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Ciudad de México. Autoridades capitalinas siguen dejando en la impunidad a las casi 18 mil carpetas de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ante su posible colusión con grupos delincuenciales dedicados a despojar a familias de su patrimonio por no contar con los recursos económicos y legales para recuperarlos. Cabe destacar que, por ello, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar en el delito de despojo inmobiliario.
De 2016 a 2021, datos vía transparencia, arrojan un total de 17 mil 866 carpetas de investigación abiertas por la FGJCDMX, de las cuales, a mil 902 les han dado carpetazo por la posible corrupción de las autoridades a la hora de hacer justicia y por tener nexos con funcionarios públicos, ya que el despojo inmobiliario se vuelve un negocio altamente rentable bajo protección del gobierno de la CDMX.
En el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno, el número de carpetas abiertas por este delito (enero-octubre) fue de 3 mil 411, mientras que en todo 2020 las denuncias se dispararon a 3 mil 945; o sea, un promedio de 10.8 carpetas de investigación nuevas por día.
Y, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2021 la capital nuevamente superó los registros en comparación con el mismo periodo de 2020 al pasar de 3 mil 220 denuncias a 3 mil 757.
Hasta el momento, en los tres años de gobierno de la 4T en la CDMX, Sheinbaum acumula más de 11 mil 113 denuncias impunes, contrario a sus explicaciones al asegurar que “no hay impunidad” y que “ha devuelto cientos de patrimonios a familias” desde la llegada de su administración.
Las alcaldías que concentran el mayor número de denuncias son Iztapalapa, Cuauhtémoc, Tlalpan y Gustavo A. Madero. Asimismo, las cifras de Claudia Sheinbaum superan a las de su antecesor, Miguel Ángel Mancera.
Las promesas y los hechos
A pesar de las promesas de la Jefa de Gobierno con el supuesto “esquema” de la Fiscalía para la recuperación de los inmuebles, este sigue siendo un calvario para todas las víctimas porque los litigios pueden ser muy tardados (de 3 a 8 años) y altamente costosos.
Testimonios de inmuebles invadidos como el edificio Belisario Domínguez 43 en el centro histórico de la CDMX, relatan que siempre hubo negativa del gobierno capitalino para atenderlos; al mismo tiempo, denunciaron que los invasores, entre ellos un expolicía, estaban protegidos por la excandidata a la alcaldía Cuauhtémoc por Morena Dolores Padierna y de su esposo, René Bejarano. Ambos cercanos a la Jefa de Gobierno.
En otras denuncias, esas mismas viviendas invadidas son vendidas hasta en 250 mil pesos gracias a que consiguen la documentación legal que los acredita como los legítimos dueños de los inmuebles, algo no tan fácil para un ciudadano común ante las dependencias gubernamentales que tarda años en obtener su título de propiedad.
A pesar de tener conocimiento de ello la FGJCDMX, las investigaciones siguen pendientes.
Despojan a estudiantes
En 2018 un grupo de estudiantes de la UNAM, UAM y el IPN que mantenían bajo préstamo una casa que usaban como albergue para jóvenes de escasos recursos, ubicada en la calle borrego 390, colonia Reforma Iztaccíhuhuatl, en la alcaldía Iztacalco, y cuyo dueño es Rodolfo de la Cruz Meléndez, fueron despojados arbitrariamente del inmueble por un grupo de personas cuando regresaban de su periodo vacacional de fin de año.
Ante las amenazas de Javier “N” y Laura “N” de agredir físicamente a los estudiantes que pedían que se les devolviera su albergue, el afectado realizó formalmente la denuncia por el delito de despojo en mayo de 2019, según constata la carpeta de investigación (CI-FEDAPUR/A/UI-C/D00461/05-2019).
En su contenido se presenta la Escritura Pública a nombre de Rodolfo de la Cruz Meléndez, el Informe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la CDMX, un dictamen pericial en materia de cerrajería e informes del INE que demuestran la falsificación de las credenciales de elector con la que se presentaron los invasores ante el Ministerio Público.
Los invasores también fabricaron pruebas con documentos apócrifos y un supuesto contrato que cede el inmueble a Javier “N” de su dueño legítimo para posteriormente “venderlo” a Laura “N” con un contrato privado, pero que gracias a un dictamen pericial de documentoscopía y grafoscopía de la misma FGJCDMX demuestra que las firmas y documentos son falsos.
Han pasado 3 años y Laura “N” sigue ocupando ilegalmente la casa, según pudo constatar buzos en un recorrido, donde a simple vista se observa un letrero que dice: “esta propiedad está protegida por El Barzón”.
De la Cruz Meléndez declaró en entrevista que “si ‘El Barzón’ realmente es un movimiento social y protege a la gente, este no debe proteger o patrocinar a delincuentes que invaden casas, mucho menos cuando priva de una casa segura a jóvenes que solo vienen a la ciudad a estudiar”.
De la misma manera, cuestionó que la justicia solo se aplique para unos cuantos “cuando el Ministerio Público tiene facultades a través del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales para asegurar bienes inmuebles y regresárselo a su dueño cuando las autoridades judiciales lo determinen”.
Recuperan viviendas… pero solo en donde gobierna Morena
El número de viviendas recuperadas en lo que va de la administración de Sheinbaum sigue siendo muy pequeño, pero estratégico. Mientras la Fiscalía recuperó 32 departamentos en la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto, en Iztapalapa, donde gobierna la morenista Clara Brugada, en las alcaldías de oposición siguen a la deriva, con familias en la calle.
Otro caso ocurrió en un predio en la Colonia Conjunto Habitacional Presidente Benito Juárez, en la misma alcaldía, donde las autoridades actuaron de manera rápida, sin embargo, como en el caso de Rodolfo de la Cruz, las autoridades hacen caso omiso.
En la Cámara de Diputados, el partido oficial tendrá entre 346 y 380 posiciones, que rebasan con mucho los 334 votos requeridos para la mayoría calificada.
El gobierno de la 4T entró al 2023 con el pie "izquierdo" debido a dos sucesos: el "culiacanazo" del 5 de enero y el choque de dos trenes el 7 de enero.
Debido a que sus ingresos se han visto mermados, docentes miembros de la CNTE exigieron, entre otras demandas, un aumento salarial urgente y pensiones dignas.
“Que se investigue a Andrés Manuel López Beltrán, Andy, González López Beltrán, Bobby, Pedro Salazar Beltrán, Osterlin Salazar Beltrán y a Amilcar Olán Aparicio”, señaló Xóchitl Gálvez.
El Hospital General del IMSS, SLP, carece de equipo y especialistas que atiendan a derechohabientes de los 20 municipios de la Huasteca Potosina, incluidos sus vecinos de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas.
Las cosechas de algodón de la región, en Coahuila, han sido olvidadas; este año, los 3,500 campesinos de San Pedro de las Colonias disminuyeron su cultivo en más de 50% respecto al número de hectáreas destinadas en 2020.
Entre sus demandas está la construcción de un laboratorio de física y química y un camión para viaje de estudios, entre otras. Sin embargo, a dos años de las peticiones, no se han resuelto.
Ante el problema de la inseguridad y de la participación de los grupos criminales en las elecciones, el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, urgió al Gobierno Federal emitir un “Atlas de Riesgo”.
No hay duda, por último, de que cuando AMLO habla de moral, lo hace invocando la moral burguesa, la del poder político, la que controla la economía y las leyes, y no la moral humanitaria de las clases trabajadoras del pueblo mexicano.
Está sucediendo justo lo que advirtió el FMI en 2020: las obras y los programas sociales de López Obrador están gravitando sobre el presupuesto nacional, obligando a recortar programas que afectan a las clases populares.
El juez vinculó a proceso a Huerta por el citado delito, el cual es sancionado con 6 a 17 años de prisión, de acuerdo con el artículo 175 del Código Penal de la Ciudad de México.
De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud, hasta este miércoles, sumaron 48 mil 627 nuevos contagios y 532 defunciones.
"En consecuencia, es obligación del gobierno del estado hacer respetar la ley y mantener la paz y la seguridad de los ciudadanos pacíficos".
Denunció que fue expulsada de esa Comisión.
El Gobierno Federal está dispuesto a prescindir de los servicios educativos de una institución que forma antropólogos, historiadores, lingüistas y arqueólogos del más alto nivel dedicados a resguardar y estudiar el patrimonio cultural mexicano.
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Escrito por Pedro Márquez
Estudiante en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. | X: @PedroMrquez_