Diversos grupos y sectores sociales han visto afectados o en peligro sus intereses por uno u otro renglón de la política del gobierno de la “Cuarta Transformación”; y varios de ellos han elevado la voz hasta el Presidente de la República para solicitarle intervenga a su favor, denunciar atropellos, exigir justicia o presentar una propuesta de solución a difíciles problemas con base en la experiencia o el conocimiento de su problemática; en general, han encontrado oídos sordos, indiferencia, hostilidad y hasta la represión más violenta.

Testigos presenciales de esto último son los miles de mujeres que se manifestaron frente a Palacio Nacional, donde fueron agredidas con gases y proyectiles; o los agricultores de Chihuahua, violentamente reprimidos por exigir que el agua nacional dejara de beneficiar a un país extranjero y que el gobierno mexicano actuara gestionando a su favor. No ha quedado a estos sectores otro camino que recurrir a la protesta pública y la denuncia en los medios para obtener la solidaridad y el apoyo del pueblo.

A estos sectores, grupos y organizaciones inconformes se sumó recientemente la Iglesia Católica a través de un comunicado conjunto de los obispos mexicanos, que manifestaron su preocupación por la crítica situación económica y social que atraviesa nuestro país.

En su carta, los prelados enfatizan la necesidad de que los mexicanos se unan por el bien común, pero también dan a entender que las iniciativas de reforma enviadas por el Presidente al Congreso de la Unión, con el objetivo de modificar la ley que rige las asociaciones religiosas, no fueron ampliamente consensuadas y discutidas y pueden provocar una mayor división de la sociedad.

El Reporte Especial de esta semana constata que la intención de Morena no es tan progresista como los defensores de la iniciativa sostienen; que no trata de encabezar la defensa de la población de la diversidad sexual; que la finalidad de modificar la ley que rige a las asociaciones religiosas es permitir mayor injerencia gubernamental en los asuntos de conciencia y en la libertad de culto, así como minar al Estado Laico.

Es increíble, pero cierto, que el Episcopado se preocupe y advierta contra este manejo y no lo haga el Congreso de la Unión ni el progresista y hasta “de izquierda” grupo de legisladores morenistas, siendo su obligación defender esta conquista; por el contrario, algunos legisladores del partido del Presidente son, precisamente, quienes lanzaron la iniciativa perversa para minar el Estado Laico.