El estilo del gobierno morenista que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se basa en la calumnia, en las mentiras y en la represión. Se trata de un gobierno que va derecho a la dictadura y éstas son las expresiones de carácter dictatorial que los antorchistas advertirnos en esta administración. El inicio de los ataques de AMLO contra nuestro movimiento se dio en su “gira de agradecimiento”, cuando nos bautizó como la “Antorcha mundial” y falsamente nos acusó de ser “intermediarios” de dinero público o estatal que entregábamos a discreción a la gente, sin respeto a reglas de operación e insinuando que nos quedábamos con él.

Las menciones calumniosas del presidente López Obrador en contra nuestra (más de 90) se acabaron hasta que decidimos acompañarle en todos sus eventos en provincia y en la Ciudad de México para exigirle respeto a nuestra organización. Como resultado de esta exigencia, el Presidente no tuvo más remedio que dejar de mencionarnos. Así estaban las cosas hasta que nuevamente se le ocurrió a él o a su equipo mediático que había que atacar a los antorchistas, pero ahora acusándonos falsamente de ser huachicoleros y de tener gasolineras, como si en un régimen de producción capitalista tener un negocio legal pudiera considerarse ilícito solo porque al Presidente o a sus asesores se les ocurre que así debe ser.

Se utilizaron plataformas como la de Televisa a través del programa de Denise Maerker y Punto de Partida para que mediante el uso de un lenguaje sensacionalista se generara la impresión de que el esfuerzo colectivo que durante 46 años ha realizado el Movimiento Antorchista para crear una estructura económica novedosa y legal dentro de los movimientos sociales de izquierda del mundo fuera vista como ilegal solo porque sus ganancias no se destinan a viajes en jets privados a Las Vegas o a hospitales de Houston, sino a la lucha revolucionaria. Es decir, en la economía de libre mercado del México actual es visto como delito que los mexicanos se asocien de manera lícita para formar un capital, que lo inviertan en negocios y que sus ganancias sean usadas de manera libre, pese a que en el Artículo 16º de la Constitución se dice que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo”.

Pero para el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) estas actividades lícitas son corrupción y un delito solo porque están en manos de un grupo de mexicanos que tiene la virtud de no deberle al gobierno su financiamiento y porque dispone de una estructura económica propia que, por lo mismo, le da libertad política independiente. Es por ello que nos han calumniado y acusado de huachicoleros, congelando cuentas a personas físicas y morales por mandato de Santiago Nieto, violando flagrantemente la Constitución.

Estas calumnias y amenazas se hicieron para manipular a la opinión pública y atacar con fines electorales a nuestros dirigentes políticos de Chimalhuacán e Ixtapaluca, a fin de favorecer a los morenistas en los comicios de junio en los que, además, los programas sociales del Gobierno Federal y la compra de votos operaron tramposamente para definir los resultados. Esta truculenta campaña se propuso, asimismo, señalar como corrupto al presidente antorchista de Chimalhuacán, quien logró convertir este municipio en una entidad ciudadana moderna que hace dos décadas era prácticamente un basurero.

Los ataques del gobierno de la 4T son sistemáticos y tienen como objetivo lo mismo desaparecer instituciones que enemigos políticos, como se vio en el caso reciente del excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, a quien AMLO ve como serio rival de su partido en la elección de 2024. Ahora, después de que por algún tiempo López Obrador guardó silencio con respecto nuestra organización, la semana anterior volvió a la cargada con más mentiras: “Cuando yo hablo de corrupción, es porque tengo pruebas, imagínense cuánto entregaba la Secretaría de Agricultura a organizaciones como Antorcha Campesina; era rehén la Secretaría de Agricultura, como otras dependencias; cuánto entregaban a distintas organizaciones supuestamente independientes para apoyar a productores. Había una gran intermediación: miles de millones de pesos entregados a las organizaciones para que supuestamente las organizaciones entregaran esos apoyos a los productores, pues no llegaban los apoyos, o no llegaban completos, había moches; entonces, ahora todo es directo al productor”.

En estas frases del Presidente para denunciar supuestos actos de corrupción no hay una sola prueba a la vista, ni mucho menos una demanda judicial. ¿Qué le cuesta al Presidente mostrar las pruebas que dice tener? No es que no quiera hacerlo, no las exhibe porque no las tiene. Por ello digo categóricamente que el Presidente miente al acusar a Antorcha Campesina, porque ésta no ha recibido nunca recursos de manera directa; porque ninguna dependencia ha sido rehén de Antorcha Campesina; y tampoco es cierto que Antorcha Campesina se haya quedado con recursos públicos, como pretende hacer creer a todos esta nueva cargada mediática en contra del Movimiento Antorchista.

Esto nos advierte de una nueva serie de ataques contra Antorcha desde la Presidencia de la República, campaña que se traducirá en otra escalada de persecución política del gobierno en nuestra contra. Pues bien, llamo a los antorchistas a que, si siguen los ataques y las calumnias contra nuestro movimiento, hagamos uso de nuestros derechos para evitar que en México la calumnia, la represión y la mentira se instituyan como un modelo dictatorial de gobernar. Si el Presidente nos sigue atacando, los antorchistas nos defenderemos dentro de la ley protestando en cada evento en que nos calumnie, en uso de nuestro derecho legítimo a la defensa.