En México, los millonarios pagan menos impuestos, en proporción con sus ingresos, que los estratos medios. Esto se sabe a pesar de que el gobierno no publica la información fiscal de los contribuyentes, razón por la que el Estado mexicano es uno de los menos transparentes^[1]. Esta situación se debe a que los gobernantes reciben fuertes presiones de los grandes consorcios y las cámaras empresariales para que los exenten o no paguen el monto de impuestos que deben cubrir.

Recuerdo que, en un gesto de sensatez y descontento por la actitud de la clase empresarial, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), arremetió contra los millonarios y les advirtió que “no pagaban impuestos”. La respuesta no se hizo esperar y fue tan dura que Calderón se vio obligado a “retractarse”.

Una situación similar se produjo cuando el exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, en su propuesta de reforma fiscal de 2014, se atrevió a proponer la modificación del régimen fiscal vigente; eso le costó el puesto. La iniciativa hacendaria incluía una serie de cambios entre los que destacaba la reducción del famoso régimen de consolidación fiscal que permite, por ejemplo, que corporaciones como Walmart de México, que tiene muchas empresas, haga una sola declaración de ganancias y pérdidas con el propósito de evadir impuestos. En uno de esos años, este consorcio pagó menos de 200 pesos al fisco mexicano.

En esa propuesta fiscal, Videgaray planteó que los capitales de la Bolsa de Valores pagaran impuestos, lo que resultaba racional porque, mediante especulaciones, ganan mucho dinero; y con éstas se llevan el producto del trabajo de los mexicanos a otros países. Otra de las iniciativas del exSecretario de Hacienda consistió en obligar a los pequeños negocios comerciales a que elaboraran declaraciones fiscales detalladas para que el fisco conociera el monto real de las ventas de los grandes corporativos productores de refrescos, cervezas, pan industrializado, papitas o galletas, entre otras; ya que, con la información de los tenderos, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) podría conocer indirectamente si la base gravable reportada por una empresa de refrescos coincidía con lo realmente vendido o si mentía en su declaración.

Decía mi maestro de matemáticas, en El Colegio de México, que los empresarios mexicanos “eran muy chillones”, lo que se probó hasta el colmo en aquel periodo sexenal (2012-2018). En ese entonces, las quejas del gran capital y los organismos empresariales se expresaron de múltiples maneras para evitar esas reformas y que los “coqueteos” del gobierno con China se realizaran. Entre sus respuestas al gobierno destacaron las campañas de prensa por la famosa “casa blanca” de la entonces esposa del expresidente Enrique Peña Nieto y la “casa de Malinalco” del propio Videgaray, además de la sustitución de éste en Hacienda por José Antonio Meade.

Los ricos más ricos de México, según la investigación de Viridiana Ríos, pagan solo 11.3 por ciento en proporción a sus ingresos, mientras que los estratos medios pagan el 8.6 por ciento. Todos los mexicanos pagan más impuestos conforme más dinero ganan, excepto los ricos más ricos. La tasa del 11.3 por ciento que éstos cubren equivale a lo que pagan quienes ganan nueve mil 600 pesos al mes^[2].

La recaudación en nuestro país, como revela David Colmenares, está por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Siempre hemos estado por debajo de la media en la relación recaudación tributaria-PIB; en 2020, por ejemplo, el promedio de la OCDE fue del 33.5 por ciento; el de América Latina y el Caribe es del 21.9 por ciento; el de Brasil es del 31.6; el de Argentina, 29.4; Chile, 19.3; México, 17.9; y el de Perú, sorprendentemente, el 15.2 por ciento.

“De acuerdo con el análisis en 2020, la estructura tributaria en México estaba compuesta principalmente por un 24 por ciento del IVA; el ISR a personas físicas por un 21 por ciento; el ISR a sociedades 20 por ciento; un 14 por ciento a las cotizaciones de la seguridad social y un 13 por ciento de los impuestos sobre bienes y servicios. En suma, corresponde a un 92 por ciento, el restante ocho por ciento corresponde a pequeños rubros.

“Como se mencionó, por orden de gobierno, aproximadamente el 95 por ciento es recaudado por el gobierno central; cuatro, estatal, y uno por ciento el municipal. Si restamos los fondos de seguridad social, el poder tributario en México ha sido muy centralizado; por ejemplo, en países federales de la región, los gobiernos estatales en Argentina recaudan el 16.8 por ciento y en Brasil, 24.4 por ciento, y aun con ese grado de descentralización del poder tributario tienen serios problemas presupuestarios. Chile, país unitario o centralizado, el orden central tiene el 86.0 por ciento y los gobiernos locales, el 7.8 por ciento, sin restar en estos tres casos los ingresos de seguridad social. Por supuesto, de los países del subcontinente son países unitarios a excepción de Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil y México que son federales”^[3].

En el actual sexenio, no solo la recaudación tiene un carácter central, sino que también el gasto está centralizado y, lo peor, en obras inútiles como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas. Pero, además, este gobierno ha iniciado campañas inquisitoriales para cobrar impuestos, llegando al grado de bloquear cuentas o fincar arbitrariamente créditos fiscales para cobrar impuestos, lo que en la práctica opera como extorsión.

Pero el problema es el mismo. Al inicio de su gestión, este gobierno difundió que no crearía nuevos impuestos y que no cobraría más impuestos, pero está haciendo lo contrario. En México, sin embargo, es necesario aplicar un esquema de recaudación progresiva para que pague más quien gane y tenga más; y que no pague quien no tenga. En la tesis ¿Qué tan progresiva es la Reforma Fiscal en 2014? El caso específico del ISR sobre la renta a personas físicas, se efectuó una propuesta para imponer una tasa progresiva y que el estrato social más bajo en ingresos, es decir, de 0.01 a cinco mil 952.84 pesos, pagara el 1.92 por ciento de impuestos; y el estrato más alto, es decir el que tenían ingresos de 15 millones de pesos o más, pagara una tasa anual del 48.6 por ciento de impuestos^[4]; a diferencia del 11.3 por ciento de impuestos que hoy pagan.

Solo un gobierno popular nacido realmente de la mayoría de la población puede ser capaz de instrumentar una política fiscal de esta envergadura para que el gobierno disponga del dinero necesario e impulse una política de pleno empleo, elevar los salarios y realizar las obras y los servicios públicos de calidad que el pueblo de México necesita y merece.