La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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Hoy, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió los amparos interpuestos por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la empresa Springall Pictures, con el fin de recuperar dos de los fideicomisos extintos: el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).
Ambos fideicomisos fueron desaparecidos el 6 de noviembre de 2020: el FAARI, debido a que sus recursos se reasignaron para el manejo de la pandemia de COVID-19; y Fidecine, ante posibles casos de corrupción. La Corte determinó que, en ambos casos, se cometieron violaciones a la Constitución.
Conforme a la fracción I del Artículo 132 de la Ley General de Víctimas, el Centro Prodh argumentó que la desaparición del FAARI resultó en la suspensión de indemnizaciones, evidenciando así el incumplimiento de las obligaciones estatales.
El poder legislativo, por su parte, no logró demostrar el mal manejo de los recursos de Fidecine. Además, los ministros señalaron que se infringieron los derechos a la participación cultural y a la libre expresión de ideas.
Según el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) deberá asignar un monto mínimo para la atención a las víctimas, el cual no podrá ser inferior al 0.014% del gasto programable.
La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
La subdirectora señaló que los tres alumnos implicados ya fueron canalizados al DIF de Chalco para recibir atención psicológica.
El operativo concluyó con la detención de cuatro presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.
Pese a la destitución, el funcionario se negó a dejar su cargo.
Si el problema continúa, podría superar las 25 mil muertes anuales en 2030, un 279% por encima de lo proyectado por ONU.
La máxima casa de estudios confirmó su liderazgo al mejorar en varias áreas de humanidades.
La decisión se dio en medio de un contexto de presiones políticas de EE. UU. hacia los aliados del gobierno cubano.
Tijuana tiene una tasa de 138 homicidios por cada 100 mil habitantes, razón por la que ocupa el primer lugar del ranking mundial.
Este plan contempla un fondo de dos mil 223 millones de pesos para remediación ambiental, sin embargo, los afectados contemplan 20 mil millones.
Especialistas señalaron que la molestia principal radica en la falta de coherencia entre las promesas de combatir privilegios y corrupción.
Aunque se crearon más de un millón de puestos de trabajo, la informalidad laboral también creció.
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Cada unidad tuvo un costo de 1.7 millones, por lo que el gasto fue de más de 15 millones de pesos.
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Escrito por Brenda Ocampo Jiménez
Comunicóloga. Estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México.