Para 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyectó un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.3 por ciento; sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó una expansión de apenas 0.4 por ciento. De cumplirse la previsión de la OCDE, el menor crecimiento de la economía mexicana afectará los ingresos públicos.

La diferencia entre la previsión de Hacienda y la de la OCDE se traduciría en un diferencial de ingresos de aproximadamente 76 mil 350 millones de pesos.

En este contexto, Jesús Carrillo, analista económico, enfatizó que el panorama de menor crecimiento económico viene acompañado de una desaceleración en el sector de transformación, una caída en la inversión en construcción y un posible estancamiento del consumo.

Asimismo, consideró que tampoco habrá inversión pública, debido al objetivo del organismo hacendario de lograr la consolidación fiscal, así como a la incertidumbre derivada de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Por su parte, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), comentó que “una desaceleración económica se refleja en una menor recaudación tributaria, porque al haber menos actividad, se pagan menos impuestos”.

En la misma línea, Iván Benumea, coordinador de Justicia Fiscal en Fundar, explicó que cuando las personas y las empresas tienen menores ingresos, hay menos posibilidad de comprar bienes o adquirir servicios, lo que conlleva una menor recaudación para el Estado.

“Pero hay otros factores económicos que son muy importantes para el Estado y las finanzas públicas, como la situación de Pemex, que es una empresa pública y vive una situación financiera muy preocupante desde hace varios años; además de que el precio internacional del crudo también tiene mucha relevancia”, dijo Benumea.

Finalmente, los especialistas consideraron que, si el erario público experimenta menores ingresos, se tendrán que aplicar recortes al gasto programado o aumentar las necesidades de financiamiento, lo que provocaría un mayor déficit fiscal, el cual ya se encuentra presionado por el costo de la deuda, las pensiones, los programas sociales y las transferencias a estados.