Michoacán encabeza la lista nacional de denuncias por tala con mil 497 casos registrados entre 2018 y 2024, seguido por el Estado de México con mil 294, Puebla con 672, Hidalgo con 600 y la Ciudad de México con 269, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Según las autoridades, del total de denuncias sólo se han resuelto seis mil 918 y mantienen otras tres mil 453 en trámite.

En ese mismo periodo, el estado de Morelos acumuló 45 denuncias por tala y transportación no autorizada de productos forestales. El municipio más afectado fue Huitzilac, con 29 casos, de los cuales 12 se reportaron en 2024, la cifra más alta en un solo año.

Las autoridades ambientales han identificado a Huitzilac como un punto crítico de actividad ilegal, desde donde se realiza la venta, transformación y traslado de madera utilizando documentos apócrifos. También señalaron a otras zonas críticas como Topilejo, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México; Zitácuaro, en Michoacán; y Xalatlaco, en el Estado de México.

Asimismo, la Profepa detalló que, entre 2018 y 2024, en esas cuatro demarcaciones se presentaron 38 denuncias y se abrieron el mismo número de carpetas de investigación. Huitzilac concentró 29, Zitácuaro sumó 8 y Topilejo, una.

Como parte de las acciones contra la tala clandestina, el 14 de abril se llevó a cabo un operativo en el paraje Los Lagartos, donde las autoridades clausuraron dos aserraderos y decomisaron 24.08 metros cúbicos de madera, además de maquinaria industrial y dos vehículos. El 28 de marzo, otro operativo resultó en el cierre de dos centros clandestinos y el aseguramiento de 40 metros cúbicos adicionales.

Además, el pasado 27 de febrero, inspectores decomisaron 5.9 metros cúbicos de madera, equivalentes a 665 piezas. Aunque la Profepa ha intensificado los operativos, no se ha informado sobre personas detenidas; esta labor corresponde a la Fiscalía General de la República.

A nivel nacional, la Profepa identificó a finales de 2021 un total de 122 zonas críticas forestales en 20 estados, afectadas por delitos como tala ilegal, lavado de madera, sobreexplotación de recursos, incendios provocados y presencia de grupos delictivos organizados.