Ha pasado más de un mes desde que los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX), denunciaran que de sus llaves y cisternas emanaba mal olor y el agua presentaba color oscuro con residuos de grasa de automotores; pero hasta el momento se desconocen la versión oficial del gobierno capitalino, la naturaleza de la sustancia que contaminó el vital líquido en las viviendas de esta y otras demarcaciones de la capital a las que el problema se extendió y la gravedad del riesgo al que estuvieron expuestos.

Desde el pasado 31 de marzo, vecinos de varias colonias de la alcaldía Benito Juárez reportaron la mala calidad del agua que recibían en sus hogares; sin embargo, fue hasta el cinco de abril cuando Martí Batres, Jefe de Gobierno de la CDMX, se refirió al caso para rechazar que el agua estuviera contaminada; dos días después, luego de revisar el sistema Cutzamala, volvió a negar la mala calidad del vital líquido. Fue hasta el 10 de abril, cuando las denuncias se habían extendido y los afectados realizaron protestas, incluido el bloqueo de avenidas, cuando la autoridad local reconoció el problema, más no la contaminación del agua en dicha demarcación.

Los vecinos criticaron la tardía respuesta del Jefe de Gobierno y le exigieron que definiera cuándo iba a mejorar el agua y quiénes les pagarían los gastos originados no sólo por la compra de pipas de agua, sino por las enfermedades que ya habían comenzado a padecer, como conjuntivitis, dermatitis, diarrea y vómito.

José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Conagua, señaló que hasta el momento hay tres datos contundentes “muy graves”; el primero, dijo, “es el que se refiere a la contaminación del agua que llega a los hogares de la Benito Juárez y donde se confirma que sí es una contaminación de hidrocarburos, aparentemente un diésel; segundo, que es el más grave, que está en el acuífero a profundidad; y tercero, que la conducción fue a través de una falla geológica o alguna grieta”.

Hasta el momento, la información la tienen los gobiernos Federal y el de la de la CDMX, por lo que señaló que se tiene que entrar a la “remediación del acuífero” y a la atención de la grave contaminación por este hidrocarburo que entró al agua; el exfuncionario federal instó a los gobiernos Federal y de la CDMX, a la Conagua, la Profepa y la Cofepris a impulsar la coordinación, la comunicación y el entendimiento con las alcaldías para solucionar el problema en beneficio de la población y la salud de la gente y rechazó que la información sonbre el asunto fuera “una cuestión política electoral”.

En una conferencia de prensa realizada en la Alcaldía Benito Juárez, Luege Tamargo informó que los técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmaron que el contaminante en el acuífero es un tipo de diésel “que está en profundidad”.

En un primer análisis explicó que dicha sustancia se “filtró de algún depósito, de algún ducto, de alguna falla a lo mejor antigua, a través de un sistema de falla geológica, o fracturación, o grieta en el suelo, para llevarlo a gran profundidad y que lamentablemente está afectando directamente al principal acuífero de abastecimiento de la zona Metropolitana de la Ciudad de México”.

Tardía atención

De acuerdo con las leyes General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Federal de Responsabilidad Ambiental y de Aguas Nacionales, el problema debió atenderse desde un inicio; no obstante, la responsabilidad de este evento corresponde a quien contamine, puntualizó el exfuncionario federal. 

El dictamen de contaminación del agua ya está en manos del gobierno de Martí Batres y, por lo tanto, la tiene Pemex; sin embargo, legisladores del Partido Acción Nacional denunciaron que las autoridades locales están ocultando la información.

Además, Luege Tamargo denunció la omisión “absoluta” de las autoridades federales frente a una situación que afecta a la salud de los habitantes.

Por su parte, Antonio Gutiérrez Marcos, integrante de la coordinación para la atención de la emergencia, según la información de que disponen, señaló que la cantidad de contaminante que afecta el agua es de un “volumen considerable” y puede extenderse a otros pozos profundos circundantes.

Al tratarse de diesel o derivados de hidrocarburos, la primera institución que debería revisar es Pemex, pues es la más probable fuente de contaminación, dada la cercanía de sus ductos al pozo Alfonso XIII, señalado por el gobierno local como punto de partida de la contaminación. Gutiérrez dijo que la clausura de este pozo no es la solución, pues se debe mantener en funcionamiento para extraer el material contaminado.

El especialista alertó que Pemex tardará “mucho tiempo” en hacer la remediación y que la tarea podría pasar a la siguiente administración federal y local, mientras que la Conagua tiene la obligación de hacer estudios para ubicar la falla geológica y monitorear pozos cercanos para prevenir la presencia de contaminantes.

A su vez, el abogado de la coordinación, Bruno Díaz, aclaró que, al ser un acuífero son aguas nacionales y, por lo tanto, es de competencia federal, mientras que en materia de salud, las autoridades están obligados a revisar el cumplimiento de la Norma Oficial 127 de la Secretaría de Salud. De paso, dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido omisa en su obligación de investigar la violación al derecho humano al agua.

Ausencia de cooperación

Una vez más, el alcalde de Benito Juárez, Jaime Mata, hizo responsable al jefe de Gobierno, Martí Batres, de los daños a la salud de los habitantes de la demarcación que dirige y a la de Álvaro Obregón.

La encargada de despacho de Álvaro Obregón, Mariana Rodríguez Mier y Terán, insistió en que se declare una emergencia sanitaria y exigió coordinación: “pero también información, transparencia a los vecinos que siguen en total incertidumbre”.

El 15 de abril, el jefe de gobierno de la CDMX aceptó la presencia de un contaminante de la familia de las grasas y lubricantes en agua, pero sin determinar los sitios de muestreo en donde se recogieron las muestras, razón por la que los vecinos de la Benito Juárez, afectados, exigieron al gobierno capitalino exponer los resultados de sus indagatorias sobre la calidad del líquido de manera pública y oficial.

Además, los quejosos enviaron un pronunciamiento firmado por Guardianes del Agua, donde pidieron “a las autoridades de la CDMX, a la Conagua y a Petróleos Mexicanos (Pemex) que hagan públicos los resultados de los análisis de las muestras que se tomaron para verificar la calidad del agua en la demarcación y las causas que motivaron la afectación del líquido.

En ese mismo sentido, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, anunció el pasado 10 de abril que ya se había encontrado el pozo que estaba contaminando.

Además, que ese afluente se había cerrado y que desde ese día iniciaron las acciones para sacar todo lo que había en el pozo, succionando todo lo que se encontraba en él para limpiarlo y que se dejaría ahí un tiempo para que se conociera “si estaba en condiciones para abrirlo”, situación que hasta el cierre de esta edición no se sabía que hubiera ocurrido.

En la misma fecha, la secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López, pidió a los vecinos de Benito Juárez no consumir el agua si presenta un aspecto turbio. Pero, no explicó los riesgos que puede tener estar en contacto con el líquido contaminado o qué protocolos deben seguir los afectados.