La madrugada del 25 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 381 votos a favor y 79 en contra, un nuevo texto de la Reforma Educativa que se ajustaba a la propuesta del Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y cinco días después, el 30 de abril, último día del periodo de sesiones, la Cámara de Senadores votó a favor de ella en lo general; pero en la noche de ese mismo día, en la discusión particular, la reforma no alcanzó la mayoría calificada, por lo que se turnó nuevamente a los diputados para su aprobación.

Así, la reforma de AMLO, que tan exitosamente marchaba a su favor, ha sido frenada temporalmente y tendrá que emplear nuevos argumentos y tomar medidas más arbitrarias y anticonstitucionales que las de su polémico memorándum.

¿Reforma Educativa o promesas de campaña?

La discusión de la Reforma Educativa estuvo detenida durante dos meses debido a la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que rechazó por completo la evaluación docente y exigió la abrogación de la asignación de plazas por competencias, demandas que de algún modo fueron satisfechas con el nuevo dictamen, ahora nuevamente detenido.

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla reconoció que la parte que mantenía atorada la reforma, como lo propuso la CNTE, era la eliminación del apartado correspondiente al servicio profesional docente. En el dictamen avalado por los Diputados quedó “abrogada la Ley del Servicio Profesional Docente, porque se requiere hacer una nueva, armonizada con el texto constitucional”; según el legislador, la finalidad fue eliminar “los efectos negativos” que los profesores veían en el ingreso a una plaza por competencia y la evaluación docente. El Artículo 16º transitorio de esta reforma deja abierta la posibilidad de que la CNTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) asuman el control de las plazas.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, reconoció que el Presidente fue al límite de sus facultades para cumplir las promesas de campaña que hizo a la CNTE, aunque con ello violó la Constitución.

Memorándum anticonstitucional

El pasado 16 de abril, el Presidente envió a sus secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda un memorándum en el que los instruye a no aplicar la Reforma Educativa 2013, mientras que en el Congreso de la Unión se negociaban las modificaciones constitucionales que él y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) promovían en esa materia.

El contenido del informe de inmediato fue impugnado por los partidos de oposición, juristas y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque la abrogación decretada por AMLO sobrepasaba las atribuciones del Presidente de la República, violentaba la Constitución Política del país y exponía a sus secretarios a ser destituidos por infringir el Estado de Derecho.

El documento de AMLO, dirigido a los titulares de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero; de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías, decía lo siguiente: “En tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en su caso, abrogadas, y con base en las facultades que me confiere el cargo que detento, me permito presentar a ustedes los siguientes lineamientos y directivas”.

A la SEP se le ordenó que no pusiera en marcha la Reforma Educativa del sexenio anterior, salvo en el mantenimiento del control de las plazas magisteriales, para evitar que éstas sean objeto de manejo sindical, y la reinstalación de maestros despedidos o reubicados; a la SHCP, la retención del manejo presupuestal educativo para evitar su uso indebido; a la SG se le instruyó liberar a maestros presos por defender sus derechos laborales.

La nueva Reforma Educativa, es decir, la promovida por Morena, finalmente fue aprobada en la madrugada del 25 de abril por la Cámara de Diputados con las modificaciones propuestas por el Presidente de la República y que ponen, indirectamente, el control de plazas en manos de la CNTE y el SNTE.

La prisa de AMLO por aprobarla llevó a los titulares de la SEP y de Gobernación a negociar con los dirigentes de la CNTE, quienes exigían la sustitución integral de la Reforma de 2013.

De último minuto, durante la sesión del pasado 30 de abril, la votación de la Reforma no fue avalada en lo particular por los senadores, al no alcanzar las dos terceras partes reglamentarias, debido a que se trata de una reforma constitucional. Tres diputados morenistas y una de Encuentro Social (PES) se ausentaron de la votación, hecho que obligó a frenar la reforma y regresarla a la Cámara de Diputados. Horas antes, la Reforma había sido avalada en lo general con 95 votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones. 30 reservas a la Reforma fueron discutidas en lo particular, entre ellas la permanencia del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), corresponde ahora a los diputados destrabar la Reforma.

Condena de instituciones y expertos

Diversas voces especializadas en la materia, partidos políticos e instituciones coinciden en que el memorándum de AMLO sienta un precedente inaceptable al violentar la separación de poderes.

El presidente de la CNDH denunció en un documento que la propuesta de AMLO está “fuera de las normas”; en seis puntos reiteró que corresponde al Poder Legislativo la tarea de hacer las adecuaciones a la Reforma Educativa mediante un proceso que debe contar con la aprobación de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como de más de la mitad de los Congresos locales antes de publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

“La instrucción dada en el sentido de dejar de aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución, las autoridades estarían actuando al margen o fuera de las normas”, dice el documento. La CNDH afirmó que nada debilita más el Estado de Derecho y a las instituciones nacionales que desde el Poder Ejecutivo se ordene incumplir o desconocer las leyes vigentes. Por lo que “este organismo formula un respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que en cumplimiento a la protesta que hizo al asumir el cargo, rectifique las instrucciones que ha girado y, considerando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, emprenda las acciones conducentes en el marco de la ley”.

Juristas especializados en Derecho Constitucional señalan que, en la historia reciente, ningún Presidente de México ha ordenado mediante un memorándum desobedecer los mandatos de la Carta Magna.

Los grupos parlamentarios, tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y PRD coincidieron que lo solicitado por AMLO fue una “abierta violación a la Constitución”.

El maestro en Derecho Everardo Lara Covarrubias, coincide: “Él juró la Constitución. Leyó el Artículo 87o que dice: ‘Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.’ Él juró esto”. Para el especialista en leyes, está abierta violación a la Carta Magna va más allá de la Reforma Educativa, pues sienta un precedente y el riesgo de que, cuando no les parezca un artículo o ley, en relación con los derechos del pueblo mexicano, lo desconozcan sin los trámites y procedimientos correctos.

 “A lo mejor en este momento pudiera parecerles no muy delicado: están arropados por el gobierno, están en el gobierno, pero las cosas cambian. Que echen una mirada a lo que pasa en Latinoamérica, presidentes, ministros y no sé cuántos están detenidos. Así que ellos incurrirían en responsabilidad administrativa, en responsabilidad penal y puede haber consecuencias. Tendrán que pensar muy bien”, dijo el especialista en Derecho.

Añadió: “el Presidente argumenta sus decisiones mediante la filosofía del derecho y dice: ‘Cuando estén en conflicto la ley y la justicia, hay que estar siempre con la justicia’. Muy bien, pero quién es el que dice cuál es la justicia. Hasta donde yo sé, la idea es que la justicia entre a la ley. Pero ahora, desde la Presidencia, se instruye para que el pueblo mexicano no cumpla la ley. ¿Esa imagen de la justicia, representada por una mujer sosteniendo una balanza, será sustituida por ‘lo que diga mi dedito?’”.

El exministro José Ramón Cossío, quien durante 15 años formó parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), escribió en Twitter que el memorándum firmado por el Presidente “carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autorreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable”.

El PAN y el PRD interpusieron amparos para evitar que el citado documento violentara los derechos a la educación de los niños y jóvenes y contribuyera a destruir al sistema educativo nacional. El PRI insistió en evidenciar la carencia de facultades del Presidente de la República para abrogar reformas constitucionales.

Por su parte, la diputada Abril Alcalá Padilla, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que el memorándum de AMLO “en realidad envía un mensaje muy desafortunado a la ciudadanía, que responde únicamente a un mensaje político”.

Desde la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, se pronunció en contra de las acciones de AMLO. “Lo que propone el presidente López Obrador es absolutamente inviable, y un desafío al Estado de Derecho que debe imperar en todo sistema democrático. Es un llamado a ignorar el Artículo 72º constitucional que claramente establece: Solo el Congreso de la Unión puede reformar, abrogar o derogar una ley, exigiendo los mismos trámites establecidos para su formación”, explicó.

Todos estos sectores políticos y especialistas en derecho coinciden en que la propuesta de AMLO transgredió el principio de división de poderes, sobrepasó al Artículo 3º de la Constitución y también violentó tratados internacionales en materia educativa. Desde la declaratoria del memorándum se sentó un precedente para pasar por encima no solo del 3º constitucional y todas sus leyes, sino también desconoció la autoridad del Congreso de la Unión y llamó a tres secretarios de Estado a violar la Constitución.

Cuestionado por buzos, el diputado del Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo, consideró que la Cámara pudo abrogar la Reforma Educativa o armonizarla con un nuevo texto constitucional. De ahí que AMLO tiene que respetar al Congreso y no disponer de atribuciones que no le competen.

El que no esté dispuesto que se ampare: AMLO

El Presidente de la República ha respondido a sus críticos que quien no esté de acuerdo con echar atrás la Reforma Educativa de 2013 puede interponer un amparo. Este argumento también lo hizo suyo el senador morenista Martí Batres.

El PRD fue uno de los primeros partidos que se amparó ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con el argumento de que “existe una violación de los derechos humanos; un agravio al interés superior de la niñez; una transgresión al principio de congruencia en relación con el Artículo 14º de la Carta Magna que se refiere a la seguridad jurídica”.

La coordinadora de los diputados perredistas Verónica Juárez Piña y su compañera de bancada, Abril Alcalá Padilla exhortaron a respetar la Constitución porque “nadie debe estar por encima de la ley”. Esto quiere decir –enfatizó Juárez Piña– “que un memorándum firmado frente a las Cámaras no tiene ningún valor jurídico. En realidad, manda un mensaje muy desafortunado a la ciudadanía”.

A su vez, el PAN también promovió el pasado 23 de abril un amparo para evidenciar las incongruencias de AMLO; su presidente, Marko Cortez, y el director general jurídico del comité ejecutivo nacional, Raymundo Bolaños, argumentaron que de acuerdo con el Artículo 16º de la Constitución: “Todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados, ya que de lo contrario son arbitrariedades y abuso de poder”.

En un comunicado posterior de este partido, se insistió en que AMLO invadió las facultades de los poderes Legislativo y Judicial, claramente definidas en los Artículos 40º y 49º de la Carta Magna.

Sobre la respuesta del Presidente, el maestro en Derecho Lara Covarrubias explicó a buzos que “el amparo protege solamente a quien lo promueve. Vamos a suponer que alguien promueve un amparo y lo gana, entonces la decisión solo vale para él; ¿y para el resto de los mexicanos? En el amparo hay algo que se llama principio Otero, que dice que, si varios son afectados y solamente uno promueve el amparo, entonces la sentencia solamente va a beneficiar a quien lo promovió. Luego entonces ésa no es ninguna defensa para el pueblo mexicano, para el sector magisterial, para los niños o para los jóvenes estudiantes”.