasar por Jessica, y entonces fue así que se fueron ellos dos solos en su camioneta”.

De aquí a unos 70 kilómetros al sur, Alfredo Chacón Márquez, agricultor del Módulo 1, sección de riego 04, de Estación Conchos (Municipio de Saucillo), da su testimonio. Refiere que él siempre ha sembrado algodón, sandía, alfalfa, maíz y melón, principalmente, dependiendo del año. Y este agricultor tuvo motivo suficiente para participar en la toma de la presa La Boquilla, sin ninguna necesidad de que lo “manipularan” o de que lo “obligaran”.

Justina Zamarripa

Chacón Márquez recordó al respecto que, a partir de la extremosa sequía que se padeció en 1995, para empezar, ese año no se abrieron las compuertas de La Boquilla para nada; y desde entonces se redujo el riego y se redujeron los cultivos de dos ciclos (otoño-invierno y primavera-verano) que había, a solo uno: primavera-verano, como lo es en la actualidad. “Desde esos años, hemos pugnado por aumentar la eficiencia y reducir el desperdicio, evitar las filtraciones de agua al suelo… estamos permanentemente creando un colchón de ahorro para garantizar el próximo ciclo agrícola”, explicó el experto agricultor. Por lo tanto, la extracción forzosa que estuvieron haciendo los de Comisión Nacional del Agua (Conagua) escoltados por un millar de militares, fue el detonante, el motivo que terminó por agotarles la paciencia a él y a los otros alrededor de mil 500 productores que decidieron echar a la Guardia Nacional de La Boquilla y detener el robo de agua.

Nadie los invitó

“Nadie nos invitó, vimos los mensajes en las redes sociales y no la pensamos dos veces: nos arrancamos, y ya”, reclamó Armando Rivera. “Nos animamos, porque se estaban llevando el agua y no queríamos que se la acabaran”. En La Cruz, el problema de la escasez de agua de riego no fue algo exclusivo de 2020. “Tenemos años batallando con el agua como para que nos dijeran de repente que ya no hay, era algo intolerable, que requería acción inmediata”. Así que se prepararon para enfrentar el problema.

“Sabíamos que había riesgos y nos aventuramos a lo que saliera”, advirtió terminante. Pero la suerte no estuvo con sus parientes y vecinos; en forma de un abuso de poder inimaginado, de cuyas consecuencias las tres familias de los presos de La Cruz apenas se están recuperando en lo económico, psicológico y familiar.