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“Reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es sólo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”, denunció la organización feminista Data Cívica en su cuenta oficial de X, a través de un comunicado firmado también por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C.; así como Justicia Pro Persona, entre otras organizaciones que acompañan a familias buscadoras.

Tras la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), las organizaciones destacaron que “condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional” y distorsiona la realidad en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93 por ciento.

Advirtieron que asumir como indispensable la apertura de investigaciones para activar búsquedas vulnera el derecho de las personas a ser localizadas y deja dudas sobre la reducción en las cifras oficiales ante la falta de claridad metodológica.

Además, aseguraron que, desde el inicio de la crisis de violencia, en 2007, han existido múltiples intentos institucionales por disminuir el problema de las desapariciones en México y sostuvieron que la estrategia presentada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el día de hoy 27 de marzo, no es la excepción.

Autoridades engañan a la población

Los colectivos subrayaron que presentar como novedad la supuesta obligatoriedad de las fiscalías para abrir carpetas de investigación resulta engañoso, pues dicha disposición existe desde la entrada en vigor de la Ley General en 2017, y enfatizaron que el problema de fondo radica en prácticas como la corrupción, la omisión y la negativa a recibir denuncias o su reclasificación para evitar investigar.

Asimismo, cuestionaron afirmaciones oficiales como que el 96 por ciento de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, al señalar que no se ha dado a conocer la metodología que sustenta esa conclusión. A su juicio, este tipo de mensajes puede contribuir a minimizar la gravedad de la crisis y diluir las responsabilidades del Estado frente a las familias de las víctimas.

En ese sentido, rechazaron la narrativa que atribuye las desapariciones exclusivamente al crimen organizado, ya que, afirmaron, invisibiliza la posible participación o aquiescencia de agentes estatales, así como la responsabilidad institucional derivada de la omisión, la corrupción y la falta de investigaciones efectivas.

Con respecto a las cifras, recordaron que el número de carpetas de investigación no equivale al de personas desaparecidas y señalaron que el RNPDNO reporta actualmente más de 132 mil casos, lo cual, aseguraron, es resultado de la lucha histórica de las familias.

Finalmente, lamentaron que la presentación de estos instrumentos se haya realizado sin una convocatoria amplia, transparente y abierta, lo que, advirtieron, refleja una simulación de diálogo y una exclusión sistemática de las familias y colectivos en la toma de decisiones sobre un problema que les afecta directamente.