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El presidente López Obrador y su partido Morena utilizan el argumento mediático del fraude electoral cada que les es conveniente; y atacan y pretenden desaparecer al INE porque según ellos ha sido cómplice de tranzas electorales de los viejos partidos, aunque ellos hayan ganado la Presidencia de la República y las gubernaturas que hoy tienen con ese mismo INE, al que califican de corrupto. El caso es que tal discurso de la violación de la ley electoral por los de antes, contrasta mucho con el actuar de Morena y el presidente hoy que son gobierno, pues lo que vemos de su parte es una conducta reiterada de violación flagrante, incluso desafiante, de la ley y las instituciones de nuestro país.
Hoy volvemos a comentarlo porque, sin duda, ya no hay pudor alguno por parte de los supuestos “transformadores”, para hacer lo que les viene en gana con el Estado de Derecho, en este caso, con las leyes electorales. Lo afirmamos así por el evento organizado por Morena el domingo 12 de junio en Toluca, Estado de México, que se trató, sin duda, de un evento de campaña en toda forma aunque afirmen lo contrario: se exhibieron y promocionaron los tres contendientes morenistas a candidatos para la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, dos años antes de que se elija al presidente de la república, en 2024; propaganda en favor de la Jefa de Gobierno Sheinbaum; carros con anuncios y espectaculares en favor del Secretario de Gobernación; gente ataviada con gorras y playeras apoyando al Canciller Ebrard; cientos de camiones llegaron al lugar con gente proveniente de diversos estados de la República, etc. Un derroche completo de recursos económicos para promoción partidista y personal.
Tal evento y las conductas morenistas son cuestionables porque pueden constituir actos anticipados de campaña, ya que de la Ley Electoral y su interpretación se desprende que estos se configuran cuando se realicen actos o conductas por los partidos políticos o aspirantes (como los presidenciales), antes del inicio formal de las campañas (que están lejos de comenzar); para solicitar cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral, en particular, cuando se usan expresiones de diversa índole para posicionar a alguien con el fin de que obtenga una candidatura (en este caso, a la Presidencia de la República), y que tales expresiones sean de conocimiento de la ciudadanía (como ocurrió).
Además de esto, en lugar de dedicarse a gobernar y cumplir con las funciones que les corresponden, los tres aspirantes a candidatos presidenciales de Morena, los gobernadores y demás funcionarios públicos morenistas, violan la ley también porque, de la interpretación del artículo 134 constitucional se desprende que, al ser servidores públicos en funciones, cuya labor es continua, sólo pueden participar en este tipo de actos, en días marcados por la ley como inhábiles. El evento morenista del que hablamos fue el 12 de junio pasado, que no es inhábil y por ello, no sería legal su participación. Esta prohibición no se puede evadir, aunque se les descuente de su salario los días no laborados a los funcionarios. Por ello, merecen ser sancionados.
Con todo ello, en el desmedido afán de posicionar a su partido y a sus aspirantes para 2024, es evidente que Morena viola flagrantemente la ley y la igualdad de condiciones que el sistema democrático mexicano debe garantizar a todas las personas que contienden a un cargo de elección popular. Ahora bien ¿De dónde sacan dinero para hacer estos eventos? ¿Quién paga las pantallas y los espectaculares? ¿Quién los camiones? ¿Quién las notas de prensa? ¿Quién el sonido y el templete? ¿Quién las gorras y las camisas? No lo sabemos, pero no creemos que sea del bolsillo de los aspirantes, falsos partidarios de la “austeridad republicana” y que ganan menos que el presidente, sino que sale de nuestros impuestos.
No hay nada nuevo bajo el sol. Los morenistas están haciendo todo aquello que en otro tiempo criticaron: usar recursos públicos para promocionar su imagen; hacer actos anticipados de campaña y todo tipo de trampas electoreras; hacer uso del poder para enriquecerse y vivir a expensas de los mexicanos; mientras la pobreza, la inflación, la violencia, la inseguridad y otros males crecen en el país. Señores morenistas: pónganse a gobernar.
Me cuento entre los interesados por saber cómo ven al país las personalidades que se piensan con capacidades para dirigir el destino de casi 130 millones de seres humanos y qué creen que deba hacerse para mejorar la situación de todos los mexicanos.
En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los homicidios dolosos se han incrementado de manera constante hasta llegar a más de 138 mil asesinatos a nivel nacional.
Los datos que daré a continuación evidencian el desinterés del Gobierno Federal y el local de la CDMX, cuya Jefa de Gobierno, por cierto, realizaba un evento de precampaña electorera en Michoacán mientras en la Línea 3 del Metro chocaban dos trenes.
Según López Obrador, los estudiantes asesinados en Celaya el pasado 3 de diciembre, “fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso, pasaron para adquirir droga y ahí los asesinaron”.
Entre los mandatos en “línea” que la maestra Delfina recibió durante su gestión como alcaldesa de Texcoco, estuvo la orden que hoy la exhibe como una funcionaria sin voluntad política propia: cobrar 10% del sueldo de los trabajadores.
Está sucediendo justo lo que advirtió el FMI en 2020: las obras y los programas sociales de López Obrador están gravitando sobre el presupuesto nacional, obligando a recortar programas que afectan a las clases populares.
Lo ocurrido en el Estadio Corregidora en Querétaro, indica el grado de descomposición social y violencia física que prevalecen en el país, alentados a diario desde las conferencias matutinas de Palacio Nacional.
El fotoperiodista tijuanense Margarito Martínez es uno de los comunicadores asesinados por la negligencia gubernamental; había solicitado protección del MPP, sin embargo, éste aún no era instalado en Tijuana por el gobierno morenista de Marina del Pilar.
Los programas sociales “del Bienestar” de la 4T carecen de transparencia en su operación ni reducen la pobreza, al contrario, ésta ha aumentado debido a que las familias no tienen acceso a la salud, alimentación ni educación.
Plantearon al Congreso la modificación del artículo 150 de la Constitución hidalguense, para aplicar juicio al gobernador.
“No hubo buena planeación de las autoridades federales”, en incluso comentó que, como gobierno estatal, “queremos trabajar en equipo”.
* Es la respuesta torpe y brutal del gobernador Barbosa al reclamo de respeto a la democracia en Puebla: vocero nacional.
Ricardo Monreal, senador de la República detalló que, la reforma al Poder Judicial es prioridad.
La consulta de revocación de Mandato fue solo un show mediático, como ya quedó evidenciado con su fracaso, un distractor muy al estilo morenista y un caprichito que costó al erario más de mil 700 mdp.
La Sedena mantiene retenidos los contratos de adquisición de Pegasus a pesar de que el INAI le ordenó entregar los datos solicitados vía transparencia desde abril 2023.
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.