En los últimos meses ha arreciado una guerra sucia contra el Movimiento Antorchista, con diferentes acusaciones; prácticamente no pasa un día sin que pasquineros de toda laya y blogs anónimos nos ataquen. Un detonante reciente fue la publicación del diario La Jornada el pasado 21 de septiembre de una nota sensacionalista; ahí se nos acusaba de invadir el predio de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ), ubicado en Río Frío, municipio de Ixtapaluca y administrado por la Universidad Autónoma Chapingo. Su fuente: misteriosos denunciantes jamás identificados; era un simple anónimo, dado por válido y publicado en amplio espacio. Hemos desmentido estas calumnias con razones que cualquier persona desprejuiciada y mentalmente sana habría entendido y admitido fácilmente.

Pero la campaña contra Antorcha no se basa en razones: las desprecia. Contrariamente, obedece a un metódico plan de desprestigio y aislamiento basado en infundios. Veamos. Primero, como ilustración del ataque antedicho, La Jornada publicó una fotografía donde exhibe a los invasores, con el siguiente pie de foto: “Ejidatarios que ocupan los terrenos de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, perteneciente a la Universidad Autónoma de Chapingo, ubicada en el municipio de Ixtapaluca, estado de México. Foto ‘La Jornada” (Transcripción literal). En la imagen destaca claramente un sujeto, conocido político local de Ixtapaluca: Armando Corona Arvizu, dirigiéndose a las personas que le rodean. Luego entonces, La Jornada dixit: el verdadero cabecilla de la invasión es ese señor. Corona Arvizu pertenece a una conocidísima dinastía política de Ixtapaluca: hijo de un expresidente municipal homónimo, sobrino del alcalde actual y hoy diputado federal del partido Morena, por el distrito 12 del Estado de México.

Segundo, Antorcha envió una nota aclaratoria al diario, mostrando la fotografía y deslindándose del ilícito, y difundimos ampliamente el texto en redes sociales. Por si faltara, el 25 de septiembre, más de 300 antorchistas vecinos de Ixtapaluca se presentaron como testigos ante las instalaciones de La Jornada para desmentir la acusación; aunque limitadamente, el periódico publicó nuestra respuesta. De nada valió. Los atacantes insisten en su infamia en pasquines y sitios digitales de sospechosa procedencia (que por su lenguaje dejan ver la misma mano que mece la cuna), como si estuvieran ciegos o sordos y no hubieran leído ni escuchado nuestra respuesta. Tampoco se dieron por enterados del derecho de réplica que nos concedió el Instituto Mexicano de la Radio, que transmitió en extenso nuestra respuesta aclaratoria el día 1 de octubre a las 9:00 horas.

Tercero, la evidencia de nuestra argumentación se ha ido acumulando. El 5 de octubre, el director de la División de Ciencias Forestales (DICIFO), de la UACh, rindió un informe histórico circunstanciado de lo que realmente ocurre en Zoquiapan; ahí responsabilizó de los hechos al ejido de Río Frío. El informe puede verse en la sesión del HCU de la fecha mencionada (las sesiones se transmiten por la red al público abierto). En ningún momento el reporte oficial de la DICIFO ante el máximo órgano colegiado menciona a Antorcha como invasora del predio.

Más todavía. Destacó el director que el reclamo de los ejidatarios de Río Frío sobre Zoquiapan data del año 1972. Esto es importante por ser la versión oficial exhaustivamente documentada, que ubica el origen del reclamo agrario ¡antes de que Antorcha naciera! (en 1974). Quienes acusan a Antorcha hasta de las erupciones del Popocatépetl o del deshielo de los glaciares afirman que, aún sin haber nacido, instigábamos ya ese conflicto agrario contra Chapingo. Si no supiéramos que nuestros acusadores son políticos perversos, podríamos creer que han escapado de un manicomio.

Cuarto, el día 29 de septiembre la asamblea general de profesores y estudiantes de la DICIFO acordó llevar el caso de Zoquiapan a la Presidencia de la República y acordó también los términos de su denuncia. El jueves 15 de octubre, una comisión representativa de alumnos, el sector académico directamente afectado, se presentó en Palacio Nacional para demandar atención y solución al conflicto. Y es de destacar que los estudiantes se circunscribieron a exponer su reclamo sin involucrar para nada a Antorcha. Quedó así de manifiesto que quienes nos atacan son grupos políticos ambiciosos de poder, no los estudiantes reales, conocedores, ellos sí, del problema y auténticamente interesados en su solución.

Quinto, en su reunión del 5 de octubre, el H. Consejo Universitario de Chapingo acordó publicar un pronunciamiento (es decir, la versión oficial de la Universidad). Y algo muy elocuente: el acuerdo fue tomado por unanimidad de votos. Al igual que el informe del director de DICIFO y los estudiantes en Palacio Nacional, en ningún momento alude a una supuesta invasión por parte de Antorcha. En algunos de sus párrafos, el escrito del HCU dice textualmente: “En cumplimiento del ACUERDO No 1285-6 del H. Consejo Universitario, aprobado por unanimidad, en un ejercicio que refleja la pluralidad de pensamientos, la Universidad Autónoma Chapingo:

[…] SE PRONUNCIA EN CONTRA del bloqueo que impide el acceso a todos los integrantes de la Comunidad Universitaria a la EFEZ y afecta al desarrollo de las funciones sustantivas, así como de la difusión de información falsa o tergiversada que desvirtúe los hechos, genere confusión en la Comunidad y obstaculice una solución sustentada en la legalidad.

ASIMISMO, SE PRONUNCIA EN CONTRA DE toda versión que, al politizar o desvirtuar los hechos, responda a intereses ajenos a la institución. Precisa que no le corresponde juzgar ni determinar responsabilidades, función reservada a las autoridades jurisdiccionales y demás instancias competentes, según el ámbito de sus atribuciones. EN ESE SENTIDO, rechaza la intervención de actores ajenos a los cauces institucionales que pretenden erigirse en gestores del conflicto o utilizarlo como instrumento de confrontación y ataque político”.

El comunicado oficial fue retomado el 16 de octubre por La Jornada misma. Por su parte, La Crónica publicó: “El órgano colegiado (el HCU) también rechazó la difusión de información que calificó como falsa o tergiversada, al considerar que puede generar confusión entre la comunidad universitaria y dificultar una solución por la vía legal. Asimismo, se manifestó en contra de la politización del conflicto y de la intervención de actores ajenos a los cauces institucionales que busquen asumir su gestión o utilizarlo para la confrontación política”. En ninguna parte aparece Antorcha.

Y después de tantas aclaraciones nuestras, y frente a una abrumadora evidencia contra su dicho, ¿qué pretenden quienes insisten en el delirio de culparnos? La respuesta es obvia: tan irracional empecinamiento busca desprestigiar a Antorcha, cargarle culpas, en estos días en que está en proceso la elección de rector en Chapingo; es una sucia patraña para crear una mala imagen de nuestro movimiento. El ataque tiene, pues, un evidentísimo trasfondo electoral. Son las añejas mafias de poder, políticos antediluvianos muy conocidos que han controlado Chapingo por décadas y hoy buscan volver por sus fueros.

A esto se añade que en unos meses habrá elecciones en el Estado de México: municipales, al Congreso local y de diputados federales, obvio preámbulo a las de gobernador dentro de tres años. En este contexto, poderosos intereses en la entidad buscan desacreditar a Antorcha. Finalmente, y en estrecha conexión con lo anterior, la terca acusación busca encubrir a los verdaderos depredadores de Chapingo: a los políticos de Morena debidamente identificados por La Jornada. Es la clásica fórmula: ¡al ladrón, al ladrón!

Y como decimos al principio, si después de tantas y tan conocidas aclaraciones nuestras, y ante el cúmulo de evidencias que desmienten su dicho, los emboscados persecutores de Antorcha se empecinan en acusarnos, ello demuestra dos cosas: primero, que son totalmente irracionales, y segundo, que atacan por consigna y son movidos por intereses ocultos. No los mueve la buena fe.

Hago un llamado a la opinión pública y a la Comunidad Universitaria para que no se dejen engañar por estas acusaciones y distingan el verdadero propósito que las anima. Como organización, sumamos nuestra voz exigiendo que las autoridades competentes investiguen a fondo los hechos, determinen responsabilidades y apliquen la ley con todo el rigor necesario a quienes resulten culpables de algún delito cometido en relación con el predio Zoquiapan. Seguiremos informando y respondiendo a las injurias. Que no quepa duda.