Como parte de las medidas del objetivo Hacer Grande a América Otra Vez, el gobierno de Trump anunció el martes cuatro de marzo la imposición de aranceles del 25 por ciento contra México y Canadá. Dos días después pospuso la medida para las mercancías que son parte del tratado de libre comercio. Estas declaraciones por parte de Trump han sacudido la economía mexicana y amenazan con provocar una crisis económica en México. Esta crisis está más cerca para algunos que para otros. Las intimidaciones del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) ya empiezan a tener consecuencias sobre los más débiles de la relación asimétrica.

La fuerte dependencia económica con EE. UU. reduce el margen de acción del gobierno mexicano, principalmente porque ellos son los importadores de 83 por ciento de las mercancías mexicanas. Pero sobre todo porque desde 1994, cuando se firmó el TLCAN (ahora TMEC), los márgenes de libertad para determinar la política económica mexicana se han visto reducidos debido al acuerdo comercial. Este tratado obligó al gobierno mexicano a dejar de aplicar una política industrial, agrícola y crediticia en favor de los productores nacionales, y se comprometió a dar el mismo trato a la inversión extranjera. Esta última cuenta con mejores condiciones técnicas, con mayor capacidad para invertir y mejores estrategias de mercado que la mayoría de las empresas fundadas con inversiones mexicanas. Con este acuerdo, las empresas extranjeras exigen que se les asegure la rentabilidad de sus inversiones y de su capital. El gobierno mexicano no puede tener injerencia en la economía más allá de lo establecido en dichos acuerdos comerciales: no puede incrementar salarios sin antes acordarlo con las empresas, no puede sancionar a las empresas por atentar contra el medio ambiente, no puede establecer impuestos para mejorar los ingresos del mismo gobierno, entre otros. Por tanto, la relación en este acuerdo es totalmente imperialista, particularmente de EE. UU. hacia México.

Con estas restricciones desde hace casi 30 años, el desarrollo de la economía mexicana ha descansado sobre pies de barro. Su capacidad productiva depende prácticamente de empresas que se pueden retirar en cualquier momento. La principal de ellas es la industria automotriz, que representa casi la quinta parte de las exportaciones totales de México hacia EE. UU. De los automóviles que se arman en México, 80 por ciento tiene como destino el mercado estadounidense. Además, hasta hace unos cinco años, la región México, EE. UU. y Canadá era considerada como la más importante de manufactura de vehículos por lo integradas que están sus cadenas de suministro del sector automotriz. Es decir, sin estar anclado a la región, la producción de vehículos en México pierde prácticamente la fortaleza que lo hace sostenerse. 

Las amenazas imperialistas no cumplidas del gobierno de Trump ya han repercutido en los contratos colectivos de los sindicatos de la industria automotriz. La incertidumbre generada por la política comercial de EE. UU. ha complicado las negociaciones, pues los empresarios –que nunca quieren perder ni un peso de sus ganancias– utilizan la guerra comercial como pretexto para rechazar la propuesta de aumento salarial, para justificar despidos, entre otras cosas que van en detrimento de las condiciones de vida de los trabajadores. En este sentido, General Motors se negó a acordar con el Sindicato Independiente un aumento salarial en Silao; la misma firma en Coahuila ha despedido a mil 200 trabajadores de la planta Ramos Arizpe. En Coahuila, la industria de autopartes ha registrado además 400 recortes de personal.

Varios expertos aseguran que el panorama comercial está cambiando en el mundo y de este cambio los principales afectados son los trabajadores. Ellos tienen todas las de perder, las empresas y fábricas no tienen ningún interés en procurar su beneficio ni los sindicatos más grandes están comprometidos a pelear realmente por sus derechos laborales. La lección que los trabajadores deberían sacar de estos sucesos es que el imperialismo, última etapa vital y fase culminante de la dominación mundial del capital, es el común enemigo mortal de los proletarios. Ni el Estado mexicano, ni las empresas con inversiones extranjeras van a mover un dedo para defender los intereses de los trabajadores. Por eso es necesario que se junten en torno a sus propias demandas para exigir que se firmen y respeten los contratos colectivos con las mejoras que la ley obliga a las empresas. Sólo así se podrá evitar que con cada crisis los que pierdan sean los de siempre.