Un informe de la organización señala que la impunidad y la presunta colusión entre autoridades, empresas y grupos criminales permitieron la continuidad de la violencia contra comunicadores.
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El Congreso del Estado de Veracruz aprobó este miércoles 5 de agosto el desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, con 40 votos a favor y ocho en contra, lo que permite que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúe el proceso penal en su contra por la investigación relacionada con la desaparición de un empresario y su escolta.
Al término de la sesión privada, el edil de Movimiento Ciudadano (MC) abandonó el Palacio Legislativo alrededor de las 17:30 horas. A su salida rechazó las acusaciones y aseguró que enfrenta el proceso con tranquilidad.
"Yo estoy tranquilo, soy inocente. Se ha dicho que andaba huyendo, pero aquí estoy", declaró ante los medios de comunicación.
Durante su salida del recinto legislativo se observó la presencia de unidades de la Policía Ministerial en las inmediaciones.
Sin embargo, Bravo Montero reiteró que no teme a las investigaciones y sostuvo que demostrará su inocencia.
Con la resolución aprobada por la mayoría de los diputados, el presidente municipal perdió la inmunidad procesal que le impedía ser sujeto de acción penal mientras ejercía el cargo.
La solicitud de declaración de procedencia fue promovida por la Fiscalía General del Estado, al considerar que existen elementos para continuar con las indagatorias sobre la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López Torres, ocurrida el 14 de mayo de 2026.
Las investigaciones señalan que ambas personas fueron vistas por última vez después de acudir a un inmueble presuntamente relacionado con el alcalde, ubicado en la zona de Barra de Chachalacas, por lo que la autoridad ministerial busca esclarecer los hechos.
Bravo Montero compareció ante el Congreso acompañado por su abogado, quien participó en la exposición de los argumentos de defensa durante el procedimiento legislativo.
Una vez concluida su intervención y tras ofrecer una breve declaración a la prensa, el alcalde abordó una camioneta y se retiró del lugar, mientras la investigación continúa bajo la conducción de la Fiscalía General del Estado.
Un informe de la organización señala que la impunidad y la presunta colusión entre autoridades, empresas y grupos criminales permitieron la continuidad de la violencia contra comunicadores.
En este año van 79 incendios, cifra equivalente a la mitad de los 172 incendios forestales que afectaron a seis mil 778.92 hectáreas de bosque.
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Escrito por Francisco De Luna
Reportero