La rapidez con que los diputados de Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) aprobaron 16 reformas en diez días, la mayoría complejas, responde al “empujón” ejercido el 28 de mayo de 2025 por Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE. UU.).

Activistas y especialistas en el tema destacan la importancia de las declaraciones de Noem a Bret Baier, de la cadena estadounidense Fox News el 31 de mayo, que viajó a México para entregar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “una lista de cosas que al presidente Trump le encantaría ver (realizadas)”, y que él ya no quiere escuchar más palabras, sino ver acciones.

“Le pedí específicamente (a Sheinbaum) que compartiera información biométrica con nosotros, y está dispuesta a discutirlo. Aunque en su país sería un poco controvertido; pero está haciendo un esfuerzo de buena fe”, expuso la funcionaria de seguridad interna del gobierno trumpista en esa ocasión.

Tras la visita de Noem, la Presidenta declaró no haber establecido ningún acuerdo con la funcionaria estadounidense en materia de datos biométricos ciudadanos, aunque reconoció que se los pidió, porque el gobierno de EE. UU. los quiere usar para combatir la migración ilegal hacia ese país.

“En el caso de datos biométricos, pues explicaba a la Secretaria que, en el caso de México, no tenemos una identidad de datos biométricos y que, en todo caso, pues eso tenía que ser parte de una mesa de trabajo”, aseveró Sheinbaum Pardo.

La organización Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D) manifestó: “no sería extraño que la insistencia del gobierno de Sheinbaum por impulsar reformas para la identificación biométrica de toda la población responda a las presiones de EE. UU., lo cual debería despertar mayores preocupaciones”. Refirió, además, que la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública permite que la plataforma mexicana de datos tenga intercomunicación “temporal o permanente” con otros gobiernos, organismos mundiales, incluso corporativos empresariales mundiales, para que aporten datos que prevengan delitos y persecución de criminales.

Con ese descomunal acopio de datos personales, podrán acceder a la plataforma gubernamental extranjeros con quienes el Gobierno de México establezca “convenios de colaboración”, tal como el gobierno de EE. UU.; organismos internacionales y corporativos empresariales mundiales para colaborar en investigaciones oficiales.

Eso servirá, por ejemplo, para que el gobierno estadounidense consulte información sobre cualquier persona procedente de México que se encuentre en su territorio y determinar su situación migratoria.

De ahí el manifiesto interés expresado por Kristi Noem de que exista una magna base de datos mexicana, aunque nada garantizará que no la usen con otros fines. En México, los legisladores morenistas hicieron lo propio y aprobaron casi fast track el paquete de reformas. 

Las repercusiones en México: gobierno espía y mexicanos sin privacidad

Encontrar a los mexicanos desaparecidos y acabar con la inseguridad pública son los “ganchos” ofrecidos por el gobierno de Claudia Sheinbaum para vender su paquete de reformas, entre ellas el producto conocido como “Plataforma Única de Identidad”, formada con todo tipo de datos ciudadanos, entre ellos los que antes eran privados, y un sistema digital de investigación en que solamente ellos sabrán a quiénes indagan y con qué fin.

Los datos acumulados serán administrados por una “Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)” de la “Cuarta Transformación” (4T), gobierno que a juicio de especialistas y organizaciones civiles ha tenido un comportamiento opaco, no se ha caracterizado por la rendición de cuentas y sobre el que pesan numerosas sospechas de corrupción, de vínculos con el crimen organizado y ha sido objeto de múltiples hackeos en los últimos años.

Organizaciones sociales están denunciando la inminente instauración de un sistema de “espionaje de Estado” basado en el paquete de reformas aprobado recientemente por el pleno legislativo oficial, aunque la mayoría de la población desconozca el impacto a la privacidad ciudadana.

Especialistas y activistas criticaron el desparpajo e implicaciones de la gubernamental “aplanadora” legislativa de Morena para expedir 16 reformas, entre ellas de Telecomunicaciones, Seguridad Pública, Inteligencia oficial y de la Guardia Nacional (GN) militarizada.

En su mayoría son legislaciones de contenido complejo, impulsadas sin discusión nacional, en tan solo 10 días, entre el 23 de junio y el dos de julio, y “con argucias parlamentarias de por medio”, según denunciaron opositores.

Base de todo el sistema informático será la Clave Única de Registro de Población (CURP), que ahora será una credencial oficial, con fotografía y datos generales visibles (nombre, edad, etcétera); respaldada con biométricos consistentes en huellas de iris, yemas de los dedos y voz, identificación vinculada a la plataforma almacenadora de datos.

La “CURP Biométrica”, como identificación oficial, deberá ser presentada para efectuar cualquier operación en los sectores público y privado: trámites, contratación de servicios, compras, etcétera, y el número de la nueva credencial deberá registrarse obligatoriamente para aportar datos valiosos antes privados.

Es decir, la CURP será un indicador de todo movimiento ciudadano; de tal forma que, al analizar esos datos, podrán crearse perfiles individuales, identificar preferencias políticas, de consumo, realizar estudios socioeconómicos, etc.

Los teléfonos celulares de los ciudadanos, que obligatoriamente deberán estar ligados a su CURP, podrán ser geolocalizados en cualquier momento; esto es, obtener su ubicación en “tiempo real”.

Además, estará la opción de “autenticación” o identificación digital de las personas, denominado “Llave MX” que crea previamente una cuenta asociada a la CURP biométrica, número celular y correo electrónico “con el atractivo de realizar trámites oficiales sin presentar documentos”.

Cuando eran parte de la oposición, quienes ahora son diputados de Morena o detentan algún cargo público, incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se opusieron radicalmente al uso de programas enfocados al espionaje. En ese marco se inscribió el riesgo de la todopoderosa herramienta de espionaje “Pegasus”, desarrollada por NSO Group, una empresa contratista del servicio de espionaje israelí que en México ya ha sido aplicada contra críticos del régimen, como lo han documentado activistas internacionales y nacionales, entre ellos de la R3D.

Espionaje masivo a mexicanos

En 2018, como candidato presidencial, AMLO ofreció acabar con el “espionaje de Estado” aplicado a ciudadanos, comunicadores, activistas y opositores, reconociendo haber sido víctima de este acoso durante sexenios panistas y priistas; hoy, el gobierno que dejó en manos de Claudia Sheinbaum construye un enorme aparato masivo de espionaje oficial.

Con las reformas recientemente aprobadas en el Congreso de la Unión se eliminó el requisito de que solamente con autorización judicial se pudieran hacer seguimientos específicos de ciudadanos, con captura y análisis de comunicaciones privadas; lo que antes era un delito, ahora resultará “legal”.

El Estado también podrá acopiar información antes denominada “ilegal”, porque vulnera la privacidad, es el caso de los registros hacendarios, informes de cuentas bancarias y resultados médicos, impedimentos que ya no existirán; la 4T podrá acceder a todas las bases de datos ciudadanos, no sólo gubernamentales, sino privadas.

Los consultantes de esa enorme concentración de datos ciudadanos serán efectivos militares de la GN; otros de las propias Fuerzas Armadas, agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), funcionarios públicos y personal al que el gobierno de la 4T autorice.

La administración de esa descomunal fuente de datos estará en manos de José Merino, titular de la ATDT, quien además podrá bajar el switch de cualquier transmisión en medios de comunicación electrónica “incómoda”, bajo el argumento de violaciones al “derecho de las audiencias”.

Entrevistado por buzos, Rodolfo Martínez, académico constitucionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, alertó que esa acumulación de datos ciudadanos sensibles tiene evidentes fines de control político. “Sin duda que es para tener un control sobre la población, pero un control de carácter político (ejercer el poder para dominar) y no un control de carácter jurídico, y eso es muy grave, porque atenta contra la privacidad, seguridad, y la libertad de las personas”.

Destacó que existirá la posibilidad de “filtración de la información de los ciudadanos, que puede eventualmente caer en manos del crimen organizado, poniendo con ello en riesgo la seguridad de millones de personas”.

“Es un gran problema por donde quiera que se le vea; es un problema jurídico, por lo que hace a su inconstitucionalidad; para la seguridad de las personas, en cuanto a su información confidencial, y es un problema presupuestal”, porque se necesitarán enormes cantidades de dinero para construir tal proyecto.

“No es posible que sin haber medicamentos en los hospitales generen una nueva carga al presupuesto, para lo cual no se tiene dinero; lo único que se ocurre es que entonces distraerán recursos de otras necesidades vitales, como salud y educación”, reiteró.

Evidentes riesgos 

El nuevo aparato de vigilancia digitalizada anticipada en este 2025 se basa en el conocido argumento autoritario de AMLO: “El que nada debe, nada teme”, con lo que se reabre un alto riesgo para los derechos humanos fundamentales a la privacidad y protección de datos personales.

Por ejemplo, en 2022 ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar a periodistas críticos, defensores de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales. Entre ellos, en febrero de 2024, AMLO divulgó el número del teléfono celular particular de Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del diario New York Times en México, que había publicado notas sobre el presunto financiamiento ilícito de sus campañas electorales; cuestionado al respecto el 23 de febrero, AMLO se burló: “Que cambie de teléfono, no pasa nada”.

Creciente autoritarismo 

Nancy Angélica Canjura, investigadora de la organización Causa en Común, explicó a buzos que el uso faccioso de las herramientas digitales por un régimen que “busca información” de personas incómodas, desgasta “la democracia de un país; y eso genera también temor entre la población”.

Advirtió que México pasa por un periodo en el que la 4T ha acaparado todo el poder, y ahora se suma el de la vigilancia y acumulación de datos “y nos lleva a pensar que puede ser utilizado también de una forma discrecional, donde se pueda generar un hostigamiento o acoso de personas incómodas para el régimen.

“Porque, además, vemos cómo cada vez se muestran más empoderados e intolerantes a la crítica; hemos tenido casos en donde se obliga a los ciudadanos a pedir disculpas a un político por exigirle cuentas, al senador Gerardo Fernández Noroña, entonces ¿hasta dónde vamos a llegar ahora?”.

Canjura destacó que se está creando “una agencia todopoderosa que tendrá a su cargo la CURP biométrica y los registros donde se tendrán todos nuestros datos personales, cuando el gobierno no ha mostrado capacidad para protegerlos; en un contexto donde ya no existe el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y en el que podrá haber acceso a esa información sin necesidad de una orden judicial”.

Daría el mismo resultado, aun cuando se señalara la obligación de pedir autorización a un juez en la ley para obtener información ciudadana recopilada por las empresas de telefonía, indicó la investigadora porque “los jueces, ahora, también están vinculados con los intereses del partido en el gobierno, entonces se genera todo un caldo de cultivo para el autoritarismo, el control de la información y el acceso a la privacidad de todos los mexicanos”, denunció Canjura.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Claudia Anaya expuso que, para argumentar la vigilancia masiva a la población, la 4T subrayó: “El que nada debe, nada teme, ¿de qué te apuras?; esto es para establecer mecanismos de control”.

En los trabajos de las comisiones dictaminadoras de la mencionada legislación de seguridad, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), indicó: “lo que ustedes quieren instaurar es un gobierno espía”, tendrán acceso a cuentas bancarias, dónde se viaja, qué se compra y la geolocalización en tiempo real. ¿De veras les parece sensato?”, reclamó a los legisladores de Morena. Advirtió además que habrá mayores riesgos “si les hackean esta plataforma, como ya les hackearon la de Petróleos Mexicanos (Pemex)”; y el peligro de que los datos ciudadanos lleguen a manos del crimen organizado: “imagínense un secuestrador con acceso a cuentas bancarias, a geolocalización en tiempo real”.

Mexicanos bajo vigilancia 

“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, denunciaron 15 organizaciones civiles mexicanas.

El posicionamiento sobre el paquete de leyes “Estado Espía” fue avalado por agrupaciones como R3D, Artículo 19, Data Cívica A.C., Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Programa de Derechos Humanos, Programa de Seguridad Ciudadana y Universidad Iberoamericana Cdmx.

Precisaron que, con las reformas aprobadas, el Centro Nacional de Inteligencia del gobierno de la 4T adquiere facultades para acceder a datos ciudadanos sin restricción, transparencia ni rendición de cuentas. Y agregan que, aunque de la Ley de Telecomunicaciones se eliminara el criticado proyecto de instauración de un padrón de usuarios de telefonía móvil, se conservó lo mismo de otra forma, porque el gobierno tendrá acceso a los datos de los usuarios en poder de las compañías de telecomunicaciones.

Las mismas organizaciones insistieron en que la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, permite la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, sin controles.

Expusieron que se legaliza la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas, realizando recopilación de datos de inteligencia con el pretexto de proteger la seguridad nacional, sin control civil alguno.

Más riesgos 

Con la creación de la CURP con fotografía, vinculada a datos biométricos de los ciudadanos, se establece que se sustituirá la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE); pero aún no se define si únicamente se elimina como identificación oficial o también como credencial para votar en elecciones.

Por la seguridad alcanzada con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral (IFE) de 1990, institución convertida durante 2014 en INE que, para entonces ya contaba con fotografía y candados digitales, se ratificó como “la identificación oficial de los ciudadanos mexicanos”.

Tampoco se aclara si la base de datos ciudadanos en poder del INE, es decir, el padrón electoral, terminará, otra vez como antes de 1990, bajo el control del gobierno, ahora mediante la plataforma digital de la 4T, con lo que se terminará de dinamitar toda posible equidad en las elecciones mexicanas.

Ricardo Monreal, coordinador de “la aplanadora” legislativa de Morena en la Cámara de Diputados, anticipó que la reforma electoral, pendiente desde diciembre pasado, será retomada y aprobada durante el periodo de sesiones que comenzará el próximo 1° de septiembre.

Esa reforma implica el desmantelamiento del INE para crear un organismo pequeño que se llamaría “Instituto de Elecciones y Consultas”, así como la eliminación de los puestos de legislador plurinominal y habría una máxima reducción del financiamiento para partidos políticos; un misil dirigido a los opositores de la 4T, que serían borrados.