Los niños y adolescentes mexicanos, cuyo número equivale a casi 40 por ciento de la población nacional, enfrentan graves problemas de alimentación, pobreza, salud, educación y violencia física, advierten varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y sociales del sector infantil en México.
En su balance anual 2023, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) revela que estos problemas se han acentuado durante el presente sexenio debido a la crisis padecida tanto en la economía, como por el incremento de la violencia delictiva, impunidad, corrupción y la militarización del sector público.
En los cinco años y cuatro meses del gobierno morenista, niños, niñas y adolescentes del país han padecido mayor pobreza, miseria extrema, falta de acceso a la alimentación, al sistema de salud y a la educación, debido a los recortes presupuestales y a las políticas erróneas implementas, sobre todo durante la pandemia de Covid-19.
En 2020, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) cuantificó en 39.8 millones el número de los menores y adolescentes en el país y recomendó al Gobierno de México, en un comunicado, aumentar el gasto destinado al Anexo Transversal de Recursos para atender a niñas, niños y adolescentes, porque lo había reducido a 0.3 por ciento en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 en lugar de incrementarlo.
El organismo internacional advirtió que esta disminución en los gastos de educación, salud y nutrición, así como la reducción del presupuesto destinado a combatir la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, impactarían gravemente en el desarrollo físico e intelectual de la sociedad mexicana en su conjunto.
“Dada la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo físico y mental de todo individuo, llama la atención el reducido presupuesto destinado a la primera infancia, especialmente en lo referente a inversiones en educación inicial y en la provisión de servicios para menores de cinco años… (también) destaca el impacto negativo que tendrá en más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes vulnerables al dejar de recibir alimentación escolar por el recorte del 100 por ciento de los recursos al Programa de Escuelas de Tiempo Completo”, señala el comunicado de la Unicef.
Este año, la infancia sufrió un recorte significativo en el presupuesto asignado a su atención respecto a 2015, cuando recibió 15.04 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ya que hoy dispone sólo del 10.8 por ciento del PEF, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Pasó de representar el 3.67 por ciento del PIB a sólo 2.97 por ciento.
Las mentiras de AMLO
En abril de 2018, cuando aún era candidato a la Presidencia de México, AMLO declaró que se comprometía a dar prioridad al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así se dio a conocer mediante el hashtag #MxporlaNiñez; pero cuando quedó al frente del país descuidó a los sectores más vulnerables para destinar más dinero público a la compra de votos a través de las “tarjetas del bienestar”.
Además, su primera iniciativa de reforma enviada al Congreso de la Unión, consistió en eliminar y fusionar 17 organismos descentralizados dedicados a atender los problemas de víctimas de desplazamiento forzado y personas con discapacidad, adultos mayores, niños, jóvenes e indígenas.
A principios de 2023, cuando el jefe del Poder Ejecutivo insistió en esa iniciativa que podría aprobarse este año, organizaciones de derechos humanos denunciaron: “no hay ninguna clara razón presupuestal o programática que permita justificar este recorte institucional. Por el contrario, estos organismos deben ser fortalecidos porque son responsables de poblaciones y de temas ampliamente vulnerados”.
Uno de los cambios que más polémica ha causado es la transferencia del SIPINNA al Sistema Nacional DIF, porque el primero es un modelo de protección integral de los derechos de la niñez y el segundo es un programa asistencialista que únicamente protege a los niños cuando sus derechos han sido violentados.
Si se aprueba esta reforma, los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos perderían los avances obtenidos hasta antes de 2018, entre ellos la falta de coordinación de las políticas de atención, monitoreo y evaluación a los programas, además de una disminución de la participación ciudadana; todo ello se efectuaría contra el mandato del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entrevistada por buzos, la actual directora de la Redim, Tania Ramírez, señaló que el futuro del sistema de protección también estápendiente en este cambio de sexenio. “Ojalá sirva la escucha de las y los candidatos, a los que hemos he estado contactando e invitando a que generen un compromiso con la niñez. Este 30 de abril vamos a ver cómo va eso”.