La elección del 28 de julio en Venezuela ha sido la más incierta, la más analizada y la menos comprendida por el imperialismo. Meses antes, la radical oposición de derecha aplicaba el guion diseñado por los estrategas de EE. UU.: esgrimían el discurso del fraude. Horas después de conocerse el resultado a favor de Nicolás Maduro, activaban el plan golpista que, días después fue sofocado por la resistencia interna y el soporte de la comunidad anti-hegemónica.

Antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara el resultado de la cita electoral, que daba el triunfo en las urnas al presidente Nicolás Maduro sobre su rival Edmundo González, ya estaba en operación el plan de un golpe con guerra civil en Venezuela. Miles de páginas con proyectos terrorista-subversivos, ideados por más de 25 años, anticipaban ese “dorado momento” para el imperialismo fagocitador.

Desde la noche del domingo, los caraqueños atestiguaban la destrucción de mobiliario urbano y actos de violencia por sujetos con el rostro cubierto, miembros de bandas surgidas de la nada. Conforme transcurrían las horas, aumentaba el número de agresores que amagaban a los habitantes de la zona céntrica.

Había disparos. La tensión aumentaba al tiempo que esos grupos avanzaban y llegaban muy cerca del Palacio de Miraflores, la sede presidencial. Rodeaban esa institución con claro intento de asaltarlo desde distintos puntos. Los capitalinos intentaban protegerse mientras la derrotada Plataforma Unitaria Democrática (PUD) nada hacía por detener a sus milicias.

El golpe estaba en desarrollo. Se montaban las guarimbas (barricadas en calles de ciudades y retenes en carreteras o caminos estratégicos). Los “activistas” de la oposición se pavoneaban por las ciudades con bombas molotov listas para arrojar contra objetivos clave.

Atrás, acallado por el escándalo opositor, quedaba el dictamen del Consejo Nacional Electoral venezolano que daba el triunfo en la elección presidencial a Nicolás Maduro, con una ventaja irreversible del 51,2 por ciento de votos frente a un 44.2 del opositor Edmundo González, en la elección del 28 de julio.

Caos organizado

La confusión prevalecía. El gobierno desplegaba amplias medidas de seguridad para proteger a los observadores internacionales, en tanto que los opositores se grababan mientras cometían sus agresiones.

Las protestas eran tan raras, que los videos ciudadanos captaban a los supuestos muertos levantándose para dirigirse a otras plazas para impresionar a los ingenuos.

Los ciudadanos eran objeto de los excesos de esas bandas. Incluso la sufrían los propios simpatizantes de la oposición. Al volver de una manifestación, una joven encontró saqueado su local comercial, el mismo que le había proporcionado y financiado el gobierno bolivariano.

Sin embargo, 72 horas después de la elección, y cuando la prensa ya no tenía más elementos para sostener la premisa del “caos” por las revueltas antigubernamentales, en Washington se diluía la idea de ganar Venezuela.

El momentum del golpe terrorista había pasado. Se habían perdido dos elementos clave: ya no había sorpresa, ni sus operadores habían sido efectivos.

El guion imperial resultaba burdo, como la representación de los milicianos opositores al derribar estatuas de Hugo Chávez en La Guaira, Carabobo y otras tres ciudades venezolanas. Ese juego grotesco con imágenes simbólicas pretendía causar desolación e incertidumbre en la población.

Era una mala copia de lo ocurrido en los 90, en el desmantelado bloque socialista, con la destrucción de estatuas de Lenin. O la multipublicitada imagen de 2003, cuando infantes de EE. UU. derribaban la estatua de Saddam Hussein, en la Plaza Firdos de Bagdad.

Más allá del guion imperial, el acoso poselectoral contra la población suscitaba el rechazo generalizado. En su intento por hacerse del control del país, La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia y el resto de la Comunidad de Inteligencia, olvidaban lo esencial: que en Venezuela era irrepetible el modelo usado en Irak en 2003.

Y fue evidente cuando el 31 de julio Nicolás Maduro afirmaba que el Polo Patriótico “está listo para presentar el 100 por ciento de las actas que están en nuestras manos” y exhortaba a la Sala Electoral a hacer lo mismo con cada partido.

En la sede del Tribunal de Justicia, el jefe de Estado sentenciaba: “muy pronto se van a enterar por qué Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron”; y declaraba que ha habido un complot global contra Venezuela; sostenía que éste ha sido el ataque “más criminal que hemos vivido” y se comprometía a seguir trabajando y protegiendo al pueblo para que trabaje en paz.

Golpe por fraude

Los estrategas de la guerra híbrida postulaban que la oposición venezolana debía publicar los resultados electorales conforme a sus intereses. Apegados a las directivas de EE. UU., la base de las protestas esgrime la tesis de la ilegitimidad en el resultado electoral.

Es la política de máxima presión sobre el Gobierno y el candidato ganador. Consiste en cuestionar la victoria bolivariana desde la organización del proceso hasta los resultados, así como una campaña de medios en el país e internacional, que reconociera el supuesto triunfo de Edmundo González.

Entretanto, el equipo de campaña de Maduro denunciaba que la oposición ya tenía un centro de operaciones en Miami para, desde ahí, articular el desconocimiento del resultado.

La derecha siempre ha pedido la intervención extranjera, ahora con su denuncia de fraude y violencia generalizada. Todo muy semejante a la acción de los seguidores de Donald Trump en su asalto a El Capitolio, aquel seis de enero.

Hoy, María Corina Machado comanda a esa oligarquía; inhabilitada por recibir sobornos por 3.2 millones de dólares para que la trasnacional Chevron tomara posesión de la estatal PDVSA. Ambiciosa de poder, la comunicadora y exdiputada desplazó a su protegido, el candidato Edmundo González, para liderar la campaña electoral de la oposición unida y recorrer todo el país con su mensaje de miedo “a la dictadura’ bolivariana”.

Ella representa a la derecha venezolana que por un cuarto de siglo ha avalado sabotajes a infraestructura, atentados, infiltración de mercenarios y la delincuencia en zonas clave, sanciones que privan de bienestar a millones; que ha respaldado al títere que Washington designó como presidente interino, así como el robo de las reservas de oro de los venezolanos.

Machado afirma tener el 70 por ciento de votos a favor de su candidato. Entonces cabe preguntar ¿por qué los manifestantes opositores enfilaron su violencia contra los centros donde se hacía el escrutinio de los votos? ¿Por qué incendiar esos locales si ahí saldría la confirmación de su “victoria”?

Con el guion del fraude, el 30 de julio, la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, reafirmaba el apoyo de su país “al pueblo venezolano” (léase sus aliados de la oposición). Y subrayaba la importancia de respetar la voluntad popular. Esa frase confirmaba la descalificación del triunfo de Maduro.

Para asentar la idea del fraude, el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, aplaudía la participación electoral de los venezolanos, pero deslizaba su preocupación por que el resultado electoral “no refleje la voluntad” popular.

Escenarios para una nación bajo acoso: no conviene confiarse. Históricamente, los sectores reaccionarios siempre han intentado disfrazar su violencia y terrorismo como pacifismo. Disimulan su vena fascista con el velo democrático cuando –como ahora– confirman que no tienen el apoyo popular.

Hoy, desesperados, son peligrosos y apuntarán a cooptar a altos funcionarios, al Ejército y a los jóvenes para manipularlos y enfrentarlos como carne de cañón.