Ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de un salario no es, entonces, más que una apariencia de libertad: su necesidad es, ahora, la fuerza que le obliga; en la modernidad, el látigo de cuero ha sido sustituido por el del hambre.

Expertos coinciden en que PEMEX está en quiebra y que el gobierno de la 4T legará este grave problema a la siguiente administración; es decir, no podrá salvar a la empresa.

Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la CIDH en la que acusa a la López Obrador y su 4T de incumplir con la obligación de proteger los derechos humanos de los ciudadanos.

Reclamaron que después de tres meses no tengan respuesta de las autoridades municipales.

El pasado seis de junio, César Medina, estudiante de 21 años, falleció tras caer de una altura de 14 metros en las instalaciones de la empresa Vertiche, en SLP. El joven no recibió capacitación ni equipo necesario para la tarea.

La organización civil Causa en Común condenó este miércoles la omisión de los tres niveles de gobierno ante el asedio permanente de integrantes del grupo criminal “La Familia Michoacana” en contra de pobladores de varios municipios.

La suspensión provisional generó una fuerte polémica y una respuesta firme del Tribunal Electoral que rechazó la orden del impartidor de justicia.

Los sucesos de 2024, aunque parecen normales, se enmarcaron en las elecciones mexicanas y estadounidenses; y las perspectivas para 2025 se vislumbran complicadas y difíciles.

Con un promedio mensual de apenas siete 181 pesos, lo que representa la media más baja entre las 66 ciudades analizadas.

La “Objeción de conciencia” es un derecho constitucional, no puede estar sujeta a aprobación de la Secretaría de Salud: PAN

Tres estados del sur de México registraron, al tercer trimestre del año, los mayores incrementos en pobreza laboral.

Causa Común destacó que la administración de AMLO se ha caracterizado por “una amable condescendencia hacia los grupos criminales que matan, secuestran y extorsionan sin que nada ni nadie los detenga.

Se busca convencernos de que, si no queremos sufrir las consecuencias de un colapso económico universal y de una catástrofe educativa, debemos aceptar que obreros y jóvenes regresen ya a las fábricas y escuelas a riesgo de contagiarse y morir por Covid-1

Se trata de la obligación de los poderes públicos de asegurar que las normas y actos del Estado se ajusten a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país.

El 48 por ciento de los trabajadores mexicanos no está feliz con su empleo