El hijo mayor de la familia Flores Hernández fue asesinado por un asaltante en agosto de 2020, quien hoy se hallaría libre e impune si no fuera porque los familiares de la víctima hicieron las labores de investigación que debió realizar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Esto se debe a la apatía, ineficacia y negligencia que ha provocado que los ciudadanos ya no crean en las instituciones que supuestamente son las encargadas de procurar la justicia en México y la razón por la que muchos delitos ni siquiera se denuncian, dijo a buzos el señor Flores, padre de la víctima.

Además, reveló que de ninguna manera es cierta la versión de las autoridades de la CDMX sobre la disminución de la criminalidad y homicidios; y denunció que agentes y empleados de la FGJCDMX les han sugerido la entrega de dinero, aunque nunca lo han pedido directamente.

“El discurso de la Fiscalía siempre ha sido el mismo. Sin embargo, en mi caso y en el de muchos más, la desilusión es una constante. Nunca tuve una atención adecuada y la mayoría de las investigaciones respecto al homicidio las tuvimos que realizar mi familia y yo. Es desesperante ver cómo pasan los días, semanas, meses y en otros casos hasta los años… y las carpetas de investigación no avanzan; muchas veces por incompetencia y otras por la corrupción imperante”, destacó.

El señor Flores contó que su familia y él lograron dar con el homicida a mediados de 2021, a poco menos de un año del asesinato, después de advertir que la FGJCDMX nada hacía por localizarlo, cuya incompetencia e indolencia explican por qué ha aumentado la impunidad en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Lo vemos, lo leemos y en mi caso lo vivimos en carne propia. Estoy seguro de que si nosotros no hubiéramos realizado el trabajo que les correspondía a las autoridades, el homicidio de mi hijo hubiera quedado impune”, agregó, para luego destacar que en la misma situación se encuentran miles de familias en el país.

“Después del fallecimiento de mi hijo empezó un verdadero viacrucis en busca de justicia; desde una pésima integración de la carpeta de investigación por el ministerio público de la alcaldía Venustiano Carranza, hasta el traslado de ésta a la Fiscalía de Homicidios, donde tuvieron que pasar casi dos meses para que nos dieran acceso a la carpeta de investigación.

“Por la ineptitud del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación y de la propia policía de investigación, tuve que tocar muchas puertas, insistir a diario con las propias autoridades, investigar por mi cuenta y acercarles datos, direcciones que ellos no fueron capaces de investigar”, advirtió.

Impunidad total en la CDMX

En 2021, el índice de impunidad en todos los delitos de la justicia mexicana fue de 91.8 por ciento; y en 2022 del 96.3 por ciento, un aumento de 4.5 puntos porcentuales, según el reporte Hallazgos, de la asociación civil México Evalúa.

La media nacional de impunidad en el delito de homicidio doloso fue de 95.7 por ciento, ya que más de 25 mil de los 26 mil 278 asesinatos de este tipo no fueron sancionados; la mayoría de ellos se ejecutaron en Jalisco, CDMX, Yucatán y Zacatecas, donde los niveles de impunidad alcanzaron el 100 por ciento.

En el informe destaca que, en la comisión de homicidios dolosos, la capital de la República alcanzó el 100 por ciento; mientras que a nivel nacional disminuyó al 96.9 por ciento en 2021 y a 95.7 por ciento en 2022. En desapariciones, la CDMX también llegó al 100 por ciento; mientras que en el resto del país se redujo a 98.9 por ciento en 2021 y a 96.5 por ciento en 2022.

En secuestros, la CDMX registró igualmente 100 por ciento de impunidad, mientras que la cifra nacional aumentó de 82.4 por ciento en 2021, a 82.8 por ciento en 2022.

La organización Impunidad Cero, que estudia, muestra y analiza este problema, reportó en un estudio que la militarización de los servicios de seguridad pública y procuración de justicia no están contribuyendo a abatir la impunidad.

Por el contrario, en el último año, los estudios de opinión revelaron que el 47 por ciento de los entrevistados percibió un aumento de delitos sin sancionar; el 38 por ciento estimó que la cifra permanece y apenas el 14 por ciento cree que la impunidad ha disminuido.

El análisis de Impunidad Cero informa, con base en las encuestas, que muchas personas no denuncian los delitos porque consideran que las demandas de justicia no se resolverán a menos que haya “amigos”, “compadres” o “palancas” en fiscalías y juzgados o presiones mediáticas que ayuden a esclarecerlos. 

Este hecho, además de favorecer la impunidad de los delincuentes e infractores, obviamente beneficia también a las autoridades que inclusive hallan oportunidad para jactarse de que los delitos disminuyen.

Con respecto al uso de la prisión preventiva oficiosa desde 2008 para disminuir la impunidad en la comisión de delitos graves, el número de los homicidios dolosos en lugar de bajar, aumentó 73 por ciento en los últimos siete años; y ahora su impunidad corresponde a 93 por ciento.

Todo esto sucede a pesar de que en los últimos años ha habido una mayor presencia de las fuerzas armadas en las instituciones de seguridad pública y en las calles, donde la gente se siente igual de insegura e inerme frente a los delincuentes comunes y organizados.

Resultados precarios

En el conversatorio celebrado por México Evalúa, Mariana Campos, directora general de esta organización civil, advirtió que las instituciones de procuración de justicia en la CDMX deben efectuar bien sus labores de investigación para que las demandas contra los delincuentes no sean desechadas en los juzgados.

Campos explicó que en la radiografía de los delitos cometidos en la capital de la República elaborada por sus investigadores no se observa disminución de la incidencia delictiva ni mayor eficacia en la respuesta de las autoridades para procurar la justicia.

Abundó en la necesidad de que en la FGJCDMX haya un fiscal de justicia con las credenciales jurídicas indispensables para garantizar que esta institución cuente con el personal especializado y honesto y se investiguen eficazmente los delitos.

María Ana del Valle, coordinadora del área de interacción comunitaria y acción participativa del Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA Justicia Social A.C), coincidió en que existe una brecha entre los ciudadanos y las autoridades, porque prácticamente 92 de cada 100 delitos cometidos en la capital no son registrados.

“Las autoridades locales, específicamente policías y ministerios públicos observan una muy baja confianza debido a que el segundo elemento tiene que ver con la percepción de corrupción en la CDMX y un tercer elemento con otro punto del estudio tiene que ver con la efectividad. Si queremos acercar a la sociedad para que ésta acuda a las autoridades, necesitamos apuntalar la efectividad y la respuesta de las instituciones. La CDMX, en términos generales, observó una impunidad de 99.1 por ciento”, agregó.

La administración de la exfiscal Ernestina Godoy Ramos fue una de las etapas más nefastas en la procuración de justicia. Según ella, durante su gestión, los homicidios dolosos (de alto impacto) se redujeron de 60.29 al 42 por ciento entre enero de 2019 y diciembre de 2023; lapso en el que además destituyó a 128 ministerios públicos, 25 peritos y 179 policías de investigación por deshonestos.

Sin embargo, en el ámbito público y mediático, la gestión de Godoy Ramos destacó más por la persecución política y detenciones arbitrarias realizadas contra los opositores y críticos del gobierno de Morena en la CDMX que su lucha contra los delincuentes; lo evidencian las estadísticas arriba enumeradas.

En su momento, el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, denunció que Godoy se dedicó a solapar los abusos de poder y el tráfico de influencias de los funcionarios de la FGJ, entre los que resaltan constantes quejas por acoso sexual a trabajadoras de la fiscalía.

“Mujeres han alzado la voz en contra de Ernestina, pues muchas de ellas han dejado sus empleos por el acoso laboral que ejercen los superiores al interior de la FGJ y estas personas no han recibido su castigo, a pesar de que Godoy, como titular de esta dependencia, habla de la erradicación de la violencia de género; pero se necesitan personas capaces de escuchar las voces y actuar en favor de ellas y no encubrir feminicidios y otros actos de violencia contra las mujeres”, puntualizó Zambrano.

Pero ninguna de las múltiples acusaciones contra la fiscalía prosperó, porque la entonces Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, siempre le brindó su apoyo; y en varias ocasiones, la ratificó en el cargo para asegurar que el manto de la impunidad en la ciudad no sólo protegía a los delincuentes comunes sino, también a los que se existen en la FGJCDMX.

Tania Reyes, secretaria técnica de la organización México Justo, apunta que México se ubica en el sitio 116 de 143 países evaluados por el World Justice Project en el 2023, con una calificación de 0.42; Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional lo sitúan en el nivel 126 de 180 naciones en el índice de percepción de corrupción 2023; y entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es el peor evaluado en materia de corrupción e impunidad.

Resultados nulos

En contraste con la calificación de “incorruptible, transparente y comprometida con la procuración de justicia” ofrecida por la diputada morenista Miriam Cruz a la exfiscal Ernestina Godoy, el también legislador local panista Christian von Roehrich la denunció por el uso faccioso y revanchista de su desempeño en la FGJCDMX.

“No permitiremos que el gobierno de Morena utilice las instituciones del Estado, la procuración de justicia, con venganza política porque nos quieren amedrentar, difamar y sembrar pruebas, denuncias y abrir carpetas de investigación; porque justamente no quieren que la oposición, en este caso el PAN, siga hablando de la verdadera corrupción de este gobierno y de Morena”, apuntó.

Las acciones de negligencia criminal e impunidad de mayor dimensión de la exfiscal fueron propiciadas por la tragedia de la Línea 12 del Metro; la caída del Colegio Rébsamen; el choque de trenes en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro; y la muerte de dos hermanas en una coladera de Iztacalco; la protección brindada al diputado morenista poblano Saúl Huerta, quien cubre una condena en la cárcel, acusado de violación contra un menor; y su omisión contra Josafat Molina, protegido de Claudia Sheinbaum, quien pese a una denuncia por violación sigue trabajando en la oficina de gobierno de la CDMX; y, peor aún, el caso de Black Wall Street Capital, empresa que acusó a la fiscalía capitalina de robo y abuso de autoridad mediante la sustracción de 3.5 millones de dólares (mdd) en un operativo a la organización, según la denuncia de Juan Carlos Minero, su propietario, a quien también le sembraron armas y drogas.

Varias son las voces que se levantaron contra la exfiscal Godoy Ramos, al grado que el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la CDMX la acusó de liderar una banda de traficantes, de “influyentismo”, nepotismo y enriquecimiento ilícito.

Pese a estos hechos, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México intentó ratificarla en la FGJ para cobijarla durante otro periodo; pero esto no sucedió porque la oposición echó abajo su permanencia. En su lugar, el gobierno capitalino puso a otro de sus seguidores, Ulises Lara, quien no cubría los requisitos para asumir el cargo pero, de un día al otro, mágicamente, presentó una cédula como “licenciado en derecho” emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con base en los estudios de abogacía que Lara habría realizado en una universidad cuya existencia se desconocía.

La impunidad que se vive en México resulta tan alta que todos los días hay golpizas, asesinatos, secuestros, trata de personas, robos, violaciones y feminicidios sin que nadie vaya a la cárcel; y lo peor es que muchos ciudadanos ven con normalidad estos delitos y no se atreven a denunciarlos porque, si lo hacen, se exponen a ser amenzados, revictimizados, a perder la vida o a que las autoridades los detengan.

En 2022, cada uno de los asesores jurídicos de las Comisiones Estatales Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEEAV) atendió en promedio a 303 víctimas, de las cuales únicamente 14.1 por ciento logró la reparación del daño.