Ya estamos en pleno proceso electoral; y aunque oficialmente no han empezado las campañas, quienes estamos medianamente informados, sabemos que éstas se iniciaron hace mucho porque, a pesar de las prohibiciones, quienes aspiran a los puestos de elección popular han recorrido pueblos y colonias para granjearse el favor de los votantes, con sus ejércitos de promotores; y en la mayoría de los casos entregando apoyos asistenciales.

Pese a esta presencia interesada, en los aspirantes no se ve que entiendan el momento que vive nuestro país, que conozcan las carencias y los problemas de las comunidades que buscan representar y, sobre todo, que digan cómo, con qué y cuándo corregirán o resolverán, de manera concreta, los problemas en caso de que obtengan la aprobación de los electores. Por el contrario, concentran “sus baterías” en señalar los errores de sus adversarios o de quienes han ocupado los puestos que anhelan y no salen de los lugares comunes con que rellenan sus eslóganes vacíos y burdos.

Con la pandemia y la crisis económica, la sociedad se ha visto indefensa ante la inacción de la mayoría de gobernantes en los distintos niveles; este hecho demuestra la existencia de una crisis en nuestro sistema político, cuyo principal obstáculo para encontrar la ruta de salida a la actual problemática se encuentra en la forma de hacer política.

Pero del hecho de que el sistema político se halle en crisis, no implica que ésta no pueda ser corregida y que, pese a que la situación crítica afecta básicamente a los partidos, éstos son los únicos instrumentos democráticos en los que se elaboran políticas públicas y con los que se accede a los puestos de gobierno. La cuestión radica, entonces, en que la política debe dejar la exclusividad de los “especialistas” y convertirse en una actividad de todos los ciudadanos.

Para ello debemos visualizar dos momentos. En el primero, dado que el proceso electoral está ya en curso, es preciso participar activamente y exigir que quienes desean acceder a los cargos públicos se comprometan a considerar y a analizar los problemas planteados por las comunidades, en especial las que se hallan relegadas; que se comprometan con seriedad en la elaboración de sus proyectos de gobierno a partir de las demandas sociales y que incluyan a los ciudadanos en el seguimiento de los compromisos formulados.

Los electores deben estar conscientes de los asuntos más importantes relacionados con las crisis sanitaria y económica derivadas de la pandemia. He aquí algunos datos oficiales:

En 2018, había dos millones 714 mil 697 personas en pobreza; mientras que en 2020 hubo dos millones 821 mil 785; es decir, hubo un aumento de 107 mil 89 personas en esta situación. Además, de esos casi tres millones de pobres, el 75 por ciento carecía de servicios básicos como agua potable, drenaje, electrificación, calles pavimentadas y vivienda.

En el primer trimestre de 2020 había 190 mil 905 personas que buscaban empleo; seis meses después, ya eran 411 mil 636, un aumento de 220 mil 731. De un millón 733 mil 691 personas que entonces se hallaban empleadas, los ingresos de 981 mil 586 no superaban los dos salarios mínimos.

La Cámara de la Industria de la Construcción (Cainc) informó que, en 2020, cerraron 110 empresas; y de las 260 afiliadas aún 70 se encontraban sin realizar actividad alguna, lo que podría provocar el cierre de otras 40 por lo menos. En 2020 se registró también una reducción del 50 por ciento en la llegada de turistas extranjeros.

Según sea el nivel y la jurisdicción de quienes busquen gobernarnos, tienen que explicar qué harán para combatir la pobreza; cómo van a generar empleos, elevar salarios, incentivar o recuperar a las pequeñas y medianas empresas que no han cerrado o están a punto de hacerlo, y cuáles son sus proyectos de inversión en infraestructura y servicios básicos.

Todas estas exigencias, que debemos formular a los aspirantes, no deben quedar en el nivel del planteamiento verbal, sino trascender a la organización ciudadana en nuestras secciones electorales, áreas habitacionales, laborales o de acción política para que, unidos en bloques o grupos, exijamos su cumplimiento cabal una vez que los hoy candidatos sean gobernantes. Esto dará como resultado que, en un primer momento del redireccionamiento político de nuestra sociedad, surja la fuerza organizada capaz de presionar a los políticos y gobernantes para que atiendan las necesidades de la sociedad. Además, este proceso generará, de manera natural, el surgimiento de líderes o representantes genuinos de los sectores relegados, lo que a su vez preparará el tránsito al siguiente momento.

Y este segundo momento garantizará que nuestra sociedad se convierta en una más justa y equitativa, porque generará una fuerza social formada con dos partes fundamentales: la fuerza organizada y los representantes preparados y probados. Entonces, se podrán aplicar programas políticos y de gobierno que ataquen, a profundidad, los males que aquejan a nuestra sociedad.

Para nuestro país no hay otro camino. Por lo tanto, el Movimiento Antorchista invita a todos los ciudadanos, comunidades y sectores sociales que son víctimas del abandono y menosprecio de los políticos “profesionales” a que nos sumemos a este proceso necesario. Los tiempos que nos ha tocado vivir así lo exigen.