Los legisladores republicanos por Misuri y Misisipi, David Gregory y Justin Keen, respectivamente, propusieron la creación de un programa de “cazarrecompensas” para incentivar a los ciudadanos a localizar, detener o brindar información que conduzca a la aprehensión de cualquier indocumentado que carezca de papeles y se encuentre dentro del territorio estadounidense, esto a cambio de un estímulo económico de mil dólares.

La propuesta se detuvo en el comité legislativo del estado de Misisipi; sin embargo, sigue en debate en la asamblea de Misuri, donde el pasado 27 de enero, el senador republicano David Gregory presentó el proyecto de ley SB72, cuya iniciativa establece que, si un extranjero ilegal es arrestado o encarcelado debido a un informe proporcionado a las autoridades, el denunciante sería elegible para recibir una recompensa de mil dólares.

La propuesta de Gregory también incluye la creación de un “Programa de cazarrecompensas certificado para extranjeros ilegales de Misuri”, que certificaría a personas encargadas de encontrar y detener inmigrantes indocumentados.

En este contexto, la senadora estatal Barbara Washington, demócrata de Kansas City, denunció que la propuesta fomenta informes racistas basados en el color de piel o el dominio del inglés.

Asimismo, Michelle Mitterlstadt, directora de comunicación del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), advirtió que estas medidas podrían tener repercusiones imprevistas sobre la seguridad pública, la elaboración de perfiles raciales y la discriminación.

A pesar de la incertidumbre sobre el avance de esta ley en Misuri, la campaña de deportaciones masivas de Trump cuenta con un amplio apoyo popular. Una encuesta realizada por The New York Times e Ipsos, entre el 2 y el 10 de enero, reveló que el 55 por ciento de los votantes apoya firme o parcialmente los planes de Trump.

Además, en la misma encuesta, un 63 por ciento de los participantes está de acuerdo con expulsar a quienes entraron ilegalmente en los últimos cuatro años, y el 88 por ciento respalda deportar a todos los migrantes ilegales que cuenten con antecedentes penales.