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El atropello a los derechos políticos del Movimiento Antorchista Poblano (MAP), después de cubrir todos los requisitos legales para constituirse en un partido político local, también atenta contra el derecho de decenas de miles de ciudadanos que se afiliaron en las 23 asambleas distritales realizadas en los últimos meses. La dirigencia del MAP denunció que antes de tomar tan arbitraria decisión, los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) recibieron del gobernador Luis Miguel Barbosa la directriz de frenar el proceso de registro del nuevo partido político. El siguiente paso para acatar las órdenes recibidas fue llamar a una reunión que tuvo una serie de irregularidades, desde la convocatoria inesperada, a puerta cerrada y con el resguardo de fuerzas policiacas; hasta el acuerdo de negar rotundamente el registro al MAP con un argumento falaz: no haberse ceñido a los tiempos establecidos por el mencionado Instituto. Quedó así demostrada una vez más la forma arbitraria que pueden adoptar las autoridades electorales y el Poder Ejecutivo estatal, como si la jurisdicción de éste abarcara a los demás poderes y a todas las instancias de gobierno, como en tiempos de los señores de horca y cuchillo.
Todos los requisitos fueron cubiertos, y con creces, por el MAP; el gobierno del estado, así como las autoridades del IEE dejaron avanzar el proceso, tal vez esperando que aquél no fuera capaz de alcanzar el objetivo; o solo por probar hasta dónde podría llegar la simpatía y la atracción del MAP entre la población de la entidad. No se les ocurrió, sino hasta el último instante, objetar la citada extemporaneidad y solo actuaron al observar cómo se cubrían uno por uno, y con gran éxito, todos los requisitos para merecer el registro como un nuevo partido político.
Como el Estado no había manifestado su intención de atropellar la ley y pisotear los derechos ciudadanos, hubo quienes pensaron que se respetaría el derecho del MAP y que su transformación en partido político marchaba sobre ruedas; los que así pensaban se equivocaron por completo. Nadie debería esperar respeto a la ley por parte del gobierno morenista, que apenas asumió el poder de la nación comenzó a romper todas sus promesas de campaña.
Hay que reconocer que el MAP, ante sus indiscutibles resultados en cada fase del proceso para conformar un nuevo partido político, nunca esperó confiadamente ni creyó que su transformación en partido legal fuera una meta muy fácil de alcanzar; en su larga trayectoria, nunca ha realizado ninguno de sus avances sin tener que desarrollar previamente una fuerte lucha; por lo tanto, la ilegal negativa fue denunciada por la dirigencia del partido en formación desde el primer momento.
Tanto descaro para intervenir en contra de los derechos civiles en Puebla solo puede tener dos explicaciones: una gran torpeza política del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) en todos los niveles; su gran ignorancia de la forma adecuada de gobernar para mantener en paz a los ciudadanos; y una completa insensibilidad para entender la política. La segunda explicación posible es que tratan de provocar la inconformidad, el descontento, frenar a las fuerzas verdaderamente democráticas para, de este modo, serle útiles al gran capital que los llevó al poder y al que procuran servir fielmente con sus concesiones, reformas y tratados comerciales desventajosos.
Provocar el descontento, probar la paciencia del pueblo, atentar contra la democracia, violar los derechos, retar a las masas populares, en eso consistiría su experimento; y usan al IEE de Puebla como un instrumento y a la entidad como el laboratorio para crear un sistema y aplicarlo después en todo el país. Ahora prueban el efecto de su osadía, después la aplicarán con todos sus opositores políticos.
Pero los ciudadanos, hayan o no votado por el partido ahora gobernante, van despertando y tomando conciencia del carácter antidemocrático de la 4T; el descontento se propaga y la lucha por el registro legal del MAP se extiende a toda la entidad poblana, rebasando los límites locales y convocando al Movimiento Antorchista Nacional.
En los primeros cuatro años de gobierno de López Obrador, tres Secretarías han concentrado más presupuesto; una de ellas, Sectur, con un incremento de hasta 500 por ciento.
Economistas consultados por buzos afirman que no terminará este año sin que el nivel de los precios alcance un incremento, por lo menos, de ocho por ciento.
En la alcaldía Iztapalapa, la medida es “obligatoria” para todos los trabajadores de confianza, ordenado por la propia alcaldesa.
Los supuestos "logros” que presume AMLO forman parte de su permanente campaña electoral; al tiempo que oculta sus grandes fracasos, como su lucha fallida contra la corrupción o el incremento de la pobreza, etc.
López Obrador aseguró esta mañana que la rifa nacional programada para el próximo 15 de septiembre servirá para apoyar económicamente a los atletas que participaron en las justas deportivas.
La desaparición de apoyos a las estancias infantiles, a las madres solteras, y la más reciente extinción del Programa de Escuelas de Tiempo Completo delatan a un gobierno al que no le interesan en lo absoluto proteger ni ayudar a las mujeres.
Según el Presidente, ya se tiene identificado al presunto asesino de Meraz León, aunque afirmó, “todo indica que no hay relación con lo que ella hacía”.
En la historia de los procesos electorales en México no faltan casos de injerencia del Estado, del Presidente de la República y del partido en el gobierno; intervenciones ilegales y atropellos a la legislación electoral.
“No parece que el objetivo sea que Emilio Lozoya vaya a la cárcel o que vaya a ser objeto de una pena que le quite su libertad. El propósito es doble. Es un tema que distrae a los ciudadanos sobre la crisis sanitaria".
La alcaldesa Xóchitl Flores exige “altos pagos” por derecho de piso, aportaciones semanales, y la colocación de lonas con leyendas de Morena, lo cual es ilegal.
Los manifestantes trataban de llegar en una marcha pacífica al Zócalo capitalino, pero fueron interceptados por policías de la Ciudad de México.
Jaime Bonilla, fue votado para que sea gobernador por un periodo de dos años, y no cinco.
Dijo que no admitirá ningún acuerdo “en la sombra” y propuso un debate abierto sobre la ideología del partido.
La caída en la producción mundial ha puesto en la palestra la importancia de los trabajadores y su fuerza creadora.
Entre los mandatos en “línea” que la maestra Delfina recibió durante su gestión como alcaldesa de Texcoco, estuvo la orden que hoy la exhibe como una funcionaria sin voluntad política propia: cobrar 10% del sueldo de los trabajadores.
Escrito por Redacción